Si Morena quisiera realizar su Congreso Nacional Ordinario el próximo 20 de noviembre y renovar a los integrantes de sus órganos de dirección en todos los niveles, la convocatoria a este proceso tendría que salir el 20 de agosto.

Tres meses antes del Congreso de acuerdo al artículo 34 del Estatuto, podrán participar todos aquellos que se encuentren en el registro de afiliados del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, al menos con treinta días previos a la realización de los Congresos Distritales. Hasta aquí el marco legal interno.

Está además la resolución del Tribunal Electoral, como máxima autoridad en la materia, que, al resolver la designación de los actuales Presidente y Secretaria General del CEN, ordena al partido que una vez concluido el proceso electoral constitucional de junio pasado, Morena está en la obligación de renovar a sus dirigentes, previa actualización de su padrón de afiliados. O sea, ya.

Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Para efectos prácticos, el padrón de Morena se quedó congelado en el 2014. Los cientos de miles de ciudadanos que manifestaron su decisión de pertenecer al movimiento y que realizaron el trámite de afiliación no fueron reportados al INE, como obliga a todos los Institutos políticos la Ley General de Partidos.

El responsable de esta grave omisión fue el entonces secretario de Organización, Gabriel García, quien dejó el cargo en agosto de 2018.

Sumidos en una crisis

Desde entonces Morena se sumió en una crisis institucional que no ha podido superar, conflictos internos entre los grupos existentes imposibilitaron la constitución de un acuerdo que permitiera transitar a la elección democrática de sus dirigentes en 2019.

El TEPJF anuló las asambleas realizadas en octubre de ese año y la crisis se profundizó. El nombramiento de una dirección interina por el Consejo Nacional a principios del 2020, tampoco resolvió el asunto. Seguramente porque esos dirigentes no entendieron que su labor era generar las condiciones para la renovación estatutaria de los órganos y sucumbieron a la tentación de quedarse más tiempo, para definir las candidaturas del proceso electoral del 2021.

La decisión de varios integrantes de Morena de judicializar la vida interna del partido, le abrió la puerta al TEPJF para meterse hasta la cocina, y de manera ilegal y prepotente, poner en manos del INE la organización del proceso para definir la presidencia y la secretaria general.

Este es un momento aberrante sobre el que habrá que recapitular más adelante. El hecho es que fue el Tribunal y nos los miembros del partido, quien decidió que ciudadanos ajenos a Morena pudieran determinar a los dirigentes actuales.

Y estarán uno más, al menos. Es muy difícil explicar que a un partido se le pueda considerar democrático, cuando sus dirigentes electos para estar tres años, se quedan siete.

¿Un partido a espaldas de su militancia?

Es muy difícil explicar que un partido es democrático, cuando la elección de sus candidatos a cargos de elección popular se realiza a espaldas de la militancia y con la exclusión de la misma.

Cómo se puede ser democrático, cuando no se informa a las bases del partido, del uso y destino de cada peso que constituyen sus finanzas. Dinero, por cierto, producto del trabajo de todos los protagonistas del cambio verdadero dedicados a convencer y a sumar a más mexicanos al proyecto de la Cuarta Transformación. Gracias a esa militancia es que se tienen votos y como consecuencia los triunfos y las prerrogativas.

Cómo se puede ser democrático, cuando los espacios para llevar adelante la reflexión y debate sobre la coyuntura, las iniciativas, las políticas, las alianzas, las tomas de postura ante la agenda política, no se reúnen nunca.

El partido movimiento que ganó la presidencia de la República y se constituyó como la principal fuerza política del país, requiere por ese hecho, por sus responsabilidades de gobierno, de una reforma profunda. Para hacerla, debe recuperar también su vida institucional. Y ese pasa por que quienes hoy “dirigen” al partido se comprometan a llevar adelante el proceso de renovación en el menor tiempo posible.

Y la democracia…

Pretextos para posponer este acto fundamental, sobran. En el pasado reciente fue la pandemia, las elecciones de junio, la Consulta Popular, hacia adelante pueden justificar para no convocar, la Revocación de mandato de marzo del 2022, las elecciones de gobernadores de junio, o cualquier hecho que se atraviese. Y así llevársela hasta el infinito. Hasta que se reviente la liga.

Para que que un partido sea democrático, necesita ejercer la democracia. Vivirla, sudarla, defenderla con todo. Para que un partido sea democrático, necesita estar en la calle, en la plaza pública, al lado de la gente que urge apretar el paso para lograr las transformaciones que estaban atrás del voto del 18 y que es la razón de ser del movimiento.

AGUSTIN GUERRERO CASTILLO
@agustingc2012

Morena, el partido/movimiento que sirvió de plataforma y acompañó al hoy presidente Andrés Manuel a ganar la presidencia de la república en el 2018, vive desde entonces en una profunda crisis de identidad, acrecentada por la ruptura en el grupo dirigente que quedó al frente y que tenía la responsabilidad de transitar a la transformación y diseño de un partido en el ejercicio del poder.

Eso no ocurrió. Incapaces de comprender que Morena es parte de un sistema de partidos que establece derechos y obligaciones, la primera de ellas contar con un padrón confiable, que le permita entre otras cosas, llevar adelante de manera estatutaria el proceso de renovación e integración de sus órganos directivos.

En este caos, la opinión de Andrés Manuel expresada en agosto de 2019 para realizar la renovación a través de una encuesta, cayó en terreno pantanoso. El grupo mayoritario nunca estuvo de acuerdo y se dedicó a “patear el bote” y a simular que tomaba medidas para implementarla. En realidad su objetivo fue “ahorcar los tiempos”, buscaban llegar al inicio del año electoral para argumentar que quisieron pero la pandemia no lo permitió y dejar a Alfonso Ramírez Cuéllar al frente del partido para la elección del 2021.

La decisión del Tribunal Electoral, en agosto del 2020, de ordenar al INE que organizará la encuesta abierta para elegir la presidencia y la secretaría general, arrebató al partido toda incidencia en el proceso. Y llevó al presidente López Obrador a comentar “… yo lo veo bien y tiene que haber autocrítica, porque no se pusieron de acuerdo al interior, y además por qué no, desde el principio se aceptó lo de la encuesta”.

El proceso de la encuesta merece una reflexión particular, por ahora solo comentaré que ha sido un ejercicio que ha exhibido su inutilidad para resolver democráticamente la elección de los dirigentes.

El INE emitió la Convocatoria el 10 de septiembre y se iniciaron los actos con el registro de candidatos, sin embargo un día antes de iniciar la “encuesta de reconocimiento” el Tribunal Electoral le ordenó al INE modificarla, condicionando la elección de la secretaría general al resultado en la presidencia. También estableció que habría paridad de género para la segunda fase de la encuesta. Solo participarían 6 candidatos para cada cargo, 3 mujeres y 3 hombres. Es decir, hubo cambio de reglas, cuando ya había iniciado la competencia, lo cual es totalmente ilegal.

Otra joya de lo absurdo e ilegal que ha sido este proceso, consistió en que para la segunda fase se integró una lista no de 6 candidatos a la presidencia como establece Convocatoria, sino de 5: 2 hombres y 3 mujeres. El argumento que dieron fue que hubo un empate múltiple de 6 candidatos en el tercer lugar de hombre y “que incluirlos a todos, llevaría a la distorsión de la encuesta”.

Para la secretaría general también se violó la disposición, ya que fueron 13 en total, 9 mujeres y 4 hombres. Ahí lo que argumentaron es que “al presentarse un múltiple empate en el segundo lugar de las mujeres y en el tercero de los hombres, lo mejor era incluirlos a todos”. El mundo al revés.

El resultado de lo que conocemos tanto de la primera como de la segunda fase, arroja datos que son imposibles de creer. El más extremo es el caso de la compañera Yeidckol Polevnsky, que en dos de tres encuestas levantadas para la presidencia se le coloca en el quinto lugar, debajo de dos compañeras totalmente desconocidas. Y nadie da una explicación.

Un tema del cual no podemos ser omisos, es el gasto de recursos sin mayor límite ni control. Al tratarse de un proceso electivo, tiene el INE la obligación de garantizar que se respeten y cumplan los principios constitucionales de equidad, transparencia y legalidad. No ha sido así. La desproporción en el gasto sin duda ha impactado en las preferencias de la encuesta.

También lo es el hecho de que hay candidatos, que ocupan un cargo de representación popular que no se separaron del mismo, y que constituye por si mismo una violación al Estatuto de Morena y una inequidad en la contienda. En fin, un conjunto de cosas sobre las que hay que tomar nota.

Lo que se está decidiendo no es un asunto menor. Es nada más la dirección del partido político que gobierna al país. A estas alturas nadie puede afirmar que ha sido correcto y que nos ha dotado de una dirección con legalidad y legitimidad

Habrá una tercera encuesta. Así estaba en las reglas, en caso de empate. Quien gane deberá ocuparse de inmediato en reconstruir la confianza interna. No será sencillo, pero sin Unidad todo proyecto está destinado al fracaso.

AGUSTIN GUERRERO CASTILLO
*Político