Ciudad de México.— El vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido López, advirtió que la imposición del “lenguaje inclusivo” no hace más inclusiva a la sociedad, por el contario, la divide.

En ese sentido, el legislador panista se pronunció por dejar de dividir con modas Woke y trabajar por la verdadera equidad.

“La inclusión no se construye cambiando palabras, sino construyendo puentes que acerquen a todas las personas”.

Garrido López reiteró que el llamado lenguaje inclusivo es una moda que lejos de incluir, distorsiona nuestra lengua y afecta gravemente la educación.

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Explicó que la lengua española es una de las mas ricas y precisas del mundo que ya incluye a todos los géneros gramaticalmente.

“Cambiar palabras como todos por todes, no sólo carece de fundamento lingüístico sino que promueve una falta de educación y cultura”, refirió el panista.

Además, Garrido López señaló que un ejemplo claro es el participio activo del verbo ser que forma palabras terminadas en ente como: presidente, “este término no tiene género porque su raíz gramatical no lo permite”, dijo.

Indicó que pretender incluir sólo mutila la lengua, palabras como: estudiante, cantante, presidente, ya son inclusivas no se dice estudianta, cantanta, presidenta.

“El Lenguaje inclusivo, además distrae los verdaderos esfuerzos por la inclusión, sí realmente queremos ser inclusivos aprendamos lenguaje de señas, braille, o impulsemos medida concretas que derriben barreras reales”, finalizó.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca pidió a sus colaboradores y productores en la televisora dejar de utilizar de forma inmediata el lenguaje “woke”.

“A mis colaboradores que salen en pantalla quiero decirles que ser “diferentes” en un mundo lleno de insensatez… es valentía, no caigan en tratar de encajar y ser normales”, escribió en redes sociales.

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Ciudad de México.— A fin de que el delito de robo en el transporte público se incluya en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el diputado Emilio Manzanilla Téllez impulsa una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política.

En el documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial.

Hace mención que el robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México. “A pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia delictiva, el robo en el transporte público sigue siendo un fenómeno que pone en peligro no solo el bienestar de los usuarios, sino la estabilidad social”.

Por ello, considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente, pues la impunidad en estos casos es factor que contribuye a la percepción de inseguridad y frustración de la ciudadanía.

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Manzanilla Téllez reiteró que el robo en este tipo de transporte es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y mencionó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas.

En el Estado de México, esta problemática alcanza niveles alarmantes, ya que, de acuerdo con el SESNSP, entre enero y agosto de 2023 se registraron 6 mil 312 robos con violencia en transporte público, de los cuales 5 mil 432 ocurrieron en esa entidad federativa, lo que representa más de 86 por ciento de los casos a nivel nacional.

Además, dicho delito afecta el patrimonio de las víctimas y pone en riesgo su integridad física y su vida. Los delincuentes suelen actuar en grupos organizados, con armas de fuego o armas blancas, lo que aumenta la peligrosidad de estos eventos.

El robo en el transporte público es un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. La reincidencia es común entre los delincuentes que cometen estos actos, ya que, al no considerarse éste dentro del catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los responsables pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir.

Explica que el artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa y se justifica por la necesidad de proteger a la sociedad ante la alta reincidencia y peligrosidad de ciertos delitos; pero el robo en el transporte público, a pesar de su alta incidencia y gravedad, no ha sido incluido, dejando un vacío en la protección de los usuarios de este servicio.

La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas, subraya.

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Ciudad de México.— Los diputados federales Fuensanta Guerrero Esquivel y Miguel Alonso Reyes, presentaron en la Cámara de Diputados un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Guardia Nacional y a los cuerpos de seguridad estatales y municipales para implementar operativos especiales en las carreteras del país durante la temporada decembrina.

A través de un Punto de Acuerdo, los legisladores argumentaron que el propósito es proteger a los paisanos que regresan a México para celebrar las fiestas con sus familias, muchos de ellos trayendo regalos, bienes y recursos económicos destinados a mejorar la calidad de vida de sus seres queridos.

“Es inaceptable que quienes vienen con la ilusión de reencontrarse con sus familias sean víctimas de robo, extorsión o violencia en las carreteras de nuestro país. Protegerlos no solo es una cuestión de seguridad, sino también de dignidad y respeto hacia quienes contribuyen al desarrollo de México”, subrayaron los representantes priistas por el estado de Zacatecas.

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Por ello, hicieron énfasis en la importancia de establecer módulos de atención en las principales rutas para que las y los connacionales puedan presentar quejas y denuncias ante cualquier incidente durante su recorrido. Indicaron que no se debe olvidar que se han incrementado los delitos y peligros al circular por esas vías de transporte público.

Destacaron que son mexicanos que traen dinero para invertir en el país o para mejorar las casas de sus familiares o de sus negocios en México, por ello insistieron que es inhumano que estén expuestos a las extorsiones o robos.

Con esta propuesta, los priistas buscan que se refuerce la seguridad, en un contexto donde para nadie es nuevo que han aumentado los riesgos de circular por las carreteras, especialmente en estados como Zacatecas, una de las principales rutas de tránsito para los paisanos que regresan a sus comunidades.

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Ciudad de México.— El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, reveló la operación de una red delictiva dentro del organismo, integrada por empleados, notarios públicos y constructoras, que ha defraudado a derechohabientes mediante la asignación de múltiples créditos sobre una misma vivienda.

En una revisión preliminar, realizada en 11 estados del país, se detectaron 12 mil créditos asignados a mil 400 viviendas, algunas de las cuales fueron vendidas hasta cuatro veces en un mismo año. Este esquema ha generado pérdidas superiores a mil 200 millones de pesos, representando hasta el 40% de los ahorros para vivienda de los trabajadores afectados.

Romero Oropeza señaló que, a pesar de estas irregularidades, ni la Comisión de Vigilancia ni el Comité de Auditoría han tomado medidas contra los responsables.

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Oropeza expuso otros casos graves de corrupción en el Infonavit, entre ellos el relacionado con la empresa Telra Realty. En 2014, esta firma fue contratada para desarrollar una plataforma de soluciones habitacionales con un presupuesto de 100 millones de pesos.

Al concluir el plazo de dos años sin que se cumpliera el contrato, en lugar de penalizar a la empresa, el consejo de administración del Instituto aprobó una indemnización de 5 mil millones de pesos en 2016.

Otro ejemplo señalado fue el programa Línea III, destinado a financiar proyectos habitacionales propuestos por las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios. Estos proyectos, según Romero Oropeza, carecían de estudios técnicos y financieros, siendo autorizados únicamente por recomendación de las partes interesadas.

Finalmente, el director general del Infonavit afirmó que continuará con las investigaciones para detener estas prácticas y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a los trabajadores.

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