Ciudad de México.— A prácticamente dos meses de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se cumple el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de los hechos más trágicos de los que se tenga memoria en la historia reciente de México.

Transcurren los últimos días del sexenio, sin respuestas claras en torno a este caso, que se ha convertido en un emblema de colusión y corrupción de autoridades con la delincuencia organizada. Con un presidente de la República insistente en defender la versión oficial en el sentido de que los jóvenes normalistas fueron incinerados y esparcidas sus cenizas en el Río Cocula, y, por otra parte, con pruebas que ponen en duda las declaraciones de decenas de detenidos señalados como responsables de estos abominables hechos, pues al parecer fueron obtenidas con tortura de por medio.

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Tanto los familiares de los normalistas como organismos internacionales de derechos humanos, han señalado la poca voluntad del actual gobierno federal para esclarecer el caso, por lo que no hay más remedio que pasar la estafeta al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá que demostrar con contundencia, su voluntad para tomar el caso en sus manos y crear las condiciones necesarias para cambiar el rumbo y asegurar la tan ansiada verdad y justicia para las familias de las víctimas.

Los hechos

• Los días 25 y 26 de septiembre, previos a la marcha por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco, que se llevaría a cabo el 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos de Guerrero, secuestraron varios autobuses de pasajeros para trasladarse a la capital del país.

• Ya con los autobuses en su poder, los normalistas se dirigieron hacia la Normal de Ayotzinapa, sin embargo, la policía municipal, bajo el mando del entonces alcalde de Iguala del PRD, José Luis Abarca, involucrado con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, detectaron la maniobra de los estudiantes y los persiguieron en busca de frenarlos y recuperar los autobuses.

• El enfrentamiento entre normalistas y policías presuntamente coludidos con el grupo delincuencia de los Guerreros Unidos dejó un saldo al menos tres estudiantes muertos y varios heridos, así como la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

• El entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, anunció que luego de ser detenidos los 43 normalistas, fueron entregados, por instrucciones del alcalde José Luis Abarca, a policías municipales de Cocula, quienes a su vez los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.

• Posteriormente se anunció también la verdad oficial, la llamada “verdad histórica”, que señalaba que los 43 normalistas fueron asesinados y sus cuerpos fueron incinerados y esparcidos en el río Cocula.

• La desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa trascendió fronteras y comenzó una reacción generalizada de rechazo a estos acontecimientos en decenas de ciudades a nivel nacional e internacional.

• Organismos de la sociedad civil, de derechos humanos, medios comunicación y organismos internacionales, manifestaron su repudio contra este hecho.

• A un mes de los hechos, ante el enrarecimiento del clima político, vino la renuncia y fuga del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

• Prácticamente de inmediato, el gobernador de Guerrero por el PRD, Ángel Aguirre Rivero, solicitó también licencia para separarse de su cargo, con el fin de dejar el camino libre para favorecer las investigaciones.

• El 4 de noviembre se logró la captura de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, señalada por sus vínculos con el narcotráfico y los grupos criminales que controlaban a la policía municipal de varias regiones guerrerenses.

• En septiembre de 2015, luego de varios meses de investigaciones, fue presentado el Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

• A prácticamente un año de la desaparición, vino una tajante embestida contra la verdad histórica del gobierno del presidente Peña Nieto, pues se presentaron pruebas científicas que contradecían esta Verdad presentada por la PGR.

• Aportando nuevas evidencias, el GIEI planteó nuevas líneas de investigación, lo que puso en jaque al gobierno federal, perdiendo credibilidad y cayendo en un profundo descrédito.

• Organismos independientes de investigación han sugerido en varios momentos investigar a fin de esclarecer el papel que jugó el Ejército mexicano en estos hechos. Situación a la que las fuerzas armadas se han negado en reiteradas ocasiones.

• Recientemente un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que se señala que la indagatoria realizada por la PGR no fue independiente ni imparcial.

• Los representantes del Poder Judicial resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

• En consecuencia, los magistrados ordenaron reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

• El Protocolo de Estambul es un manual internacional de investigación sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que busca documentar si en las investigaciones realizadas y en las declaraciones obtenidas en casos específicos, hubo tortura de por medio.

• A cuatro años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue sin haber una respuesta satisfactoria para los padres que aún exigen justicia a las autoridades.

• El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha prometido una Comisión de la Verdad sobre el caso.

• Este miércoles 26 de septiembre, a 4 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas se reunirán con el presidente electo.

ebv