Ciudad de México.- El nuevo recurso que se pretende instrumentar para la revocación de mandato (10 de abril de 2022), tiene mal pronóstico, pues claramente se postula como una vía para un destino distinto: la ratificación del mandato. Es también un derroche porque nadie plantea la posibilidad efectiva de separar al presidente de la República de su encargo, antes de que el plazo de los seis años se cumpla.
Así lo explicó en entrevista exclusiva para Siete24.mx, el maestro José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
Mtro.José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
Los datos duros señalan que, ciertamente, existen sectores críticos a la labor presidencial como no lo puede dejar de haber en un régimen democrático, pero que esos mismos inconformes verían con preocupación una interrupción del mandato del Jefe del Ejecutivo, y que no la pretenden.
La Revocación de Mandato ¿será positivo para los mexicanos? el Mtro. José Perdomo Galicia especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, nos explica. https://t.co/Tg7c12KmY8 a través de @FacebookWatch
Resulta un alto costo económico para los mexicanos.
El costo por esta acción de acuerdo con los datos del propio Instituto Nacional Electoral (INE), se estima en más 3 mil millones de pesos, de modo que, de llevarse a cabo, se tendría un costo acumulado de 3.5 mil millones de pesos que resultaría de la suma de ambos ejercicios.
Perdomo García, expresó que el gasto previsto implica desplazamientos presupuestales de recursos que se podrían orientar a otras materias urgentes, como regularmente ocurre en las asignaciones presupuestales.
“El gasto erogado por este ejercicio es prácticamente imposible justificar en este momento el anteponer gastos a las necesidades que se tienen en el ramo de salud, en el campo e incluso en el apoyo a las comunidades por los desastres naturales”, expreso el maestro de La Salle.
Añadió que la calificación de absurda, en cuanto a la realización de esta nueva práctica de democracia directa no está en entredicho; lo es porque no habrá de aportar nada nuevo al país, al régimen político, a la vida democrática y, por el contrario, corre el riesgo de vulgarizar y desprestigiar una medida que puede ser de gran utilidad en otras circunstancias.
Todo indica que nuestra inmersión en los instrumentos de la democracia participativa se está dando por una puerta equívoca, advirtió.
Parece no estar en duda el juicio sobre que específicamente tales consultas son inútiles, en el entendido que la primera de ellas ya lo fue; la segunda que se pretende realizar sobre la revocación de mandato corre el riesgo de tener el mismo fin, pues aun cuando se diera la participación requerida para hacer vinculantes sus resultados, su efecto no resolverá problema alguno, ni responderá a un cuestionamiento existente.
En su caso, será una falsa solución a un falso problema.
Sin duda que la democracia participativa y las consultas ciudadanas son convenientes, pero a condición de que sean debidamente orientadas, que dispongan de objetivos claramente justificados, que se practiquen en condiciones de un debate suficiente y de una normatividad madura, requisitos que lucen ausentes en este momento.
La racionalidad del gasto demanda resolver de forma adecuada preguntas fundamentales: en qué se gasta, cómo se gasta, para qué se gasta, qué resultados se esperan y de qué manera contribuirán éstos al desarrollo del país, y qué tanto lo harán respecto de otras alternativas. Pretender gastar con austeridad de poco sirve si, por otra parte, se derrocha, se despilfarra, se extravía el objeto y la razón del gasto.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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