México. — En el marco de la Iniciativa Mérida y de acuerdos recientes entre los gobiernos de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, funcionarios estadounidenses instalan “kioscos” en la frontera sur de México, en estados como Chiapas, para recabar datos biométricos de migrantes centroamericanos y tener un mayor control sobre los flujos de personas que intentan cruzar hacia el vecino país del norte.
De acuerdo a un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dicha iniciativa es Financiada por la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL) del Departamento de Estado y el secretario adjunto de Defensa en materia de lucha contra el narcotráfico y las amenazas globales—para obtener quioscos de recogida de datos biométricos.
Además de los “kioscos” que funcionarán en las garitas y zonas de tránsito de migrantes en la frontera sur de México, también se instalarán en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Los funcionarios estadounidenses priorizan la recogida de datos biométricos (huellas digitales, fotos, y descripciones físicas) para ayudar a México a ser más consciente de quiénes están cruzando y para obtener alertas tempranas sobre individuos que tengan vínculos con el crimen organizado o el terrorismo (en especial de países fuera del hemisferio oeste) que puedan estar dirigiéndose a los Estados Unidos”, se destaca en el informe.
No es un proyecto nuevo, aunque con la administración de Donald Trump se busca fortalecer como parte de las medidas para frenar la migración de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos.
En el sexenio anterior, de Felipe Calderón, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) asignados a Chiapas, revelaron a The Éxodo que se intentó un programa para recabar muestras de sangre y saliva entre los migrantes centroamericanos que cruzaban hacia México, con el pretexto de que en caso de que desaparecieran o murieran, fuera más fácil su identificación.
“Obviamente el plan fracaso, a pesar de las presiones de Estados Unidos, por las implicaciones que tenía ello en materia de derechos humanos. Ello a pesar de que inicialmente la toma de muestras era voluntaria”, indicó un funcionario de la PGR quien pidió no citar su nombre y cargo.
El plan de Estados Unidos para “blindar” la frontera norte ha tenido varias fases. La Iniciativa Mérida y más recientemente, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Plan Frontera Sur, el cual ha endurecido los controles migratorios y está obligando a cientos de miles de migrantes centroamericanos a buscar nuevas rutas, más peligrosas, más expuestos al crimen y con mayores costos económicos, comenta el vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa.
El plan de los “kioscos” biométricos inició en 2011. Pero resultaron ser inadecuados para la tarea: no estaban conectados en red, de modo que toda la información que recogían se quedaba en sus discos duros individuales, principalmente en Tapachula, Chiapas, agrega el informe denominado “La Frontera Sur de México: Seguridad, Migración Centroamericana y Políticas Estadounidenses”.
Los nuevos equipos, principalmente computadoras portátiles adaptadas, estarán conectadas en red con la Ciudad de México, y la información sobre individuos detenidos se compartirá con el Sistema de Identificación Biométrica Automatizado (IDENT) del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, que alerta a las autoridades mexicanas si se encuentra una coincidencia.
El costo total de este programa, avalado por el gobierno de México, será de 88 millones de dólares, de ellos 74 millones los asigna el Departamento de Estado y 14 millones el Departamento de Defensa, indica Adam Isacson, Coordinador Principal del Programa de Veeduría de Defensa de WOLA.
Asimismo, la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública y el Departamento de Defensa de Estados Unidos están financiando un proyecto de telecomunicaciones por valor de 75 millones de dólares para mejorar las comunicaciones seguras entre las agencias mexicanas que trabajan en dieciocho estados del sur de México.
Ello “se hará principalmente mediante la instalación de torres de comunicación celular a lo largo de la despoblada zona fronteriza sur para que los agentes de seguridad y migración puedan hablar los unos con los otros”.
Cabe destacar que actualmente, la mayor parte de la zona fronteriza—incluidos casi todos los 65 kilómetros de carretera entre Tenosique y Guatemala—no cuenta con un servicio de telefonía móvil. Este programa ha erigido 12 torres hasta la fecha, todas ellas en puestos navales mexicanos.
Además, se prevé fortalecer el apoyo de Estados Unidos al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, con programas de formación que apuntan a mejorar el profesionalismo de los agentes.
En la última reunión entre los presidentes Obama y Peña Nieto en julio de 2016, los gobiernos anunciaron su intención de desarrollar un programa de formación para agentes del INM que “mejoraría la capacidad del INM para identificar y entrevistar a las poblaciones vulnerables” y “además incluiría mejores prácticas de repatriación y la prestación de servicios a migrantes”. En una reunión en la
De hecho, la primera ronda de esta formación comenzó a finales de mayo de 2017, con la participación de 30 agentes del INM en un programa piloto de un mes.
En los centros de detención de migrantes más grandes de México en Tapachula, Chiapas y Acayucán, Veracruz, el INL también ha apoyado la presencia de “mentores”: agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection, CBP) o la Oficina de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) que permanecen allí para asesorar sobre procedimientos operativos estandarizados, para asistir en el intercambio de información, y para coordinar en los casos de migrantes procedentes de países de fuera del hemisferio oeste que sean “de interés” debido a la actividad terrorista.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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