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4 de cada 10 cancelaciones de Comprobante Fiscal Digital Impreso llegan por sorpresa a las empresas
El emisor del CFDI debe enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal del SAT o de un proveedor certificado.
Ciudad de México.- Un nuevo sondeo de Box Factura, realizando entre PyMEs mexicanas revela que al menos un 38% de las facturas canceladas llegan de forma sorpresiva a las empresas.
Esta situación está encendiendo focos rojos, considerando que el procedimiento de cancelación de los CFDI (Comprobante Fiscal Digital Impreso) cambió para 2022, en comparación con el de 2021 y que las sanciones por incumplimiento de la nueva normativa también se han incrementado.
En el marco de la reforma fiscal 2022, ahora es necesario señalar el motivo de la cancelación de las facturas y documentar ante la autoridad el motivo de cancelación de cada CFDI. El año pasado, para sustituir un CFDI, primero se cancelaba y posteriormente se emitía uno nuevo. Ahora, es al revés: primero se emite el nuevo y luego se cancela el anterior.
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De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el nuevo procedimiento de cancelación de CFDI en 2022 se ha hecho más complejo.
El emisor del CFDI debe enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación.
Al momento de realizar la cancelación se deberá indicar los motivos de la cancelación, existen varias posibilidades:
Clave “01” Comprobantes emitidos con errores con relación.
“02” Comprobantes emitidos con errores sin relación.
“03” No se llevó a cabo la operación.
“04” Operación nominativa relacionada en una factura global.
Por ejemplo: Al realizar la sustitución del comprobante por uno nuevo, se deberá señalar la clave “01” (Comprobantes emitidos con errores con relación) y aclarar al SAT el folio fiscal del nuevo comprobante sustituirá al cancelado.
Para la aceptación de la cancelación, el receptor de la factura, recibirá un mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancelación. Y es en este punto donde se complica la labor de cumplimiento para las empresas.
“Desafortunadamente, la forma en la que SAT envía actualmente las notificaciones no contiene información suficiente para saber de qué factura se trata, por lo que es necesario entrar a un sistema secundario para hacer el cruce y entender de qué factura se trata e invertir grandes cantidades de tiempo y recursos humanos en investigar el detalle de porqué se cancela un CFDI”, señala Rafael Soto, CEO de Box Factura.
Posteriormente, el receptor tiene la obligación de manifestar su aceptación o rechazo de la cancelación, también a través del Portal del SAT o bien a través de un proveedor de certificación dentro de tres días hábiles a partir de la emisión de la solicitud. Si el receptor no emite respuesta, se considera como una positiva ficta y la factura es cancelada; en los casos en que la cancelación no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancela de manera inmediata.
Para evitar multas y problemas con el SAT, las empresas enfrentan la necesidad enterarse oportunamente cuando una factura está cancelada, pero un gran desafío secundario es notificar a todas las personas de la organización que deben tener conocimiento de estas cancelaciones (contralor, contador, departamento de compras, auditoría).
Esta situación frecuentemente puede detonar fricciones innecesarias con proveedores y/o clientes, lo que no abona a un buen clima de negocios para las empresas mexicanas y las orilla a destinar más recursos humanos para solventar esta coyuntura.
Resulta especialmente delicado, ya que los CFDIs deben ser cancelados en el mismo ejercicio fiscal en el que se expidan y si se cancelan por ingresos, se debe documentar detalladamente.
El sondeo de Box Factura, indica que típicamente un 4 de cada 10 (38%) de las cancelaciones de CFDI llegan sorpresivamente y que para evitarlo las PyMEs que han logrado bajar esta cifra a un 5% o menos, es porque en promedio invierten 1.7 salarios adicionales en personas con formación fiscal y contable para revisar la metadata de SAT, buscando cancelaciones manualmente.
Para los emprendedores es más complicado, es posible que tanto el contador como el microempresario puedan darse cuenta hasta fin de mes de la cancelación de los CFDIs, cuando ya no se puede refacturar y además de perder el IVA, habrá una penalización por parte de las autoridades.
Lamentablemente, actualmente la multa por una factura mal cancelada puede estar entre 5 y 10% del monto total al que ascienda la factura. Box factura recomienda la digitalización de procesos de la gestión contable: una forma para minimizar riesgos y reducir costos de personal puede ser con el apoyo de soluciones tecnológicas, tanto emprendedores como PyMEs, necesitan plataformas que permitan automatizar estas tareas y recibir alertas oportunas sobre cada detalle que represente un riesgo financiero. “Si usamos la tecnología a nuestro favor.
Por ello, tendremos un mejor control sobre nuestras facturas, vamos a lograr una administración más limpia y un mejor cumplimiento, y lo que es mejor: dedicar menos recursos a temas fiscales y contables, y tener más tiempo para el core business”, asegura Rafael Soto, CEO de Box Factura
ARH
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Banxico ajusta tasas: ¿Cómo impactará a tu bolsillo?
Ciudad de México.— La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) redujo en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, ubicándola en 10%, efectiva a partir del 20 de diciembre de 2024. Este movimiento representa el cuarto recorte consecutivo aplicado en la misma magnitud.
De acuerdo con el anuncio de política monetaria, la decisión se basó en la reducción de la inflación general, que pasó de 4.76% en octubre a 4.55% en noviembre. Asimismo, la inflación subyacente, indicador que refleja con mayor precisión la tendencia inflacionaria, descendió de 3.80% a 3.58% en el mismo periodo.
El banco central señaló que, aunque la inflación subyacente sigue mostrando una tendencia a la baja, persisten presiones en el rubro de servicios, cuyo descenso ha sido moderado. Por otro lado, la inflación de mercancías alcanzó niveles bajos. Las expectativas inflacionarias para el cierre de 2024 disminuyeron, mientras que las correspondientes a 2025 y a largo plazo permanecen por encima de la meta del 3%.
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Banxico espera que tanto la inflación general como la subyacente mantengan una tendencia descendente. Sin embargo, ajustó sus proyecciones debido a la persistencia en la inflación de servicios, estimando que la inflación general convergerá a su meta hasta el tercer trimestre de 2026.
Banxico advirtió sobre posibles riesgos que podrían afectar las previsiones inflacionarias, entre ellos la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos a importaciones mexicanas, lo que generaría presiones inflacionarias en ambos países. Otros riesgos incluyen la persistencia de la inflación subyacente, la depreciación del tipo de cambio, presiones de costos, afectaciones climáticas y disrupciones derivadas de conflictos geopolíticos o políticas comerciales.
En el ámbito económico, la Junta de Gobierno destacó que, tras un periodo de marcada debilidad, la economía mostró una mayor expansión durante el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, anticipa atonía en el cierre del año y en 2025. En cuanto al mercado laboral, el empleo registró una desaceleración, y el balance de riesgos para la actividad económica sigue inclinado a la baja.
ebv
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Mexicana, acumula pérdidas millonarias en menos de un año de operación
Actualmente, movilizar a un pasajero le cuesta a la aerolínea 4,484 pesos, mientras que ingresa tan solo 927 pesos por cada boleto vendido.
Ciudad de México.- La aerolínea Mexicana, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha registrado pérdidas superiores a los 932 millones de pesos durante los primeros tres trimestres de 2024.
Informes financieros de la empresa revelan que, entre enero y octubre, la aerolínea ha requerido subsidios por mil 175 millones de pesos, cifra que supera cinco veces los ingresos generados por venta de bienes y servicios en el mismo periodo.
Por ello, Mexicana ha reportado ingresos por 243 millones de pesos en los primeros nueve meses del año.
Sin embargo, esta cantidad apenas cubre el 20 por ciento de sus gastos operativos, que incluyen alquiler de aeronaves, pago de turbosina y salarios al personal.
Actualmente, movilizar a un pasajero le cuesta a la aerolínea 4,484 pesos, mientras que ingresa tan solo 927 pesos por cada boleto vendido.
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Entre los gastos destacados se encuentran pagos anticipados a TAR, la empresa que alquila aeronaves a Mexicana, y un depósito de más de 100 millones de pesos a SAT Aero Holdings, firma que mantiene una demanda activa contra la paraestatal en tribunales de Estados Unidos.
La aerolínea ha enfrentado retos como niveles de ocupación que no superan el 60 por ciento, muy por debajo del promedio del 85 por ciento que registra la industria aérea en México.
Pese a ello, Mexicana ha logrado mantenerse operativa gracias a subsidios canalizados por la Sedena, los cuales ascienden a mil 474 millones de pesos al tercer trimestre, pese a no estar contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pérdidas millonarias cada 24 horas.
Mexicana pierde aproximadamente 10 millones de pesos al día. Para dimensionar esta cifra, sería suficiente para adquirir 20 casas de interés social con un valor promedio de 500 mil pesos cada una. Esto equivale a 560 viviendas al mes.
Con un panorama económico complicado y altas dependencias de recursos públicos, la viabilidad de Mexicana como aerolínea estatal enfrenta serios cuestionamientos en su primer año de operación.
ARH
Ciudad de México.— Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Silla, que obliga a las empresas proporcionar asientos a sus trabajadores.
De esta manera, inició el periodo de transición de 180 días naturales que estipula la ley para que las empresas cumplan sus obligaciones.
Todos los trabajadores deberán contar con un asiento con respaldo en su totalidad a partir del 17 de junio del 2025.
Posteriormente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará con 30 días para emitir la normatividad correspondiente.
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La Ley Silla obliga a las empresas a otorgar una silla con respaldo a los trabajadores para el descanso durante la jornada laboral.
El marco regulatorio también prohíbe a los empleadores obligar a las personas a permanecer de pie la totalidad del horario de trabajo en una postura vertical.
Por otra parte, las empresas deberán destinar un área específica en el centro de trabajo para las sillas, y además, el uso de los asientos y los periodos de descanso deberán regularse a través del reglamento interno de trabajo.
La Ley Silla está dirigida a centros de trabajo del sector de servicios, comercio y análogos. En el caso de las empresas de corte industrial, las disposiciones sólo podrán ser exigibles cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
Aunque el tema puede ser nuevo en México, existen economías como España, Chile y Argentina que tienen marcos legales en la materia desde principios del siglo XX.
Busca la Ley Silla reducir daños en salud de trabajadores
Un documento del ministerio de Trabajo de España explica que estar de pie es una postura natural, por lo que no representa por sí misma un problema de salud.
Sin embargo, tras un largo periodo se reduce el suministro de sangre a los músculos de las piernas, la espalda y el cuello. Esto provoca dolor en las zonas.
Esta fatiga desaparece con el reposo. Pero si este no se realiza o es insuficiente pueden llegar a desarrollarse trastornos musculoesqueléticos.
Estar de pie de forma prolongada y frecuente, sobre todo cuando no existe la opción de movimiento, hace que la sangre se acumule en las piernas y los pies, lo que puede derivar en varices.
El estar en una postura erguida mucho tiempo también hace que las articulaciones de la columna, las caderas, las rodillas y los pies se inmovilicen. Esto puede conducir posteriormente a enfermedades reumáticas debido al daño degenerativo de los tendones y ligamentos.
Incluso, Peter Smith, investigador del Instituto de Trabajo y Salud de Toronto, Canadá, advierte que una postura erguida por mucho tiempo aumenta el riesgo cardiovascular.
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JAHA
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Nuevas reglas para Uber, Didi y Rappi: ¿Qué cambiará para conductores y repartidores?
Ciudad de México.— La reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Unión que regula a las plataformas digitales en México y su inminente publicación en el Diario Oficial de la Federación ha generado un amplio debate en el sector empresarial y los trabajadores.
Esta legislación, enfocada en mejorar las condiciones laborales de los colaboradores de apps como Uber, Didi y Rappi, plantea retos para las empresas que operan bajo este modelo de negocio.
La reforma incorpora reglas al modelo de trabajo en aplicaciones, como criterios para el acceso pleno a la seguridad social y derechos laborales, o reglas para el pago de PTU. Por su parte, los repartidores y conductores de apps deberán respetar los mecanismos y sistemas de las plataformas digitales para el seguimiento de la conexión y de las horas laboradas, y en su caso para la comunicación con la aplicación; atender las políticas de protección de datos y restricciones de sobre su uso; abstenerse de prácticas de discriminación y acoso sexual u otros actos relacionados.
Una vez que se promulgue la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrará en vigor 180 días después de su publicación. Después de esto, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá cinco días para publicar las reglas de carácter general para la afiliación de repartidores y conductores, y una vez realizado esto, la autoridad de seguridad social contará con 180 días para realizar un programa piloto de aseguramiento obligatorio.
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“Uno de los principales beneficios de la reforma es la claridad regulatoria que ofrece tanto a las empresas como a los trabajadores. Con la definición de derechos laborales como el acceso a la seguridad social, prestaciones y horarios establecidos, las empresas pueden operar dentro de un marco legal más transparente y evitar posibles sanciones por incumplimientos”, explica Jesús Moscoso, abogado especialista en materia laboral y CEO de ESSAD, firma especializada en la gestión de talento humano.
Por ejemplo, plataformas como Uber ahora tienen lineamientos claros sobre cómo integrar a sus conductores al sistema de seguridad social, lo que no solo beneficia a los trabajadores, sino que también mejora la percepción de la marca ante los consumidores.
“De acuerdo con un estudio de Nielsen, especializada en el estudio de consumo, siete de cada 10 consumidores deciden conscientemente adquirir un producto ‘socialmente responsable’ aunque cueste más”, afirmó Moscoso.
Además, la reforma podría incentivar la formalización del empleo en un sector tradicionalmente caracterizado por la informalidad.
“En el caso de México, donde más del 55% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, este avance podría ser un primer paso hacia una economía más equilibrada”, agregó Fernando Rojas, socio CEO de ESSAD.
Sin embargo, la reforma también trae consigo retos significativos. Uno de ellos el aumento en los costos operativos para las empresas. Incorporar a miles de trabajadores al sistema de seguridad social y otorgar prestaciones como aguinaldo o vacaciones implica un gasto adicional que podría impactar en la rentabilidad de las plataformas.
Empresas como Rappi han advertido que podría ser necesario ajustar sus tarifas para cubrir estos costos, lo que podría desincentivar a algunos usuarios. Además, está el reto logístico de garantizar el cumplimiento de la legislación en un país tan diverso como México, donde las condiciones de trabajo y las necesidades de los colaboradores varían considerablemente entre regiones.
“Otro desafío importante es la resistencia al cambio tanto de las empresas como de algunos trabajadores. Muchas plataformas han defendido su modelo de trabajo independiente, argumentando que les da flexibilidad a los colaboradores. Con la reforma, los conductores y repartidores podrían percibir la pérdida de cierta autonomía, especialmente si se establecen horarios fijos o metas obligatorias”, señaló Rojas.
Las sanciones por incumplimiento van de 250 a 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, dependiendo del caso. Es decir, multas que van desde los 27 mil 142.50 pesos, hasta los 2 millones 714 mil 250 pesos.
ebv
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