La falta de información es clave sobre la desaparición forzada en México, critica la Flacso

México.— La falta de información sobre desaparecidos en México es sistemática y cuando hay es poco verídica, segmentada o auditable. Este hecho, aunado a la impunidad es el principal motivo que impide una operación eficiente en la búsqueda, en la aplicación de justicia y reparación, así como en las acciones que emprenden los miembros de la sociedad civil y las mismas autoridades. 

Así lo evidenciaron académicos, miembros de asociaciones civiles y funcionarios públicos que se dieron cita el pasado 16 de noviembre en la Flacso México en el foro ¿Qué sabemos sobre desaparición en México? quienes coincidieron en que “sabemos más sobre la víctima y poco o nada sobre los perpetradores”. 

El investigador de El Colegio de México, Jacobo Dagoyán dijo que el Estado ha sido incapaz de tener un registro de desaparecidos y ha negado el derecho a la verdad. Incluso desde la Comisión Nacional de Seguridad, representada por Patricia Pérez, se asume que el registro actual de desaparecidos “no permite saber quiénes son las personas desaparecidas, pues es muy deficiente”. 

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Los especialistas señalaron que el problema de la falta de información aumenta exponencialmente con lo que Volga de Pina llama una “desaparición administrativa”,  en la que las víctimas vuelven a desaparecer en la inoperancia de las instituciones, en los trámites burocráticos y en la “pulverización de la información”. “La política está diseñada para permitir que no suceda nada”, aseveró la representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. 

Ejemplo de ello es que desde el MP, las desapariciones se investigan por el delito de privación ilegal de la libertad y eso evita que se detonen los protocolos adecuados, “las desapariciones no se pueden seguir de oficio, las personas no van a ser localizadas desde los escritorios sin un plan de política criminal”, explicó César Contreras de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. 

Desde la gestión veracruzana, el Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la entidad, Luis Eduardo Coronel, dejó más claro lo que en el seminario se debatió: cuando él tomó la Fiscalía había cifras oficiales de 500 desaparecidos mientras que los registros y expedientes hablaban de más de tres mil. 

La ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela Buitrago, dijo que el primer paso para dejar de revictimizar a quienes han sido víctimas de desaparición es que el Estado acepte el problema. “Debe dejarse de lado la esquizofrenia absoluta del Estado y la bipolaridad en todas las entidades del país con una burocracia pasmosa”, consideró. 

“Nos encontramos con un sistema que nos pone muro tras muro para impedir el acceso a los expedientes”, declaró la investigadora de la Flacso México y de la UNAM, Karina Ansolabehere, con lo que coincidieron incluso las voces de la Comisión Nacional de Seguridad al confirmar que “son los familiares y los colectivos de la sociedad civil quienes nos han brindado la información más verídica”. 

Esta circunstancia fue cuestionada por Buitrago cuando aseguró que no es a los familiares a quienes les corresponde dar la información, hacer la búsqueda, ni hacer justicia ni aportar datos que los comprometan a las autoridades porque “ellos lo que deben es estar llenos de miedo”.

¿Quiénes son los perpetradores?

“Antes eran Los Zetas. Hoy tenemos documentado también que es el Estado”, sentenció Dagoyán, lo que fue reafirmado por Patricia Pérez: “las desapariciones de hoy no son como las de años atrás. Hoy cualquier persona puede ser víctima de una desaparición” sin saber quién fue,  lo que derriba el mito difundido oficialmente de que quienes desaparecen “andaban en algo raro”.

Volga de Pina respondió que “no sabemos quiénes son los perpetradores, pero hay que saberlo ya” y continuó: “hay muchas cosas que hoy no sabemos y no sabemos si algún día las vamos a saber”. 

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emc