Un Juez solicitó que Cristina Fernández de Kirchner sea despojada de su inmunidad como legisladora para poder ser detenida

Buenos Aires.—  El juez Claudio Bonadio ordenó la detención y el inicio de un proceso de desafuero contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien la semana pasada juró en su nuevo cargo como senadora.

En una resolución que provocó un revuelo político, Bonadio dictó la prisión preventiva de la exmandataria, lo que sólo puede ocurrir previo desafuero en el Senado.

 

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El juez la acusa del delito de “traición a la patria”, encubrimiento agravado y obstrucción de un acto judicial por haber firmado un Memorándum con el gobierno de Irán para avanzar en la investigación del ataque terrorista ocurrido en 1994 en un centro comunitario judío de Buenos Aires, que dejó 84 muertos.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo ataque contra judíos de Argentina, después de que 84 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, también sin esclarecer.

Bonadio dictó otros procesamientos, y varios de ellos con prisión preventiva, entre los que figuran el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D’Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al ex canciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.

Zannini fue detenido esta madrugada en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, y D’Elía en su domicilio de la localidad bonaerense de Laferrere.

Jorge “Yussuf” Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, también fue arrestado.

Nisman aseguraba que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

Tras la muerte del fiscal, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con eje en el polémico acuerdo, y dirigida por Bonadio.

Es así que por este expediente, en los últimos meses, los imputados ya debieron acudir a declarar como investigados ante el juez.

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“No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra”, expresó Fernández en un escrito presentado ante Bonadio.

La exmandataria, implicada en múltiples causas judiciales, la mayoría por corrupción, obtuvo un escaño de senadora en los comicios legislativos del 22 de octubre y juró su cargo el pasado 29 de noviembre, lo que le otorga fueros parlamentarios y la imposibilidad de ser detenida.

La Cámara Alta deberá decidir ahora si atiende la solicitud de Bonadio de despojar a Cristina Fernández de esos privilegios, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) acusa desde hace tiempo al gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, de usar el Poder Judicial para perseguir opositores y de querer un “Parlamento sumiso” donde los legisladores voten lo que los oficialistas quieren.

La expresidenta no puede ser detenida por ahora gracias a los fueros que tiene como senadora, cargo que comenzará a ejercer el próximo domingo, cuando se renueva el Congreso argentino.

Sin embargo, la orden de Bonadio intensifica la presión judicial que hay contra Fernández de Kirchner con varias causas que ella considera parte de una persecución política y judicial en su contra.

AGP