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México

Ancira se dice perseguido político

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México.— El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, dijo que necesitaría “estar mal de la cabeza” para aceptar la extradición a México y que incluso él solicitó su traslado a Estados Unidos porque es ciudadano de nacimiento de ese país.

El empresario, acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero por la venta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), rechazó la víspera ante el juez de la Audiencia española, Santiago Pedraz, las acusaciones en su contra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para el noticiero Por la Mañana, Ancira Elizondo aseguró que los argumentos de las autoridades mexicanas para la demanda de extradición se están cayendo porque debe estar acompañada de actos de investigación internacional.

Yo pedí que me extraditaran a Estados Unidos, a mi país de origen. Si me consiguen mi pase, me allano mañana y me voy para allá. Mis cuentas en Estados Unidos están disponibles”, expuso.

Tras aclarar que sus cuentas personales en la Unión Americana están disponibles, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está perdido con las cifras de compra-venta de Agronitrogenados, pues según el Ejecutivo federal la planta valía 50 millones de dólares y no los 260 o 270 millones que se pagaron.

Sin embargo, de acuerdo con el empresario, el puro muelle valía 150 millones de dólares, “aunque la valuación iba de los 400 a los 320 millones de dólares y Pemex todavía me debe nueve millones de dólares”.

Desde España, comentó que también quiso comprar la planta de amoniaco de Petróleos Mexicanos para tener la cadena productiva gas y urea, pero no se la vendieron pues “en ese momento venía la reforma energética” y la autoridad le dijo que se buscaba evitar pensar que se estaba desmantelando a la petrolera.

El presidente del Consejo de Administración de AHMSA dijo que si el gobierno de México no quiere la planta de Agronitrogenados, que cuestionó sea chatarra, “que me la devuelvan y yo se las pago. Les pago los 260 millones dólares a la hora que quieran”.

Respecto a la relación con Odebrecht, rechazó conocerlos, pues sólo tuvo contacto cuando el Departamento de Geología de Altos Hornos contactó al área de Petróleo de la firma brasileña para que los asesorara y evaluara sus reservas de gas metano en los mantos de carbón, “ni conozco quiénes son ni conozco a nadie más, eran los más famosos en ese momento”.

En cuanto a Juan Carlos Quintana Serur, indicó que era un abogado externo que no trabaja para Altos Hornos, pero que le solicitó su aprobación para asesorar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la compra de una casa.

Ahora, abundó Alonso Ancira, con todo lo que ha pasado, “yo no defiendo a nadie, pero eso de estar atacando a la mamá de alguien, ni las mafias hacían eso”.

Tras aclarar que su fianza la pagó Altos Hornos porque como directivos tienen una póliza para estos casos, se dijo un perseguido político del actual gobierno y que logró su libertad en España porque las acusaciones “no tienen peso ni sustento”.

Indicó que hay muchas distorsiones de la realidad y “cuando la política entra por una puerta, la justicia sale por una ventana”, aunque subrayó que son sus cuentas personales en México las que están intervenidas, no las de Altos Hornos.

Explicó que por estrategia legal, hasta hoy se mantuvo en silencio porque la Fiscalía General de la República (FGR) ya mandó a las autoridades de España los 28 delitos de que se le acusa y ya no pueden enviar más; “lo que hubo, hubo y ahí se queda y eso se cumplió ayer que comparecí en la Corte”.

Al respecto consideró que en España “está difícil” de ganar por las autoridades mexicanas porque -según él- no hay elementos de delitos, en la demanda hay 90 hojas que hablan de Emilio Lozoya y dos donde se le menciona a él; “es muy fácil que en los siguientes 60 o 90 días se caiga la acusación”, puntalizó.

emc



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Estados

Organizaciones civiles exigen alternativas para mujeres y la vida en Chihuahua

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Organizaciones civiles exigen alternativas para mujeres y la vida en Chihuahua
Foto Pixabay

Chihuahua.— Diversos grupos de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto en Chihuahua.

En ese sentido hicieron un llamado a la unidad para ofrecer alternativas reales a las mujeres que enfrentan embarazos en situaciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con las organizaciones civiles, una sociedad no se edifica solo con leyes, sino con acciones concretas que protejan la vida y la dignidad de cada persona. Expresaron que, si bien la decisión de la SCJN está dentro de las facultades legales del sistema judicial, no refleja la realidad ni los valores compartidos en Chihuahua.

LEE “El acto más violento para una mujer es el aborto”, alerta colectivo

Ante este panorama, instaron a todos los sectores de la sociedad a reflexionar y trabajar en la construcción de soluciones que aborden de manera integral las problemáticas que muchas mujeres enfrentan. Consideran que la resolución judicial no puede ser el punto final, sino el inicio de un esfuerzo colectivo para fortalecer el acompañamiento y el apoyo a quienes se encuentran en situaciones de desamparo.

El llamado incluye la generación de espacios de diálogo donde se analicen mecanismos de apoyo efectivos. Subrayan la importancia de un compromiso tangible que trascienda la inconformidad y se traduzca en estrategias concretas para proteger tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas.

Dirigentes de estas agrupaciones convocaron a la participación activa de instituciones, empresas y comunidades, así como a las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, plantearon la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen acceso a oportunidades, refuercen los servicios de salud y brinden un acompañamiento integral a la maternidad.

De igual forma, instaron al Congreso local a legislar en favor de un marco legal que brinde protección efectiva a las mujeres y fomente opciones dignas. Asimismo, se solicitó al Poder Judicial estatal garantizar la aplicación justa de las leyes y la salvaguarda de los derechos de las mujeres en todo momento.

El compromiso, afirmaron, debe centrarse en la búsqueda de alternativas que permitan construir un Chihuahua donde ninguna mujer se vea obligada a considerar el aborto como su única opción.

Siete24 en redes sociales

ebv

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Estados

El Punto en Cd. Juárez, refugio y esperanza para 2500 familias deportadas

Ante este panorama, el albergue de El Punto representa una alternativa segura para quienes regresan sin recursos ni redes de apoyo.

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El Punto, Cd. Juárez

Ciudad de México.- El albergue ubicado en la zona de El Punto, en Ciudad Juárez, Chihuahua; ya está listo para recibir a los paisanos y sus familias repatriados desde Estados Unidos. Con capacidad para 2 mil 500 personas, este espacio busca brindar apoyo y atención integral a quienes regresan al país.

El lugar cuenta con instalaciones equipadas para ofrecer electricidad, agua potable, clima controlado, así como asistencia médica y psicológica.

Además, dispone de una biblioteca para fomentar la lectura entre los repatriados.

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El Ejército administrará el comedor, garantizando alimentos suficientes y de calidad. También se contará con personal del Tribunal de la Defensa de los Menores y del Consejo Estatal de Población, quienes brindarán apoyo legal y orientación a los migrantes.

Cabe recordar que en 2016, el papa Francisco visitó este mismo sitio y celebró una misa histórica en favor de los migrantes y refugiados.

Flujo migratorio en la frontera.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, informó que el flujo migratorio en Ciudad Juárez sigue un comportamiento estable. Se estima que entre 80 y 100 personas son deportadas cada tercer día y buscan apoyo en la frontera.

Ante este panorama, el albergue de El Punto representa una alternativa segura para quienes regresan sin recursos ni redes de apoyo.

ARH

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México

Bebidas azucaradas, un factor mortal: 46 mil muertes en 2020

En 2020, México registró 151 mil 19 muertes por diabetes. De ellas, 22 mil 500 estuvieron relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas.

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Bebidas Azucaradas

Ciudad de México.- El consumo excesivo de bebidas azucaradas es una de las principales causas de muertes por diabetes y enfermedades cardiovasculares en México. En 2020, 46 mil personas fallecieron por estas enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos y otras bebidas con alto contenido de azúcar.

Un estudio publicado en Nature Medicine reveló que el 14.9 % de las muertes por diabetes y el 9.2 % de los fallecimientos por males del corazón estuvieron ligados a estos productos. La organización El Poder del Consumidor retomó esta investigación y destacó la grave crisis de salud pública que enfrenta el país.

La diabetes en México ha crecido de manera alarmante en las últimas dos décadas.

En el año 2000, 5.3 millones de personas vivían con esta enfermedad. Para 2022, la cifra se triplicó, alcanzando los 14.6 millones de casos, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Esta enfermedad no solo afecta la calidad de vida de los pacientes: también genera un impacto económico enorme en el sistema de salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que el gasto anual en tratamientos y complicaciones relacionadas con la diabetes supera los 50 mil millones de pesos.

El problema va más allá de los casos diagnosticados. En 2020, México registró 151 mil 19 muertes por diabetes. De ellas, 22 mil 500 estuvieron relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas.

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En el mismo año, las enfermedades cardiovasculares causaron 255 mil 725 muertes: 23 mil 500 de estos casos también se vincularon con estas bebidas.

La suma total de muertes asociadas al consumo de refrescos y bebidas azucaradas en 2020 fue de 46 mil. Esta cifra refleja una crisis de salud pública que requiere acciones urgentes por parte de las autoridades y la sociedad.

Especialistas y organizaciones han alertado sobre la necesidad de reducir el consumo de bebidas azucaradas. Políticas como el etiquetado frontal de advertencia y el impuesto a estos productos buscan frenar el problema, pero la tendencia sigue en aumento.

ARH

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México

México cierra 2024 con economía informal alta: INEGI

La falta de acceso a seguridad social y prestaciones sigue siendo un problema para millones de trabajadores.

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Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 60.8 millones de personas. De ellas, 59.3 millones tuvieron empleo. Sin embargo, 31.8 millones laboraron en condiciones de informalidad.

Según los datos del Inegi, en diciembre pasado, 1.5 millones de personas estaban desempleadas. Esto equivale a una reducción de 109,000 en comparación con el mismo mes de 2023.

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Foto: Cuartoscuro.

En noviembre pasado, la tasa de desocupación también fue de 2.6 %. La tendencia a la baja confirma la estabilidad del empleo en el país.

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Por otro lado, 4.1 millones de trabajadores estuvieron en situación de subocupación. Esto significa que necesitaron más horas de trabajo para mejorar sus ingresos.

El informe destaca que el 53.7 % de la población ocupada se mantuvo en la informalidad. Este porcentaje es similar al de diciembre de 2023.

La falta de acceso a seguridad social y prestaciones sigue siendo un problema para millones de trabajadores. Este sector laboral abarca comercio ambulante, servicios sin contrato y actividades sin regulación fiscal.

El Inegi también reportó diferencias en la participación laboral entre mujeres y hombres. La tasa de mujeres activas cayó 0.3 puntos porcentuales y se ubicó en 46 %.

Refuerzan medidas contra comercio informal durante pandemia
Refuerzan medidas contra comercio informal durante pandemia

En contraste, la tasa de participación de los hombres creció 0.6 puntos porcentuales. Esto reafirma la disparidad de oportunidades en el mercado laboral.

El sector servicios concentró el 45 % del empleo total. El comercio representó el 19.5 %, mientras que la manufactura abarcó el 16.4 %.

Las actividades agropecuarias ocuparon el 9.9 % de la población trabajadora. La construcción tuvo una participación del 7.8 %.

Finalmente, sectores como minería, electricidad, agua y gas registraron el 0.6 %. Otro 0.8 % no especificó actividad laboral.

ARH

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