Ciudad de México.— El grupo parlamentario del PAN en el Senado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) llevar a cabo auditorías, revisiones y evaluaciones a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación (SEP), de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como a la Presidencia de la República.
Lo anterior con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia en su gestión, y vigilar que se cumplan las disposiciones en el uso y manejo de recursos públicos y, en su caso, deslinde responsabilidades por el mal manejo de éstos.
En un punto de acuerdo los panistas indicaron que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se detectaron diversas irregularidades.
Destacaron que la Presidencia de la República ejerció 23 millones 869 mil pesos en trajes tipo sastre de dama y caballero para el Estado Mayor Presidencial, y que la SRE usó mil 835 millones 630 mil pesos para la “promoción y defensa los intereses de México” en un programa de equidad de género, que no contó con una planeación anual de trabajo, para dar cumplimiento a las atribuciones en esta materia.
Precisaron que en la partida 27101 -“Vestuario y Uniformes”- se ejercieron 23 millones 869 mil pesos para uso del Estado Mayor Presidencial, en trajes tipo sastre para dama y caballero, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que de dos contratos, uno debió celebrarse bajo una licitación pública y no de “invitación”.
“Además, se detectó que esa empresa ganadora, que tuvo una propuesta de 8 millones 821 mil pesos, se formó 46 días antes de que se le invitara a participar”, remarcó.
De igual modo, los legisladores de Acción Nacional puntualizaron que la SRE ejerció 49 millones 826 mil pesos para la operación del programa Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral, monto superior en 49.7 por ciento en relación con el presupuesto aprobado de 33 millones 283 mil pesos.
En tanto, subrayaron que en 2016, la SEP, encabezada por Aurelio Nuño, ejerció un total de 3 millones 326 mil pesos mediante el programa Políticas de igualdad de género en el sector educativo.
“El gasto fue inferior en 77.1 por ciento respecto de los 14 millones 549 mil pesos autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación, debido a que Hacienda autorizó reducciones presupuestarias para que la SEP traspasara recursos del programa presupuestario al Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”, detallaron.
Además, expusieron que, de acuerdo con el Informe, la Sedatu ocasionó un daño al erario por 724 millones 707 mil 883 pesos, por transferencias de las que no se sabe su destino, pagos sin acreditar y fianzas.
“La Sedatu, en manos de Rosario Robles Berlanga, reportó en 2016 un presupuesto original por 25 mil 613 millones 444 mil pesos, que, como resultado de adecuaciones presupuestales, tuvo ampliaciones netas por 478 millones 504 mil pesos, aunque se encontró una diferencia de 134 millones 255 mil pesos de lo reportado a la Cuenta Pública”, acotaron.
Manifestaron que la ASF también previó daños al erario por 3 mil 922 millones de pesos por una fianza de cumplimiento que no se cobró; otra afectación por 689 millones 220 mil 851 pesos, por transferencias registradas en los estados de cuenta bancarios de cuentas concentradoras de la Sedatu, sin identificar el destinatario de los recursos; y otro daño por 31 millones 564 mil 092 pesos, por pagos efectuados sin acreditar la recepción de los servicios.
Por ello, concluyeron los senadores del PAN, es necesario que la SFP lleve a cabo auditorías a esas dependencias y a la Presidencia de la República y que, en su caso, aplique sanciones por el mal uso de recursos públicos.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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