México.- Han pasado 13 años desde que Napoleón Gómez Urrutia se llevó un fideicomiso de 55 millones de dólares y que son parte del patrimonio de 7 mil 500 mineros, ahora retirados, y que no han descansado para recuperarlos.
La lucha del grupo conocido como “719” ha llegado hasta los tribunales para denunciar el robo que sufrieron en manos del ahora senador por Morena.
Los recursos fueron entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, el 3 de marzo de 2005, tras la venta de la Minera Cananea; se trató de una aportación de Grupo México a los trabajadores para indemnizarlos por el proceso de privatización a través del Fideicomiso 10964526 (antes 9645).
Napito extinguió dicho fideicomiso y salió del país, unos días después de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos ocurrida el 20 de febrero y que dejó 65 muertos, para autoexiliarse en Canadá por 12 años, dejando a 7 mil 500 mineros sin el dinero que les correspondía.
Durante su estancia en Canadá, el líder minero y su familia vivieron en un condominio de 670 metros cuadrados, ubicado en una exclusiva zona residencial de Vancouver y cuyo valor ronda los 1.8 millones de dólares.
En esos años, tuvo recursos para contratar a abogados de la talla de Carlos de Buen y Marco Antonio del Toro y enfrentar 11 órdenes de aprehensión y nunca ser encarcelado. Su regreso a México se fraguó cuando Morena lo nombró candidato plurinominal al Senado de la República.
Desde su regreso, los mineros han buscado por todas las vías legales, que les regresen los 55 millones de dólares. Un triunfo fue que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió, en 2018, un laudo que obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares a repartirles dicho fondo con los intereses o rendimientos generados durante más de una década.
Sin embargo, Gómez Urrutia ha recurrido a diversas maniobras jurídicas para no pagar. Incluso el sindicato argumentó que pagó 23 millones de dólares a trabajadores, un millón 500 mil dólares al fiduciario, y que 14 millones de dólares fueron embargados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2019, desechó los amparos promovidos por el senador de Morena y ordenó al Tribunal Colegiado que los resuelva de forma definitiva.
Además del fuero que le da el cargo de legislador, el mandatario ha declarado en diversas ocasiones que se trata de un perseguido político y hasta ahora la justicia no ha llegado a los mineros retirados.
“Buscamos justicia desde hace 15 años. Llevamos nuestra demanda a los tribunales para que el sinvergüenza de “Napillo” Gómez Urrutia regrese los 55 millones de dólares”, dijo Félix Duarte, uno de los mineros que busca justicia e integra al grupo 719.
E incluso, y a pesar de varias demandas de amparo, no hay una solución por lo que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que les ayude a recuperar ese dinero; afirmaron que para resolver este caso hace falta voluntad política.
“Sabemos la ruta del dinero, porque está documentada y queremos que sea el señor presidente quien haga posible que ese dinero llegue a donde tiene que llegar”.
Junto a Alfredo Zambrano y Roberto Esquer, Felix Duarte señaló que cuando vieron que Morena incluyó en las listas plurinominales al Senado a Gómez Urrutia fue una bofetada.
“El regreso del perseguido, que fue triunfal, una bofetada para los cientos de mineros con derecho a este recurso, que sueñan que algún día también triunfe su esfuerzo, recuperar lo que es de ellos”, lamentó.
Por último, reiteró su petición de justicia porque la mayoría de los mineros ya están en la tercera edad “y quieren vivir para contarlo”.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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