Ciudad de México.— El gobierno de México reiteró su compromiso “inquebrantable” de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) respondieron al Informe Anual de la organización Human Rights Watch.
Recordar que en su reciente informe anual, Human Rights Watch (HRW) dio cuenta de “graves y reiteradas” violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, así como la impunidad en que permanecen algunos de los casos emblemáticos.
En el reporte sobre México, HRW resalta la decisión tomada por Peña Nieto de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su antecesor, el panista Felipe Calderón, lo que ha derivado en un alarmante incremento de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, sin que haya avances significativos en la sanción a los responsables.
Ante ello, el gobierno señaló que las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así como las recomendaciones emitidas han disminuido, particularmente las referentes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que disminuyeron 76 por ciento de 2012 a 2017 y dichas instituciones son las de mayor prestigio en la opinión pública mexicana.
Asimismo “el Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La Ley General en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017 en todo el territorio nacional, sustituyendo a la ley federal y las leyes estatales”, recordó.
También se ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE); así como la coordinación con las entidades federativas.
Entre las acciones el gobierno mexicano destacó la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 16 de enero de 2018.
“La redacción de la Ley se basó en un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, y se contó con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH)”, recordó.
Sobre el caso Ayotzinapa, el comunicado refiere que el Estado mexicano está plenamente comprometido con su esclarecimiento, así como con la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.
Por ello, “continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva”, añadió.
También reiteró el sólido compromiso de esclarecimiento y sanción a los responsables en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas, además existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.
Por lo que hace al caso de Tlatlaya, “se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos”, explicó.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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