Ciudad de México.— La Cámara de Senadores aprobó, en lo general, el proyecto por el que se reforma la Ley de Amparo, para que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales.

En el dictamen avalado, se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.

También se subraya en el documento que el Juicio de Amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.

Y que esta figura tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares señalados en la Ley.

El proyecto acota que no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro.

La propuesta fue avalada con 69 votos a favor, 42 votos en contra y cero abstenciones en lo general.

Adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar la facultad del órgano jurisdiccional de amparo, en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social.

En el dictamen, también se menciona que no existe una justificación en la norma constitucional para que la suspensión, sea provisional o definitiva, deba tener efectos generales.

En ese sentido, se argumenta que estas suspensiones sólo deben abarcar en sus efectos a la parte quejosa, a partir de la cual se hace la valoración y no así a favor de toda la colectividad, pues, en una sociedad con intereses tan diversos, sería complicado asumir que efectivamente una determinación atiende al interés general.

De conformidad con lo dispuesto en el texto constitucional, se agrega, una sentencia que estudia y analiza la constitucionalidad de la Ley o acto impugnado no puede concederse con efectos generales, menos lo podría hacer una suspensión, ya que se entendería que se estaría prejuzgando el fondo del asunto, lo cual atenta contra la naturaleza del juicio de amparo.

“Por tanto, la modulación para el otorgamiento de la suspensión, provisional o definitiva, no puede estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional, cuando en todo acto de autoridad, debe privar el principio de seguridad y certeza jurídica”, subraya el texto.

COMPROMISO

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, afirmó que la aprobación de este producto legislativo refrenda el compromiso de que las leyes reglamentarias estén acorde con la Constitución; “no estamos afectando derechos, ni haciendo una regresión en las garantías”, sostuvo.

DICTADURA DE LA TOGA

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila aseveró que esta reforma busca evitar “el abuso de la dictadura de la toga”, que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos; “los límites que ahora estamos estableciendo en la Ley de Amparo son, precisamente, para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces”, asentó.

ABUSO

El senador del PAN Julen Rementería del Puerto argumentó que la aprobación de esta reforma es “un abuso”, ya que elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir el amparo de la justicia federal, respecto a cualquier acción de la autoridad que los afecte.

QUITA DERECHOS

La senadora de Acción Nacional Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, , denunció que, con esta reforma, Morena busca eliminar el derecho de los ciudadanos a protegerse ante las decisiones de las autoridades; “dejen de quitarle derechos a los mexicanos y permítanles a los ciudadanos de México que puedan defenderse de las autoridades”, demandó.

DESPROTECCIÓN

La senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez dijo que es necesario buscar alternativas que fortalezcan la justicia, porque esta reforma sólo demuestra que los proyectos gubernamentales se encuentran por encima de los derechos humanos, ya que “deja desprotegidos a aquellos más vulnerables, que no pueden defenderse adecuadamente en un juicio de amparo”.

NO DAR MAS PODER

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que con esta reforma se le da cierto margen de discrecionalidad al Ejecutivo, por encima de la protección de los derechos individuales o de los que pueden tener un carácter colectivo. “El amparo está pensado para empoderar a las personas, no para darle más poder al poder”, subrayó.

REGRESIÓN AUTORITARIA

Por el PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria advirtió que esta reforma es “la cereza en el pastel de la regresión autoritaria”, ya que el amparo es una institución para tutelar derechos, por lo que reducir sus efectos es un acto regresivo que limita las garantías; “lo que debe saber la gente es que este es el intento de Plan C por la puerta de atrás”, acotó.

Ciudad de México.— Senadores del Partido Acción Nacional presentarán ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, por las acusaciones de construir una red de extorsión e intimidación contra jueces y magistrados para beneficiar a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa, encabezada por la senadora Kenia López Rabadán, los panistas sostuvieron que Arturo Zaldívar antepuso los intereses del Presidente a los del pueblo de México en busca de impunidad.

“La investigación que está realizando el Consejo de la Judicatura Federal en su contra se debe a una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados”, indicó López Rabadán.

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Acompañada por las senadoras Josefina Vázquez Mota, Alejandra Reynoso Sánchez, Adriana Jurado Valadez, Mayuli Latifa Martínez Simón, Estrella Rojas Loreto y Gina Andrea Cruz Blackledge, así como por el senador Juan Francisco Larios Esparza, López Rabadán afirmó que esta red de extorsión y de intimidación buscaba beneficiar al gobierno de López Obrador.

“El mismo Presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Zaldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables. ‘Él ayudaba’, dijo. Y todos sabemos que, a confesión de parte, relevo de prueba”, subrayó.

El exministro, indicó, renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para “irse de matraquero de la señora Sheinbaum” y abandonó su responsabilidad como juzgador en busca de impunidad.

La legisladora federal explicó que Zaldívar dejó su cargo en noviembre pasado y, de acuerdo con el artículo 114 constitucional, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo.

“Hoy queda claro: o estás de lado de la corrupción, del exministro brabucón, de la ‘corcholata’ que miente y del gobierno que quiere destruir al Poder Judicial. O estás de lado de la justicia, del bien para los mexicanos, de la ministra presidenta valiente y de la candidata de la verdad”, remató.

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Ciudad de México.— Con el objetivo de prevenir posibles riesgos para la salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población sobre la falsificación y comercialización ilegal de Restylane Kysse, dispositivo médico utilizado en procedimientos estéticos de relleno labial.

La empresa titular del registro sanitario notificó que el producto falsificado presenta varias anomalías: la caja muestra el número de lote 16787-9 y fecha de caducidad 2026-01-10; errores ortográficos; además, ostenta sello de originalidad y código QR falsos.

Asimismo, la jeringa tiene tamaño menor al original y el empaque que la resguarda señala el lote 14482-1 y carece de fecha de caducidad.

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Por lo anterior, Cofepris recomendó a clínicas de belleza y otros establecimientos donde se comercializa este dispositivo, que antes de adquirirlo verifiquen que el distribuidor esté autorizado y validado por el fabricante.

Además, el distribuidor debe contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento expedidos por Cofepris, y demostrar la legalidad de la adquisición del producto.

La comercialización del producto falsificado, a través de redes sociales y sitios de internet, así como su distribución mediante servicios de paquetería nacionales e internacionales incumplen lo establecido en la Ley General de Salud, por lo que esta autoridad impondrá sanciones que pueden incluir multas y clausuras temporales o definitivas.

Asimismo, antes de utilizar Restylane Kysse (gel con lidocaína), se deberá verificar que los números de lote en la caja y el empaque de la jeringa no coincidan con los aquí mencionados.

En caso de existir cualquier problema de calidad o incidente adverso relacionado con el uso Restylane Kysse u otros dispositivos médicos, se invita a reportarlo en el Sistema en línea de notificación de incidentes adversos de dispositivos médicos.

Cofepris continúa informando en caso de identificar nuevas evidencias sobre este dispositivo que puedan representar un riesgo para la salud. Además, mantiene estricta vigilancia para prevenir que los medicamentos e insumos sanitarios, así como los establecimientos regulados por esta autoridad, incumplan la legislación sanitaria.

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Ciudad de México.— La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura como diputado federal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, enfatizando que el político se encuentra prófugo de la justicia.

El proyecto presentado por la magistrada Janine Otálora subraya la existencia de dos órdenes de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, sin que haya prescrito la acción penal. Además, se argumenta que el político se ha sustraído de la justicia para evitar enfrentar cargos penales.

En consecuencia, el Tribunal Electoral ha ordenado al Partido Acción Nacional (PAN) que en un plazo de 48 horas solicite la sustitución de la candidatura al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Conforme al artículo 38, fracción V, se actualizan las condiciones necesarias para considerar que (el exgobernador) está prófugo de la justicia”, expresó la ponencia aprobada.

Se detalló que García Cabeza de Vaca ha evadido la acción de la justicia para eludir un proceso penal, y se presentaron constancias en el expediente que evidencian los esfuerzos del Estado para llevar a cabo dicha acción penal en su contra.

Además, se expone que existen dos órdenes de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Aunque se han emitido suspensiones provisionales, estas siguen vigentes y siendo revisadas.

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RIESGOSO PRECEDENTE

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que la impugnación promovida por MORENA en contra de su registro como candidato a diputado federal está plagada de irregularidades.

Explicó tres puntos:

Primero. EI INE de forma arbitraria e ilegal requirió a la Fiscalía General de la República y a diversas autoridades información sobre carpetas de investigación que se encuentran bajo secreto ministerial y las aportó directamente como prueba ante el Tribunal Electoral. EI INE hizo las pruebas que MORENA nunca pudo presentar. EI INE actúo como juez y parte. La FGR actúo de manera sospechosamente diligente, cuando en otros casos se ha negado rotundamente a colaborar con el INE en indagatorias graves que han implicado a MORENA

Segundo. El proyecto que se ha difundido en medios de comunicación implica nada más y nada menos que el desacato doloso de resoluciones de amparo que me favorecen. En el extremo del absurdo jurídico, se pretende que la Sala Superior asuma la facultad de tergiversar los alcances de suspensiones constitucionales que son incuestionablemente claras sobre sus alcances.

Tercero. El proyecto se aparta de precedentes del propio Tribunal. En el SUP-REC- 1377/2021 y SUP-REC-1393/2021, ACUMULADO se estableció que la suspensión de derechos político-electorales por causas penales sólo puede ser impuesta por una autoridad judicial, lo que nunca ha sucedido en mi caso. Es tal el sinsentido jurídico que se me pretende inhabilitar como candidato cuando sigo en ejercicio de mi derecho a votar y ser votado.

Ante ello, García Cabeza de Vaca consideró que al ceder a las presiones de MORENA, la Sala Superior fijó un riesgoso precedente.

“Un fiscal carnal podrá impedir que un opositor sea candidato. Cualquier candidato podrá ser inhabilitado para asumir el cargo con un orden de aprehensión que se gire en su contra. El ministerio público tendrá en sus manos el poder de configurar a los poderes de la República”, dijo.

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