Brownsville.- El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró no culpable de los cargos de participar en una confabulación del crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y recepción de sobornos, entre otros.
Yarrington, de 61 años de edad, compareció este jueves por segunda ocasión ante un juez en la Corte Federal de Brownsville, Texas, Estados Unidos, tras haber sido extraditado de Italia el pasado viernes.
El exgobernador decidió desatender una petición del abogado defensor que le fue asignado por la Corte, Carlos Noé Monarrez, para que se pospusiera la audiencia de detención a fin de tener tiempo de revisar el cúmulo de información relacionada con el caso.
El juez federal Ronald Morgan, decidió entonces continuar con la audiencia de detención. Yarrington renunció a que se le leyera la acusación y optó por declararse no culpable de los 11 cargos emitidos en su contra por un gran jurado en mayo de 2013.
El juez Morgan ordenó entonces que el exgobernador permanezca detenido sin derecho a fianza al considerar que no existen condiciones que razonablemente aseguren la comparecencia del demandado en otros procedimientos judiciales.
Monarrez, el abogado defensor de oficio asignado a Yarrington, había preparado una moción pidiendo a la Corte posponer la audiencia.
En la moción, Monarrez argumentaba que el caso le fue asignado apenas el pasado 24 de abril y que en el curso de su preparación para la audiencia de detención de este jueves fue notificado de que existe información significativamente relevante y que necesitaba de más tiempo para poder revisarla.
Yarrington, sin embargo, optó porque el procedimiento prosiguiera sin atender la recomendación de su representante, aun cuando fue el propio exgobernador quien el pasado lunes, en la primer audiencia, solicitó al juez se le asignara un defensor de oficio.
El juez le advirtió entonces y le volvió advertir este jueves, que, si en un futuro llegaba a contratar a su propio abogado, tendría que devolver a la Corte el dinero para pagar al abogado designado.
Al final de la audiencia, el juez Morgan emitió un documento que establece un calendario para el desarrollo de los procedimientos judiciales que estarán en el futuro a cargo de la juez federal Hilda Tagle y fija el inicio del juicio contra el exgobernador para el próximo 8 de junio, con la selección del jurado.
En el documento, el juez estimó que el juicio podría prolongarse durante 20 días con sesiones diarias de cinco horas y media.
Yarrington, quien fue alcalde de la limítrofe comunidad fronteriza de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017, tras cuatro años de permanecer prófugo de la ley.
El exgobernador fue extraditado a Estados Unidos el pasado viernes, para enfrentar las acusaciones presentadas por un gran jurado en 2013 ante la Corte Federal en Brownsville. La acusación de 53 páginas, imputa a Yarrington el haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje (RICO), para lavar dinero, cometer fraude y de hacer declaraciones falsas a los bancos estadunidenses
Yarrington está acusado de haber aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico desde que era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998 y haber mantenido su colaboración con estos grupos a lo largo de todo su mandato.
El exgobernador también está acusado de haber trabajado desde 1998 para tres cárteles del narcotráfico, incluyendo al cártel del Golfo, los Zetas y el cártel de los Beltrán Leyva, todos los cuales en distintos momentos lucharon entre sí.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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