Opinión
El atentado contra el Poder Judicial
Acabamos de presenciar un momento histórico. En la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó una reforma legal clamorosamente inconstitucional. Esto no es una sorpresa como tal, ya que poco a poco hemos presenciado en silencio y con una pasividad pasmosa, el cambio de norma fundamental en nuestro sistema jurídico.
Lo que queda de la Constitución Política de 1917 no es la máxima de nuestro país. Hoy la norma fundante del sistema político-jurídico mexicano es la voluntad del pueblo sabio. La Constitución, en el mejor de los casos, es modificada a posteriori; en el peor, es completamente ignorada por el legislador que juró defenderla.
Así, a pesar de que nuestra Carta Magna establece que el Presidente de la Corte será electo para un período de cuatro años, y que Arturo Zaldívar Lelo de la Rea fue votado bajo esas premisas, el Senado ha propuesto en un artículo transitorio de una ley (una norma que debiera observar la Constitución) extender su mandato por dos años más.
El Poder Legislativo está decidiendo unilateralmente, sin facultades para ello y en contra de la Constitución, quién debe dirigir al Poder Judicial de la Federación por dos años. El Poder Legislativo acaba de colocar un artefacto explosivo en el recinto que debe velar por la Constitución.
Una lectura inicial y superficial nos podría llevar a acusar al Presidente de la Suprema Corte como copartícipe de esta infamia. Después de todo, es el principal beneficiado, único destinatario visible de la misma. Pero, ¿lo es?
Razones para creerlo no faltan: sus acusaciones generalizadas de corrupción y nepotismo en contra de los juzgadores federales, su desplante hacia los mismos al preparar la reforma judicial (paradójico que él no consultó y ahora parece no fue consultado), sus concursos para que sus colaboradores puedan aspirar a ser Magistrados de Circuito sin pasar por la carrera judicial; podrían considerarse como actitudes egocéntricas, como un desdén hacia el Poder Judicial que representa y como una necesidad patológica de acumulación de poder.
No obstante, el mismo Presidente de la Corte es uno de los constitucionalistas más prominentes del país. Después de todo, su prestigio jurídico es el cimiento de su exitosa carrera como profesional independiente.
Creer que don Arturo participó en esta historia, olvidándose de reformar primero la Constitución, menosprecia, o de menos olvida su formación, su experiencia y su sagacidad. Quien lo involucra en esta maniobra impropia hasta de un estudiante de segundo año de Derecho, insulta al Presidente de la Corte y sus conocimientos jurídicos.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reforma que extiende el mandato del Presidente de la Corte?
¿Será dinamitar al órgano encargado de proteger la Constitución? Si no lo es directamente, al menos cumple con el propósito con una precisión quirúrgica. Veamos.
En primer lugar, la calidad moral y la imagen de la cabeza del Poder Judicial de la Federación queda trastocada. No son pocos los que, llevados por una lectura superficial, lo acusarán de golpista, de cómplice de un sistema político, sin considerar lo escrito líneas arriba.
Los que analicen más detenidamente esperarán que ataque publicamente la reforma y considerarán su silencio como expresión de temor. Los que esperan este pronunciamiento se equivocan. Los jueces sólo deben hablar en un instrumento: la sentencia.
Por mucho que insistan que la Suprema Corte es un órgano político, la realidad es que ES un órgano jurídico, que incide en decisiones políticas, pero siempre y sólo siempre a través de sus sentencias. NUNCA a través de micrófonos y opiniones personales.
Ninguno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia puede ni debe pronunciarse publicamente sobre la constitucionalidad de una norma, por muy evidente que ésta sea. Su silencio no es complicidad ni temor. Su silencio es integridad y coherencia como juzgador constitucional.
Pero en una era en la que lo que importa es la opinión inmediata, la falta de pronunciamiento le restará credibilidad y fortaleza dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación.
En segundo lugar, la reforma naturalmente crea grietas en el Pleno de la Suprema Corte. La ampliación de mandato impacta directamente en las aspiraciones presidenciales de al menos dos de sus integrantes. Ello puede crear suspicacias respecto del destinatario de la misma. No es el que mencionan, sino los que no.
¿Está diseñada para evitar que Ministros críticos al régimen puedan aspirar a presidir la Suprema Corte de Justicia? Ahora, y a reserva de conocer al substituto del Ministro Franco, solamente una Ministra formada dentro del Poder Judicial de la Federación podría ser elegible en diciembre de 2024; el resto de aspirantes a la Presidencia de la Suprema Corte serían lo que la familia judicial llama “externos”.
En nada abona a la unidad si la que hoy es la máxima tribuna del país, señala que sólo el Ministro Saldívar es honesto y confiable. ¿Qué pensarán los Ministros nombrados en los últimos tres años?
En tercer lugar, la reforma sí o sí terminará en una acción de inconstitucionalidad. Quizás éste sea el mayor atentado contra el máximo tribunal.
¿Quién o quiénes se deberán excusar de su conocimiento? ¿Sólo el Presidente de la Suprema Corte? ¿No debieran excusarse también los que abiertamente aspiran a la Presidencia de la Corte y ven afectada su proyección profesional por la misma? ¿Y si se excusan los que aducen una relación personal con cualquiera de ellos?
Más aún, ¿pueden los Ministros conocer de una norma que impacta en la integración del Pleno, que incide en sus facultades y que modifica la decisión que tomaron hace más de dos años?
Si profundizamos en estos temas, no sólo se complica la posibilidad de reunir los ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma… ¡se complica hasta la posibilidad de que pueda ser analizada!
Si la acción se estudia y determina, como debe, la inconstitucionalidad de esta extensión de mandato podría dejar heridas profundas en la relación entre los tres Poderes de la Unión. Podría detonar ataques a la Suprema Corte. Podría reciclar el tema de los salarios de los juzgadores federales (que claramente no era una meta de la austeridad republicana, pues ha quedado en el olvido).
Si la acción se estudia y, por alguna razón, la Suprema Corte no reúne los ocho votos para declarar su inconstitucionalidad, sería un golpe fatal a su papel de garante de la Constitución, de la Justicia y la Democracia que de ella emanan.
Entonces no serían los Poderes de la Unión, sino el pueblo, quien podría exigir un nuevo orden constitucional. Un clamor que podría legitimar un cambio radical al Poder Judicial de la Federación… similar al ocurrido el 31 de diciembre de 1994. Algunas manos se comienzan a frotar de entusiasmo.
Sólo el tiempo nos podrá decir si la aprobación de esta inconstitucional extensión de mandato es un desatino aislado y hasta anecdótico, o si es parte de un plan que haría sonrojar al propio Nicolás Maquiavelo.
EN EL ÁGORA: En medio de esta tormenta, un Ministro está obsesionado con que la Corte resuelva asuntos relacionados con la despenalización del aborto. Más leña al fuego… por si hacía falta.
Felipe Monroy
Basílica de Guadalupe, álgido escenario de transición y decisiones
Los obispos de la Iglesia católica en México han decidido internarse en el 2026 con dos asuntos nodales en el horizonte. Por un lado, se ha insistido en la conmemoración de los 100 años de la persecución religiosa oficializada mediante la Ley Calles con el consecuente levantamiento armado de fieles católicos así como de diversas expresiones y resoluciones originales para sostener la fe, custodiar lo sagrado y eludir el largo brazo opresor del gobierno. A ese momento histórico lo han recategorizado como “Resistencia Cristera” y buscan que la “memoria de los mártires no sea nostalgia, sino profecía”.
Por otro lado, los obispos han puesto acelerador en la preparación rumbo al 2031, para los quinientos años del Acontecimiento Guadalupano. Sin duda, la irrupción de la Virgen Morena del Tepeyac en la historia mexicana ha reconfigurado íntegramente al pueblo y a la patria; pero además, es el símbolo que lo mismo exalta o desdramatiza las pulsiones y dinámicas de la nación mexicana.
Sobre el primer asunto, ya se ha hablado de la responsabilidad que la Iglesia católica tiene para asumir dos perspectivas importantes respecto a la Guerra Cristera: Que la conmemoración de la persecución no reivindique ni la reacción armada ni la violencia producto de la exaltación político-religiosa; y que tampoco se instrumentalice la compleja dimensión martirial de los creyentes de aquella época desde la herejía maurrasiana, es decir, que no se caiga en el error de confundir la catolicidad con el reaccionarismo político.
El propio papa León XIV ha advertido esto en su reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz: “Lamentablemente, forma cada vez más parte del panorama contemporáneo arrastrar las palabras de la fe al combate político, bendecir el nacionalismo y justificar religiosamente la violencia y la lucha armada. Los creyentes deben desmentir activamente, sobre todo con la vida, esas formas de blasfemia”. Clarísimo.
Y el segundo tema no es menor porque al cierre del 2025, la Basílica de Guadalupe se convirtió en un álgido escenario, cuyas luces y sombras plantean signos imponderables de transición y de toma de decisiones para el año próximo. Esencialmente por las informaciones que la Nunciatura envía a la Santa Sede respecto a los potenciales candidatos a suceder al arzobispo Carlos Aguiar Retes –quien ya sobrepasa la edad de retiro canónica–; pero también por el papel que habrá de tomar el propio Episcopado Mexicano en pleno para la valoración del próximo arzobispo que es, por derecho propio, custodio del ayate, del santuario y de la venerada imagen.
Tal como lo refieren las crónicas, el Santuario de Guadalupe en el Tepeyac recibió de manera histórica a más de 13 millones de peregrinos y visitantes entre el 9 y el 13 de diciembre de este año. Hay que dimensionar esa cifra y valorarla no sólo desde una perspectiva espiritual y social, sino funcional y operativa. En estas fechas, el recinto entra en actividades sumamente intensas y delicadas que requiere de todos sus miembros y operarios un esfuerzo mayúsculo y una clara gestión de actividades; sin embargo, desde meses atrás, una seria crisis interna en el santuario fue silenciada y quizá deliberadamente dejada a desorbitadas especulaciones.
La crisis se manifestó con la repentina y todavía inexplicada ausencia del canónigo Efraín Hernández Díaz, vicario episcopal, rector del santuario y presidente del Cabildo de Guadalupe, al frente de los actos institucionales. Pero el que haya saltado al ojo público en ese momento, no significa que su crisis haya iniciado ahí.
Como sea, su ausencia al frente de sus altas responsabilidades de gobierno no reconfiguró la estructura del Santuario –es decir, no se tomó alguna decisión de ajuste de gobierno en concreto– peró sí abrió oportunidades para que, de manera oficiosa se hicieran cambios operativos y de toma de decisiones; también, por desgracia, el silencio y la falta de transparencia propició la generación de chismes, exageraciones y fantasías de todo tipo.
La única información con grado de credibilidad proviene de lo publicado por el analista Guillermo Gazanini, quien acumula décadas de experiencia y contactos eclesiásticos. El periodista refiere a una carta del Cabildo de Guadalupe al arzobispo de México el 19 de septiembre pasado, a un decreto del propio arzobispo removiendo al rector Hernández al día siguiente (decreto protocolizado como 817/2025) y la apertura de una investigación canónica el 3 de octubre (investigación previa bajo la clave IP 17/2025). Pero las autoridades responsables no han transparentado ni a los fieles ni al resto de miembros eclesiásticos, lo que realmente ha sucedido en el Santuario en el último semestre.
Lo que en el corazón de la gente simple sí sucede –como se manifestó en las fiestas guadalupanas pasadas– es la ilusión que siente por el deseo manifiesto del papa León XIV de visitar a la Virgen de Guadalupe.
El primer pontífice estadounidense con corazón latinoamericano ha revelado su interés de viajar a México específicamente con ese motivo; pero las circunstancias este 2026 no podrían ser más adversas: por un lado la instrumentalización político-religiosa que se pretende hacer del centenario de la Guerra Cristera y de sus mártires (además del interés político que el gobierno de Claudia Sheinbaum podría tener con la visita pontificia); y por el otro, la ominosa actitud de silencio y ocultamiento de lo que sucede en las tripas del santuario guadalupano en el contexto de la delicada sucesión arzobispal y que no sólo desacredita a los pastores en sus reclamos por ‘transparencia’ a las autoridades civiles sino que podría evidenciar innobles estratagemas de ambición y manipulación de las instancias mexicanas y vaticanas para prometer al papa León XIV una visita inolvidable y sin sobresaltos, metiendo bajo la alfombra las problemáticas que se evidencian en el corazón guadalupano del pueblo mexicano.
Y, por si fuera poco, el próximo año también habrá futbol en código geopolítico.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
Cuando la coyuntura se vuelve destino
Para INCIDE existen momentos en los que los temas no se eligen: se imponen, porque la realidad habla con demasiada claridad para ignorarla. La revisión de las ediciones de este año confirma que no abordamos asuntos aislados, sino un mismo proceso observado desde distintos ángulos. Agua, ciudad, infraestructura, economía, juventud, marco legal y gobernanza dejaron de ser temas separados para convertirse en un solo sistema.
Hoy es evidente que las decisiones postergadas ya generan consecuencias y que discusiones antes técnicas se han transformado en asuntos de estabilidad social, viabilidad económica y futuro territorial.
De la urgencia al límite
Al inicio el agua apareció como preocupación estructural; después como problema operativo; más tarde como derecho; y finalmente como factor de gobernabilidad. No como crisis episódica, sino como resultado acumulado de crecimiento desordenado, rezagos históricos, planeación desconectada de la realidad y decisiones postergadas durante décadas.
Por eso dejó de ser un tema exclusivo de organismos operadores o ingenierías especializadas. Se convirtió en una variable que condiciona inversión, cohesión social y continuidad del desarrollo.
La ciudad como protagonista del problema
Algo similar ocurrió con la infraestructura y el territorio. La obra dejó de entenderse como sinónimo de progreso automático. La conversación se desplazó hacia la calidad, el sentido y la resiliencia de lo que se construye.
Movilidad, normatividad urbana, ordenamiento territorial y servicios básicos comenzaron a leerse como un mismo sistema. Las ciudades ya no son solo escenario: son actores que pueden amplificar o mitigar los riesgos que enfrentan.
El contexto internacional tocó la puerta
El viraje más evidente fue económico. La región dejó de analizarse en clave local para entenderse como parte activa de Norteamérica. Nearshoring, cadenas de valor, energía, minería y comercio dejaron de ser promesas abstractas para convertirse en presiones reales.
La lectura fue clara: las oportunidades mal gestionadas también generan riesgos. Atraer inversión sin infraestructura adecuada, sin agua, sin energía confiable, sin talento y sin reglas claras no es estrategia; es improvisación costosa.
El futuro dejó de ser discurso
Otro cambio relevante fue la manera de hablar de juventud y relevo. Se abandonó el lenguaje aspiracional para asumir una realidad incómoda: los modelos actuales se están agotando y alguien tendrá que tomar decisiones en escenarios más complejos que los de hoy.
La profesionalización, la capacitación continua y la certificación dejaron de ser complementos para convertirse en condiciones mínimas de competitividad. Sin capital humano preparado, no hay continuidad institucional ni desarrollo sostenible posible.
Cuando la omisión también es riesgo
En paralelo, el análisis normativo y de gobernanza se volvió constante. No como debate ideológico, sino como diagnóstico práctico. La ley suele ir detrás de los hechos, y cuando eso ocurre, los costos los pagan las ciudades, los sectores productivos y la sociedad.
La regulación, la mejora administrativa, la certidumbre jurídica y la corresponsabilidad social aparecieron como infraestructura invisible, pero determinante. Sin reglas claras, el desarrollo se fragmenta; sin gobernanza, la sostenibilidad se debilita.
Entre la gestión y la contienda
México entra al 2026 en un entorno de crecimiento moderado, alta exposición externa y una complejidad política cada vez mayor. A este escenario se suma un factor determinante: el calendario electoral del 2027 comienza a imponerse sobre la conversación pública y, con ello, sobre la toma de decisiones que deberían concentrarse en lo esencial.
En este contexto, la economía deja de ser ya el único indicador relevante. Conforme se acerca el relevo político, la atención institucional se desviará hacia la contienda, mientras problemas estructurales quedarán en segundo plano.
Para Sonora, las fortalezas existen, pero no son automáticas ni permanentes. Además de competir por inversión y talento, el mayor riesgo es la distracción de un relevo político no puede ni debe significar borrón y cuenta nueva. La continuidad técnica, la institucionalidad y la responsabilidad pública serán el verdadero factor de competitividad en un entorno cada vez más exigente.
Lo que viene no será un tiempo de certezas, sino de decisiones y caprichos forzados por la presión del contexto que marcarán el rumbo del estado mucho después de la coyuntura electoral. Esperemos que los políticos estén a la altura, que el sector productivo actúe con visión y que la sociedad no renuncie a exigir un verdadero bienestar conjunto.
Cerramos este año con la convicción de que aún estamos a tiempo.
Deseamos una Feliz Navidad y que el próximo año sea, de verdad, un buen año para todos.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Inteligencia artificial y temores
Probablemente, las innovaciones tecnológicas más sonadas en los años 2024 y 2025 tienen que ver con la inteligencia artificial. Algo que no es realmente nuevo, aunque este nombre sí lo es; el término es novedoso y atractivo desde el punto de vista mercadológico.
Estas innovaciones están generando miedos, que se están usando para hacer crecer este negocio. Buscan convencer al público en general de que, si no entra rápidamente a la inteligencia artificial, perderá sus negocios o su empleo. Por otro lado, también usan los miedos aquellos que se oponen a estas innovaciones, diciendo que usar la inteligencia artificial es dejar abierta toda la información de la empresa para ser mal usada. Además, organizaciones sociales enfatizan el problema ético que pueden causar estas nuevas tecnologías. Siendo temas importantes, el problema es que esos temores nos impiden ver las ventajas de estas innovaciones. Nos ocupamos de evitar los daños, cuando habría que pensar en los beneficios que podrían traer para todos.
Hay campañas impresionantes orientadas a la población, sobre todo a la clase media educada. Tratan de convencernos de que quienes tienen más de 40 años ya están fuera de la jugada. “No tienen las capacidades que poseen los jóvenes para entrar a estas tecnologías”, nos dicen. Y se están creando grandes cantidades de cursos donde específicamente se afirma: “Estamos buscando personas de más de 40 años y que no tengan conocimientos de cómputo”. Y ofrecen, por ejemplo, una maestría en inteligencia artificial dedicándole 30 días, 15 minutos por día, con lo cual le van a dar el equivalente a ese grado. Es de esperarse que se necesite más que eso.
Recientemente se congregaron, en el Vaticano, 50 expertos en una reunión sobre el asunto. Entre sus presentaciones, predominaron las llamadas a cuidar la ética, pidiendo reconocer que hay riesgos, así como pidiendo reglamentación y la intervención de diferentes autoridades para limitar estos males. Riesgos interesantes, pero que ocurren en todo tipo de comunicación. Con la diferencia del enorme alcance y velocidad de estos nuevos instrumentos. Por otro lado, muchas empresas están prohibiendo a sus empleados utilizar la inteligencia artificial, y han vetado todo lo que se estaba manejando con estos instrumentos. Alegando que no hay una certeza de que esa información no pueda ser mal utilizada.
Los mencionados expertos hablaron debeneficios de la inteligencia artificial. Señalaron aspectos muy positivos. Se habla de la mejora en la salud, educación accesible, sostenibilidad ambiental, eficiencia en los procesos y, aunque parezca raro, promoción de la paz. En términos muy genéricos, sin entrar a detalle como lo hicieron en el campo de los peligros de la inteligencia artificial. Habrá que estudiar a fondo los posibles beneficios de esta.
Hay que profundizar en esto y discernir sus consecuencias. Este es el nuevo mundo que se nos está presentando. No es la solución abandonar esta innovación. No es sensato usar los miedos para obstaculizar o hacer más rápida la adopción de estas tecnologías. Hay que balancear, en nuestros análisis, los riesgos, y los beneficios. Y, sobre todo, estar preparados para aprovecharlos. No son los miedos el mejor consejero para aceptar las innovaciones de tipo tecnológico o en cualquier otro campo. Un tema para debatir, participar y opinar. Se necesitan más opiniones. Las de otros, como usted y yo, reflexionando con sentido común, sobre nuestro papel en este tema.

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Columna Invitada
PAN salado
TU DECIDES
Por Pablo Mier y Terán
Hubo un tiempo en que el PAN sabía a pan. Pan recién horneado, con corteza firme y migajón reconocible. Uno podía estar de acuerdo o no con su receta, pero al menos identificaba los ingredientes: doctrina, oposición clara, un aire de congruencia moral y política. Hoy, en cambio, muchos ciudadanos muerden el PAN y hacen el mismo gesto que cuando el bolillo salió salado, duro o, peor aún, con sabor a otra cosa.
La escena frente a la sede nacional del partido fue reveladora. No llegaron adversarios ni militantes de otros colores, sino guanajuatenses y organizaciones civiles que, durante décadas, fueron clientela fiel del horno panista. Gente que no fue a pedir candidaturas ni puestos, sino algo más básico: que el PAN vuelva a parecer PAN. Su reclamo fue simple y devastador: en Guanajuato el partido está entregando el estado, electoral e ideológicamente, a Morena, traicionando los principios que decía defender, libia es tibia se quejaron los manifestantes; Romero, no queremos tu mugrero, decían a gritos.
Traducido al lenguaje de la panadería: cambiaron la receta sin avisar al cliente. Prometían pan artesanal y ahora sirven un producto industrial, hecho con moldes ajenos y sabores importados. Vida, familia y libertades fundamentales —los ingredientes estrella del PAN durante décadas— aparecen hoy en la etiqueta, pero ya no se sienten en el paladar. Y cuando el sabor no coincide con el discurso, el consumidor deja el pan en la mesa.
El problema no es solo local. Mientras en Chile la derecha, por ser coherente con sus principios y su carisma fundacional, acaba de ganar una elección presidencial con un discurso duro pero reconocible, aquí el PAN presume formar parte de un “resurgimiento derechista” continental sin decidirse a serlo de verdad. Quiere la foto internacional, pero no el compromiso interno. Quiere decir “somos oposición”, mientras vota, gobierna o legisla como si pidiera permiso para no incomodar a la 4T.
El contraste es brutal. En Chile, el péndulo político se movió porque la izquierda gobernante se moderó hasta perder identidad, y la derecha supo capitalizar el hartazgo. En México ocurre algo inverso y más triste: la izquierda gobierna sin moderarse y conserva el poder, mientras la oposición se diluye, se acomoda o se mimetiza. El resultado es un PAN que ya no confronta, no propone con claridad y, peor aún, no se reconoce a sí mismo.
Por eso el reclamo de Guanajuato duele más que cualquier encuesta. No es un ataque externo, es una crítica desde la mesa familiar. Los manifestantes recordaron que el PAN nació de una doctrina, no de una coyuntura, y que un partido fundado por uno de los Siete Sabios de México no puede sobrevivir solo a base de cálculo electoral y silencios convenientes. Cuando un partido olvida a quién representa, termina representando a nadie.
El PAN de hoy parece ese pan que nadie pidió: ni suficientemente conservador para quienes creían en su ideario, ni auténticamente liberal para atraer nuevos comensales. Salado, desabrido y con una textura rara, como si hubiera pasado demasiado tiempo en el anaquel del poder local.
La política, como bien dijeron los propios manifestantes, se sostiene con coherencia entre doctrina, plataforma y representación. Cuando eso se rompe, el pan se echa a perder. Y no importa cuántos logotipos o slogans se le pongan encima: si no recupera el sabor original, la gente buscará otra panadería. O, peor aún para Acción Nacional, dejará de consumir pan.

Pablo Mier y Terán @pablomieryteran
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