Esta semana, no sólo Ricardo Anaya confirmó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de la Secretaría de Gobernación, dedica tiempo, esfuerzos, recursos y agentes en darle seguimiento a actores políticos que -en principio- no son potenciales criminales, fugitivos o terroristas; el propio obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reafirmó que -tras las muertes violentas de dos sacerdotes en su diócesis y la denuncia de la violencia- las autoridades del Palacio de Cobián le exigieron dejar de hablar en público sobre los crímenes en Guerrero.
“Me mandaron callar”, dice Rangel Mendoza al teléfono y explica que, tras rechazar el intento de criminalizar a los sacerdotes asesinados Germaín Muñíz e Iván Añorve por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la propia Secretaría de Gobernación le pidió no volver a hacer declaraciones sobre aquellos crímenes ni los que también provocaron el cierre del Colegio Morelos, en Chilapa, dejando sin clases a 700 alumnos.
Hasta donde se sabe, el gobernador Héctor Astudillo tiene planeado reunirse personalmente con los obispos Rangel Mendoza y Leopoldo González, de Acapulco, para adelantarles resultados de las investigaciones del asesinato de sus ministros religiosos. Sin embargo, Rangel Mendoza advierte que, de antemano, no permitirá que se criminalice a los sacerdotes: “De ninguna manera voy a permitir que se victimice aún más a los padres, ni que resuelvan que su muerte fue debido a su imprudencia”. Hay que recordar que los sacerdotes acudieron a una fiesta y a su regreso, sobre la carretera Taxco-Iguala fueron ultimados, al parecer, sólo por rebasar un automóvil.
Para el obispo, el papel de las autoridades es claro y conciso: “Es responsabilidad del estado el velar por nuestra seguridad, hacer seguros en los caminos. Por ello, he rechazado lo que dijo la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo”.
La fiscalía, dirigida por Olea Peláez, aventuró que los asesinatos de los sacerdotes se debían a presuntos vínculos de éstos con el crimen organizado y, como prueba, divulgó fotografías de uno de los ministros flanqueado por hombres armados.
Ahora, tal como afirmó Rangel Mendoza en una celebración en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, las autoridades parecen tener más interés en acallar al obispo que en resolver el crimen: “Incluso con mucha prudencia yo se los digo: ellos ya me denunciaron ante Gobernación. Y yo hablé con los de Gobernación y les dije que como obispo no podía permitir esta humillación y esta desgracia de nuestros sacerdotes. [Les dije] que, como obispo, yo tenía la obligación de defender a nuestros sacerdotes, a nuestros seminaristas, a nuestras religiosas y religiosos, y a todos ustedes. Creo que, como Iglesia, tenemos que levantar la voz y no permitir estos atropellos”.
Dos casos en una semana que provocan muchas inquietudes sobre el papel de la Secretaría de Gobernación en un país al que no pocos actores llaman “Estado fallido”: Un espionaje velado a la oposición y una solicitud de acallar la voz de hombres libres no son casos anecdóticos, obligan a reflexionar -tal como lo han hecho varios obispos mexicano- sobre en manos de quién realmente está la ciudadanía.
Mendoza Rangel, el obispo de extracción franciscana que hoy por hoy apacienta a las ovejas en tierra de lobos, afirma que, aunque Gobernación lo ha mandado callar, él seguirá ejerciendo su responsabilidad de denunciar las injusticias y advierte: “A ver quién aguanta más, si ellos o yo”.
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Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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