El uso de recursos públicos (o corporativos) para satisfacciones o ‘lujitos’ personales es completamente reprobable. Es una de las acciones que más destruye la confianza en instituciones por obra directa de los individuos. Y es, al mismo tiempo, muy fácil para las personas creer que merecen esos ‘pellizcos’ que le dan al erario cuando tienen oportunidad.
Lo que recientemente se hizo público con el caso de la senadora que a todas luces ha utilizado su posición para hacer gastos personales con carga al presupuesto de la Cámara Alta es, sin ser complacientes ni minimizando la gravedad de los hechos, una práctica generalizada en todos los sectores de la administración pública e incluso de no pocas organizaciones privadas, aunque estas últimas exigen una reflexión de otra naturaleza.
Algunos de estos actos son en extremo evidentes como comprar con recursos públicos artículos de uso personal; pero se vuelven más sutiles cuando se trata de pagar ciertos servicios cuya necesidad es debatible costear con dinero público o con los emolumentos personales: gastos de representación (alimentos, traslados y hospedajes), servicios de imagen personal (peluquero, maquillista, asesores de imagen), choferes y seguridad privada, consumo ilimitado de gasolina y peajes, servicios de salud y bienestar (nutriólogos, entrenadores, masajistas), formación y educación (capacitaciones, diplomados, entrenamientos, etcétera).
Por supuesto, mucha gente no quiere comparar lo que “roban los políticos” con lo que “toma la sociedad”. Pero pongamos el ejemplo de las conchas sin azúcar, muebles y artículos personales que la senadora cargó al gasto público frente a lo que muchos ciudadanos hicieron al registrar sus automóviles (muchos de lujo) en el estado de Morelos para no pagar tenencia y evitar fotomultas. ¿Cuál actitud provoca una mayor pérdida a los recursos públicos? ¿Cuál es más sancionable moral y públicamente? ¿Qué consecuencias penales puede tener el primero y cuáles el segundo? Y finalmente, ¿cuál estaría dispuesto a hacer usted, querido lector, si tuviera la oportunidad?
Por supuesto, es muy probable que afirme que la primera acción (ser funcionario y aprovechar la posición para cargar al gasto público satisfactores personales) es más grave porque pone todas las alarmas sobre esa persona en el ejercicio honesto y desinteresado de sus responsabilidades: ¿No acaso un funcionario que gasta sin pudor los recursos de la nación puede también pedir una tajada por negocios, licitaciones o adjudicaciones directas? ¿No acaso un servidor público que no se ruboriza al pellizcar la partida presupuestal puede también crear enormes boquetes financieros en deuda o engañosos proyectos de infraestructura con material de cuarta que terminan en socavones mortales? Y ni siquiera estamos hablando de la prepotencia, la impunidad, el fuero o el tráfico de influencias que también podrían considerarse lujitos institucionales.
Pero los ciudadanos de a pie también pecamos del mismo mal: desde la simulación o evasión en el pago de impuestos hasta la innoble recepción de bienes o beneficios económicos a cambio de la venta de la conciencia o del voto. En general no se critica esta actitud, todo lo contrario: se aplaude a aquel individuo que descubre oportunidades de ganancia ocultas para la mayoría de las personas, aún cuando esas oportunidades lindan en la frontera de lo legal, lo legítimo o lo moralmente correcto.
Aceptar un bien que se obtiene de una manera injusta habla de una cultura del agandalle que hace mucho mal a las sociedades donde se le da carta de naturalización. Y hay que reconocer con vergüenza que México ha adoptado este estilo cuya imagen más cruda es la del pernicioso victimismo pegado a la ubre del presupuesto o del grosero acaparamiento de ventajas inmorales, pero perfectamente legales.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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