Ciudad de México.— El reporte de percepción de seguridad del INEGI revela una realidad compleja en las áreas urbanas de México, donde la inseguridad sigue siendo una preocupación constante.
Aunque existen avances en algunas regiones, el miedo a ser víctima de un delito continúa marcando el día a día de millones de mexicanos.
La dignidad y el bienestar de los ciudadanos dependen de la implementación de políticas públicas efectivas y la recuperación de espacios públicos seguros y de la reconstrucción del tejido social, aspectos fundamentales para un futuro más seguro y próspero.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al tercer trimestre de 2024.
Estos datos, que revelan la percepción de inseguridad en diversas zonas urbanas de México, reflejan tanto las preocupaciones de la población como los retos pendientes en materia de seguridad pública. Aunque los porcentajes muestran una ligera mejoría respecto al mismo periodo de 2023, la sensación general de inseguridad sigue afectando de manera significativa la vida de millones de mexicanos.
En septiembre de 2024, el 58.6 % de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Aunque este dato representa una disminución respecto al 61.4 % reportado en septiembre de 2023, la comparación con junio de 2024 (59.4 %) revela que el cambio no ha sido considerable.
La inseguridad sigue siendo una realidad omnipresente en muchas de las 91 áreas urbanas de interés estudiadas, donde más de la mitad de los habitantes continúa temiendo por su integridad.
Ajustes en la vida cotidiana: el impacto de la inseguridad
La inseguridad afecta profundamente la rutina diaria de los mexicanos. Un 43.1 % de la población mayor de 18 años ha optado por no llevar consigo objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, para evitar ser víctimas de algún delito.
Este temor también ha provocado cambios en las dinámicas familiares: 41.4 % de las personas modificaron sus hábitos respecto a permitir que los menores salgan de casa sin supervisión, y un 38.3 % dejó de caminar por los alrededores de su vivienda después de las 8 de la noche. Estas cifras evidencian el grado en el que la inseguridad ha invadido los espacios más íntimos y cotidianos de los ciudadanos.
Además, un 23.5 % de la población reportó haber cambiado sus rutinas relacionadas con la visita a familiares o amigos, lo que refleja el impacto de la inseguridad en las relaciones interpersonales y en la cohesión social. Las calles y espacios públicos, que debieran ser puntos de encuentro y convivencia, se han convertido en zonas de riesgo para una parte considerable de la ciudadanía.
El reporte destaca las áreas urbanas donde el miedo a la inseguridad es más evidente. Tapachula encabeza la lista, con el 91.9 % de sus habitantes declarando que se sienten inseguros en su ciudad. Naucalpan de Juárez, Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Irapuato y Tuxtla Gutiérrez le siguen de cerca, con porcentajes superiores al 85 %. Estos municipios se encuentran atrapados en un ciclo de violencia e inseguridad.
En contraste, las ciudades con menores índices de percepción de inseguridad presentan una realidad diferente. San Pedro Garza García destaca como la ciudad más segura según sus habitantes, con apenas un 13.7 % reportando sentirse inseguros. Benito Juárez, Tampico, Piedras Negras, Puerto Vallarta y Saltillo también muestran porcentajes bajos, lo que sugiere que en algunas zonas urbanas se ha logrado establecer una mayor confianza en las autoridades y en las condiciones de seguridad.
Espacios públicos más inseguros
La percepción de inseguridad varía según el espacio en el que las personas se encuentran. Los cajeros automáticos en la vía pública continúan siendo los lugares donde la población se siente más vulnerable, con un 67.3 % de personas que admiten sentirse inseguras al utilizarlos. El transporte público es otra área crítica, con un 61.8 % de usuarios que experimentan miedo al desplazarse. En las carreteras, el 53 % de la población teme por su seguridad, mientras que el 51.3 % lo hace en las calles y bancos que frecuentan. Estos espacios, esenciales para la vida diaria, se han convertido en puntos de alerta constante.
Conflictos y conductas delictivas en el entorno vecinal
Otro aspecto alarmante que arroja la ENSU es la frecuencia de conflictos y conductas antisociales en las zonas urbanas. Un 58.9 % de la población reportó haber presenciado el consumo de alcohol en la vía pública, mientras que el 47.9 % fue testigo de robos o asaltos. También se registró un 39.2 % relacionado con la venta o consumo de drogas y actos de vandalismo en viviendas o negocios. La violencia armada, aunque menos frecuente, sigue siendo un problema, con el 36.6 % de las personas reportando disparos en su entorno.
Este contexto de violencia y delitos genera un ambiente de desconfianza, afectando la calidad de vida y la seguridad emocional de las personas. La convivencia social se ve fracturada por los constantes enfrentamientos, tanto entre vecinos como en el seno familiar, donde el 7.5 % de los mayores de 18 años reportó haber sido víctima de violencia intrafamiliar.
La respuesta de las autoridades y la confianza ciudadana
A pesar de la crítica situación, los mexicanos todavía depositan cierta confianza en algunas instituciones de seguridad. Según la ENSU, la Marina (87.7 %), la Fuerza Aérea Mexicana (83.9 %) y el Ejército (83.1 %) son las instituciones mejor valoradas en cuanto a su efectividad para combatir la delincuencia. En contraste, la policía preventiva municipal (48.6 %) y la policía estatal (55.8 %) obtienen una menor aprobación, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la labor de las autoridades locales.
La percepción de la capacidad de los gobiernos locales para resolver los problemas más importantes, como la delincuencia, sigue siendo baja. Sólo el 30.6 % de la población considera que su gobierno es eficaz para abordar los principales desafíos, lo que genera un clima de insatisfacción generalizada.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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Negocioshace 2 días
