México .— El gobierno de México reiteró su plena disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Mediante un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, condenaron categóricamente hechos de violencia sexual y tortura cometidos contra 11 víctimas.
Expusieron que este jueves una representación del Estado mexicano acudió a la audiencia pública del caso Selvas Gómez vs. Estados Unidos Mexicanos convocada por la CIDH.
Ahí el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, reiteró que el Estado mexicano condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos en su territorio y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres.
Explicó que desde marzo de 2013 el Gobierno de la República reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres con motivo de los hechos en San Salvador Atenco.
Desde esa fecha, detalló, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares.
Precisó que, hasta la fecha, han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales, incluyendo agentes de Seguridad Pública del Estado de México, médicos legistas y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público por los delitos de tortura y encubrimiento de ésta.
Los procedimientos penales, asentó, continúan su seguimiento de conformidad con los términos y plazos que establece la legislación penal, establecidos por la vigente al momento de los sucesos.
Anotó que se ha puesto a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para el caso, el cual comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y compensación económica, entre otros.
Aclaró sin embargo que el Estado es respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reiteró su ofrecimiento de aplicar las de reparación si las personas así lo deciden.
Indicó que simultáneamente el Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural, como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres.
También está la creación de un marco jurídico nacional robusto en materia de prevención y combate a la tortura con perspectiva de género; y la instrumentación de protocolos de actuación ministerial adecuados, entre otros.
Por otro lado señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejerciendo su facultad de investigación, en aquella época, conoció del caso y en febrero de 2009 emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades y el abuso policial en los hechos.
La SCJN concluyó que elementos y mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas, incluyendo a las 11 mujeres, incumpliendo de esa manera con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.
No obstante, la SCJN determinó que dichas violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes.
Añadió que, como se señala en la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Atenco, el entonces gobernador sostuvo reuniones de trabajo en las que se le dio cuenta sobre las denuncias.
En consecuencia, ordenó su inmediata investigación, así como la sanción de los responsables, lo que motivó el inicio de investigaciones penales y de responsabilidad administrativas, abundó.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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