Del 9 al 13 de abril, los obispos de México se reúnen para participar de la 105ª asamblea plenaria en un momento de particular complejidad social y política para el país. Sin dejar de lado el programa de trabajo que vienen desarrollando, los líderes de las comunidades católicas de la República se enfrentan a diversos dramas para los cuales nunca hay suficiente experiencia.

Por supuesto, todos los reflectores se los llevarán los candidatos a la presidencia de la República que visitarán a los obispos. Los políticos presentarán sus ideales y plataformas pero también deberán escuchar las inquietudes de los pastores de una grey aún masiva, fuertemente simbólica de la identidad nacional y sumamente plural.

El episcopado recibirá a los candidatos en plena campaña. Los obispos conocen bien a todos, excepto quizá a Ricardo Anaya, quien se estrena en este foro de por sí complejo para presentar, cual Víctor Frankenstein, las razones de crear un Frente que parece sólo un amasijo de confusiones pragmáticas e ideológicas. El queretano de 39 años tiene contra sí una lectura –ya no digamos inmoral- sino poco ética de su persona pues quedó evidenciado que sólo a costa de traiciones y acuerdos inconfesables ha construido la plataforma de sus ambiciones.

Andrés Manuel López Obrador pisa terreno conocido. Estuvo frente al pleno de obispos en 2006 y en 2012 y sorteó las dudas de los obispos sobre su ‘peligrosidad’ para el país. El tabasqueño carga en su valija no pocas heridas políticas y también su propio golem partidista; pero lleva consigo el argumento irrefutable de que los gobiernos de Calderón y Peña no han resuelto la violencia, la corrupción y la impunidad (donde coinciden todos). El catolicismo practicante y la cercanía pública de sus predecesores con la iglesia católica no fue garantía para hacer permear los principios morales y cristianos en la conducción del país: la normalización de la corrupción, la legal inmoralidad y el nulo compromiso con la dignidad de la vida humana de los últimos dos sexenios han sido más que evidentes. Con todo, López Obrador sigue cargando con el estigma de su extraña personalidad y, para muestra, acude ante los obispos con esa confusión republicana-juarista-cristiana como su estandarte moral.

A José Antonio Meade se le conoce bien y se le reconocen sus buenos oficios al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; pues con su gestión mejoraron sustancialmente las relaciones entre la Santa Sede y México; y, por ende, con el cuerpo colegiado del episcopado nacional. Sin embargo, la madurez institucional alcanzada en un despacho se convirtió fácilmente en perfidia política cuando se traicionó la palabra (“Las causas del Papa son también las causas de México”, dijo Peña a Francisco sólo para trabajar 15 días después iniciativas que molestaron a los obispos) y cuando el gobierno peñista tomó ventaja una y otra vez de esa buena voluntad. Pero si a Meade se le reconoce el oficio y la técnica, se le cuestiona el liderazgo o la capacidad de controlar a un partido que suma 22 gobernadores cuyas administraciones han dañado los recursos públicos sólo durante la gestión de Peña Nieto. Incluso, sobre Meade pesa la duda razonable de que sea capaz de romper la cadena de impunidad con el gobierno del que form
ó parte y que está obligado a responder por casos de corrupción (institucionalmente encubiertos) como los de PEMEX-Odebrecth, la ‘Estafa maestra’, el espionaje ‘Pegasus’, la Casa Blanca, etcétera.

Para Margarita Zavala, el encuentro con los obispos no anticipa tensión. Ni su catolicismo militante está bajo duda ni su trayectoria acusa baches. Pero sin partido, sin estructura y sin definiciones sobre ese feminismo conservador que predica, parece que la presencia de la abogada tiene mucho más de cortesía que de posicionamiento. Como siempre, Zavala carga con los éxitos y fracasos de la administración de Felipe Calderón; está, por supuesto, la sombra de fraude y el ‘haiga sido como haiga sido’ (incompatibles con la doctrina social cristiana); pero, el Waterloo calderonista con el país y el episcopado mexicano es la enorme mancha de violencia que despertó el único presidente que se ha vestido de militar desde la Guerra Cristera y que triplicó los asesinatos de sacerdotes en México.

Ahí están los entretelones de la agenda política sin descartar que los obispos recibirán al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, quien inquirirá diplomáticamente “qué ocurrió” antes, durante y después de la reciente reunión del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con miembros del narcotráfico. Una acción pastoral que a todas luces cuestiona la capacidad rectora del Estado mexicano y evidencia el dominio de la corrupción que ha permeado todas las estructuras legítimas y legales del orden y la administración pública. Y que, al mismo tiempo, da cuenta de los recursos con los que aún cuenta la iglesia católica –autoridad y argumentos- para establecer diálogo y compromisos a favor del respeto a la dignidad de la vida humana, a las familias y a las libertades.

Es claro que los obispos mexicanos advierten que en todo el espectro social, político y cultural se requieren definiciones inaplazables para desterrar la violencia, la corrupción y la impunidad. En su mensaje conjunto frente al proceso electoral en marcha, los ministros católicos urgen “a trabajar comprometidamente por un México más próspero y pacífico, más solidario y participativo, más atento al rostro de los más pobres y menos cómplice de quienes los olvidan, los manipulan o los marginan”. Por supuesto, los procesos electorales son indispensables para alcanzar este deseo, pero no sólo y esa posibilidad sólo está en la ciudadanía.

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