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Opinión

Abusos en la Iglesia, el nudo por desatar

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Dijo Orson Welles que, si deseamos tener un final feliz, eso dependerá del lugar donde detengamos la historia. Con el caso de los abusos sexuales cometidos por ministros o agentes de la Iglesia católica pasa algo semejante, el final de este terrible escándalo depende del sitio en el que pongamos la mirada.

A una semana de la cumbre mundial convocada por el papa Francisco en el Vaticano que reunirá a los presidentes de conferencias episcopales para abordar el tema de los abusos sexuales de la Iglesia católica; en México, el nudo dramático está aún lejos de haber sido resuelto.

Si bien es cierto que, en lo particular algunas diócesis mexicanas y congregaciones religiosas han realizado esfuerzos para atender, prevenir y resolver los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero; los mayores avances en esta materia se han dado en los últimos tres años y eso es lo que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, lleva en su valija para compartir con sus homólogos en la cumbre.

Ya se cuenta con protocolos muy claros de actuación para obispos o superiores de congregación cuando un caso de estos les hace crisis en las manos; hay un organismo de protección al menor (el Centro de Investigación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME); hay organismos católicos cuyo principal esfuerzo es prevenir este crimen y certificar que colegios e instituciones eclesiales sean “espacios libres de agresión y abuso”; se han logrado diálogos y encuentros con víctimas y defensores de víctimas de abuso sexual y; de lo más radical, se han puesto las condiciones para que la propia Conferencia asuma facultades de acción e intervención en aquellos obispados cuyas autoridades se vean rebasadas para dar sano seguimiento a estos actos criminales.

Es un avance, sin duda alguna, que finalmente el episcopado mexicano tenga una idea del tamaño del problema de abuso sexual en los márgenes de las instituciones católicas del país. Por primera vez, desde los primeros escándalos en México, una autoridad eclesiástica expone un escenario con datos concretos sobre el fenómeno: 152 sacerdotes suspendidos del ministerio desde 2010 por casos de pederastia.

Para las autoridades eclesiásticas, el conocimiento real del problema es una tarea indispensable; incluso el arzobispo Cabrera López deja entrever que en la próxima cumbre el papa Francisco podría solicitar a cada país un centro de información general de lo que sucede en sus diócesis.

En el pasado, sólo las organizaciones de abogados representantes de víctimas de abuso sexual presentaban estimados del número de ministros religiosos culpables de estos delitos; muchas veces mal integradas o con evidentes faltas. En 2005, por ejemplo, la Red de Sobrevivientes de Abusos cometidos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) afirmó que había 40 curas acusados de abuso sexual refugiados en México y en 2010, incrementó su lista a 65 ministros.

Ha sido, no obstante, la cooperación de la Nunciatura apostólica dirigida por el italiano Franco Coppola la que ayudó a la CEM a tener los datos de los 152 sacerdotes suspendidos pues, la sanción canónica exige que cada caso pase por la nunciatura para ser enviado al Vaticano, tanto a la Congregación para el Clero como en la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se definen las sanciones de suspensión definitiva del ministerio a los sacerdotes hallados culpables de los delitos de abuso sexual.

Nos encontramos ante una apertura y transparencia inéditas tanto de la Nunciatura como de la Conferencia de Obispos. El propio arzobispo Cabrera López reafirma que la Iglesia católica tiene un deber con la sociedad para exponer con claridad cómo está el panorama real de abusos cometidos por sacerdotes.

Finalmente se ha desatado un gigantesco nudo de desconocimiento u ominoso silencio en la Iglesia católica mexicana sobre este terrible flagelo y, como apuntó Welles, podría ser un final satisfactorio si nos detenemos en este punto; sin embargo, el hilo narrativo ahora se extiende hacia otros complejos escenarios: ¿Qué sugerencias emitió la Nunciatura desde 2010 -por lo menos- a los obispos que suspendieron a sacerdotes por pederastia? ¿Cómo actuaron cada diócesis o congregación religiosa con los casos de abuso sexual? ¿En qué casos los culpables fueron llevados a la justicia civil, en cuáles no y por qué? ¿En qué casos se llegó a acuerdos económicos y cómo se ha procurado ‘reparar’ el daño a las víctimas? ¿Actuarán las diócesis mexicanas como lo han hecho episcopados en otras partes del mundo abriendo sus archivos al escrutinio público? ¿Cómo evitar el descrédito de aquellas iglesias particulares cuya actuación frente a estos casos fue, cuando menos, inhábil y, cuando más, cómplice?

Si nos detenemos justo detrás de los actos criminales poco podemos hacer para prevenir otras circunstancias futuras. Pero también se cae en el error cuando se detiene el relato en el momento en que la institución concreta protocolos anti-abusos, revela cifras y datos de agresiones, transparenta sus casos, reprende a sus victimarios o satisface las búsquedas de justicia solicitadas por las víctimas. Parece que todo se ha dicho y cumplido, pero corremos el riesgo de dejar todo en una compleja anécdota.

Lo mismo sucede en la sociedad. Quizá este largo y doloroso proceso para la Iglesia católica satisfaga en cierta medida la conciencia de la sociedad respecto a la cultura de abusos sexuales (la gran mayoría cometidos en el seno del hogar); pero si algo puede enseñar esta historia es que estos crímenes pueden decantar en más dolor o pueden construir en iluminación y crecimiento. Lo más importante no es quedarse en la atención de las crisis (que pueden ser más o menos cíclicas) sino en crear fuentes de formación y aprendizaje continuo, el establecimiento de medidas de prevención y de permanente evaluación y supervisión de los espacios de convivencia. Sí, de todos los espacios de convivencia social.

@monroyfelipe

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Felipe Monroy

Terrorismo: comunicar el miedo

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En el fondo, no es necio el debate que se plantea respecto a la ‘categorización’ como terrorismo o delincuencia organizada de la explosión de un coche bomba frente a los cuarteles policiacos y militares en Coahuayana, Michoacán. El terrorismo, además de ser un acto atroz contra la integridad humana, siempre tiene un cariz propagandístico: desea comunicar un miedo específico en la población, en las autoridades o en los espectadores ajenos. Además, el problema hoy con el concepto es que ha tomado un significado más ingrato para la administración y el poder institucional retado por los ‘terroristas’.

La definición actualizada sobre la categoría del ‘terrorismo’ se la debemos en este siglo a los Estados Unidos quienes en su crisis interna mezclaron estos actos aparentemente inmotivados con propaganda del miedo, debilidad de las instituciones de seguridad, hipervigilancia y hasta la vendetta como principio de justicia. En principio, los actos terroristas se pueden dimensionar formalmente por el grado de afectación real en daños humanos, materiales o funcionales; pero lo que trasciende son las heridas narrativas y psicológicas que suelen ser mucho más profundas, de fronteras inasibles y que redefinen el espacio público y la vida cotidiana de la gente.

El terrorismo no es tanto un acto contra el poder o la autoridad como una declaración manifiesta de la vulnerabilidad de la lógica operativa y funcional de un Estado. Los actos terroristas pueden en apariencia estar inmotivados y ser inconsecuentes con las búsquedas objetivas políticas o prácticas de sus perpetradores; pero el trastocamiento de la vida social e institucional, de ahí donde han agredido, es quizá su principal éxito.

Paradójicamente, si en razón del pánico causado, los ciudadanos intercambian libertades por seguridad percibida; entonces es el Estado consolida su alcance y dominio de la vida social. Esto se traduce en una ‘naturalización del poder’, es decir, que los mecanismos de control se normalizan como necesarios o naturales en el espacio público o incluso en la vida privada de los ciudadanos oscureciendo su carácter político. En palabras duras podríamos decir que los actos terroristas no derrocan al poder, sino que terminan esclavizando a la ciudadanía bajo un poder que, en una paranoia de autopreservación, reestructura la vida social y las libertades de una ciudadanía apanicada, mientras se construyen plataformas políticas que legitiman el miedo persistente.

Lo que hay que preguntarse respecto a la categorización del coche bomba como acto terrorista no sólo implica el reconocimiento de la debilidad del Estado mexicano (y la anunciada amenaza de intervencionismo armado por una fuerza extranjera) sino en el proceso social en que se podría aceptar un poder cada vez más invisible. 

Es necesario preguntarse qué fronteras de libertad se deben ceder a las expansiones estatales con el fin de ‘combatir’ ya no al crimen (con estrategias legales y formales) sino al terrorismo (donde vale cualquier estratagema). También valdría cuestionar cómo esta violencia narrativa y simbólica del terrorismo (drones explosivos, coches bomba, masacres) hace aceptar nuevas jerarquías de poder como naturales en el espacio público (autodefensas, pax narca).

Porque el miedo consolida y expande el poder, en ocasiones de manera permanente y la sospecha del ‘mal uso’ de las ciertas libertades reproduce relaciones de dominación mediante prácticas cotidianas. Por ello, el gobierno, la oposición y los agentes externos interesados en el control de uno o varios aspectos de la vida interna del país buscarán hacer posible comunicar un miedo en particular a la ciudadanía a partir de los actos en Coahuayana; sólo habrá que distinguir el interés que les motiva.

Y es que, una de las estrategias más viejas del poder no se enfoca en mostrar a los gobernados la capacidad que se esperaría de los gobernantes para resolver los problemas, las necesidades o los conflictos, sino en demostrar que, sin su particular y generosa presencia en el trono, la sociedad se enfrentaría a un abismo total. Y, al mismo tiempo, una de las estrategias más viejas para luchar por el poder y arrancarlo de sus detentadores también se enfoca en acrecentar miedos imaginarios si se mantiene la ruta o la gestión de la autoridad en turno. Es decir, ambas estrategias se condensan en comunicar el miedo, ya sea a la ausencia de mando o a la continuidad del mismo.

El miedo es un dispositivo de poder; y no es raro que tanto autoridades como opositores utilicen las crisis reales o la percepción de problemáticas para ampliar su dominio y control. Es común que en el ascenso o la defenestración de grupos en el poder exista algún grado de temor colectivo a dramas reales o a ficciones construidas por propaganda. Los Estados y los actores poderosos movilizan el miedo para crear y mantener categorías de orden o control; y por ello, un “acto terrorista” podría redefinir dichas categorías, quizá con implicaciones aún más peligrosas que las que podríamos inicialmente suponer.

*Director VCNoticias.com   @monroyfelipe

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Columna Invitada

Protestas en el campo

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La preocupación de los ciudadanos, en las últimas semanas, ha tenido que ver con protestas de nivel nacional, tanto de agricultores y ganaderos como de transportistas, sobre todo los que utilizan las carreteras federales. Los transportistas, por supuesto, señalan la inseguridad en las carreteras, un tema del que se han quejado desde hace bastante tiempo, sin resultados contundentes. Fueron bloqueos importantes, en las principales carreteras del país y además, cosa muy significativa, en las aduanas, afectando nuestro comercio exterior. 

En paralelo a los bloqueos, hubo una serie de negociaciones. Rotas en varias ocasiones, y donde los que protestaban se quejaban de que llegaban a negociar personas sin capacidad de tomar decisiones. Por lo cual, los convenios eran imposibles e inútiles. Y por ello, después de haber aceptado levantar el bloqueo, en pocas horas se volvió a restablecer. Y, por otro lado, hubo reacciones fuertes.

La Secretaría de Gobernación dijo, como una especie de disculpa por no atender las negociaciones debidamente, que había carpetas de investigación para algunos de los dirigentes de estas manifestaciones. Y, por supuesto, participación de la extrema derecha, que por lo visto en nuestro país tiene más capacidad de movimiento de lo que muchos se podrían imaginar. No es claro de qué manera esas respuestas a las quejas de la ciudadanía ayudan a la paz y la concordia por quienes deberían gobernar para todos. Esa reacción huele a amenaza.

En fin, se aprueban las reformas en fast track, como dicen quienes protestan, con la aprobación por ambas cámaras. No se ha vuelto a hablar de que los transportistas estén en desacuerdo, pero el sector agropecuario sigue molesto. El centro de las protestas son las leyes que rigen el manejo del agua. La discusión tiene que ver, sobre todo, con la propiedad del gobierno sobre el líquido. Algo que, de hecho, estaba ya considerado en las leyes; tan es así, que no se habla de propiedad de los mantos acuíferos; se habla de concesiones que asigna la administración pública.

El gobierno da razones para estos cambios, entre las cuales está, por supuesto, la de reducir la corrupción. Algo que no ha podido lograr. Se siguen encontrando diferentes modos de huachicoleo, que demuestran que el combate a la corrupción está lejos de lograr buenos resultados. Finalmente, las reformas aprobadas incorporaron más de 50 enmiendas propuestas por agricultores y ganaderos, incluyendo la posibilidad de heredar los derechos de aprovechamiento del agua. Cambios muy criticados por sectores de la izquierda. 

La realidad en el campo es que solo el 14 % del territorio nacional es cultivable, y de ese 14 %, solo la mitad son terrenos de riego, mientras que la otra mitad, el 7 % del territorio nacional, es de temporal. En muchos casos, vivir en terrenos de temporal es una garantía de vivir en la pobreza, por estar sujeto a variaciones de todos los tipos. El acceso al riego no es poca cosa.

La discusión de fondo es cómo debe estar la propiedad en el campo: en manos del gobierno o de los particulares. No falta quien diga que esta reforma equivale a una expropiación del campo. Otros, posiblemente exagerando, hablaron de que este es el último clavo en el ataúd del campo. ¿En dónde está la verdad? Habrá que esperar a ver los resultados en el nivel de vida de los hombres y mujeres del campo. Ahí veremos quién tenía la razón. Es importante no dejar este asunto en el olvido. Los campesinos merecen ese apoyo.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Columna Invitada

Dr. Joaquín Bojórquez Acuña: Excelencia en Ingeniería Nacional

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El viernes 5 de diciembre de 2025, en el emblemático “Palacio La Rochelle” de CDMX, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI) celebró su Cena de Fin de Año, un encuentro que reúne a líderes del sector, representantes de colegios, académicos y personalidades de la ingeniería nacional. El evento se convirtió en el marco solemne para la entrega del Reconocimiento a la Excelencia Gremial 2025, distinción reservada para quienes han fortalecido de manera notable el quehacer gremial, académico y técnico del país.

Este año, el galardón fue otorgado al Dr. Joaquín Bojórquez Acuña, ingeniero sonorense cuya trayectoria destaca en el desarrollo estructural, la valuación, la investigación aplicada y la gestión integral del riesgo, dejando una huella significativa en la ingeniería mexicana.

Un homenaje a una trayectoria que cruza la técnica, la academia y el servicio público

La postulación del Dr. Joaquín Bojórquez —presentada por el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (Colegio), INCIDE A.C.— destacó no solo su sólida formación académica, sino la naturaleza integral de una trayectoria que aporta en cinco frentes.

1. Innovación técnica.

Ha desarrollado metodologías que han cambiado la práctica profesional, como el algoritmo para cuantificar riesgos urbanos que permitió generar el primer plano nacional de riesgo por colapso de anuncios publicitarios. Su tesis de 2022 sobre caracterización del suelo y fuerzas sísmicas se ha convertido en referencia obligada para instituciones públicas, colegios profesionales y cuerpos de Protección Civil.

2. Formación de nuevas generaciones.

Fue pieza clave en la creación de la primera Maestría en Ingeniería Estructural, la Universidad La Salle en Sonora, formando ya cuatro generaciones de especialistas. Además, desde 2020 publica la columna Estructurando en la revista INCIDE, impulsando ética, normatividad y rigor técnico.

3. Profesionalización gremial.

Como ponente y analista técnico en foros nacionales —incluida UMAI— ha contribuido a actualizar reglamentos, fortalecer procesos de dictaminación y elevar la calidad de los criterios estructurales y de responsabilidad civil.

4. Servicio social.

Ha mantenido un compromiso activo con la comunidad participando de manera voluntaria en zonas afectadas por diversos siniestros, desde el sismo de 2017 en Puebla a la actualidad.

5. Articulación institucional.

A través de INCIDE A.C., participa en la integración multidisciplinaria de especialistas en ingeniería, arquitectura, valuación, DRO y gestión del riesgo, fortaleciendo la colaboración entre sectores y el desarrollo técnico del gremio.

Una noche de reconocimiento, unidad y sentido gremial

Durante la ceremonia, representantes de UMAI e INCIDE destacaron que la distinción no solo reconoce conocimientos técnicos, sino valores gremiales fundamentales: ética, servicio, rigor profesional y la capacidad de articular sectores que por años trabajaron de forma aislada. Se subrayó que la trayectoria del Dr. Bojórquez demuestra cómo la ingeniería puede trascender lo técnico y convertirse en motor de transformación social, académica y normativa.

El galardonado recibió la presea de manos de los presidentes nacionales Armando Roque Cruz (ANALISEC), Marco Méndez Cuevas (UMAI), José Guillermo Dozal (FEMCIC) y de un servidor como presidente de INCIDE, acompañado de su esposa, Genoveva Rascón, visiblemente emocionada. El reconocimiento se entregó ante representantes de federaciones y colegios de ingenieros, en un ambiente de fraternidad gremial y celebración por los logros compartidos del año.

Un cierre de año con visión de futuro La Cena de Fin de Año y la alianza entre UMAI e INCIDE no solo celebraron un reconocimiento individual, sino que reflejaron la fuerza de una ingeniería sonorense y mexicana que avanza hacia modelos más técnicos, éticos y coordinados. El reconocimiento resumió el espíritu del gremio —investigar, innovar, formar, servir y construir comunidad—, mientras que la frase que acompañó su postulación, “La fuerza de muchos, construyendo un mismo propósito”, marcó la noche con un mensaje de unidad y futuro compartido.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Violencia a la Mujer

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La semana pasada se conmemoró el Día Internacional Contra la Violencia a la Mujer. Más allá de los individuos, tenemos un problema en nuestra cultura. La cual influye en todos los aspectos de la nación, incluso en las leyes, en las costumbres, en las prioridades, en el nivel de exigencia para los miembros de la Sociedad.  

Es difícil que yo, como varón, pueda tener una total comprensión de lo que significa vivir esta violencia contra una mujer. Tenemos también el problema de que lo que consideramos violencia son únicamente los casos más graves, sin considerar muchos otros modos de violentar, desde las bromas pesadas, violencia económica, acoso sexual o violaciones, llegando hasta crímenes atroces con tortura y asesinato. Es algo muy engranado en nuestra cultura, por desgracia.

La reacción de la Sociedad, incluyendo los hombres, por supuesto, pero también ciertos grupos de mujeres, es la de ignorarlas, en el mejor de los casos. En el peor, atacar a quien denuncia. Las ven como personas que estorban, que molestan a una Sociedad que se siente muy tranquila con lo que está ocurriendo. Quisieran víctimas silenciosas, usando la frase machista, tan manejada: “Calladita te ves más bonita”. Están aceptando el falso sentido de superioridad del varón, basado en la fuerza bruta, la capacidad de dañar al débil. Se sostiene el rol subordinado que se les asigna a ellas y los obstáculos legales para poder ejercer su papel cívico. Se ha vuelto una costumbre. 

Hay expertos que ven la raíz de esta violencia contra la mujer en la debilidad del hombre. Entre más débil es el hombre, más violento se vuelve para afirmarse, para poder sentir que, verdaderamente, en algo es poderoso. Porque, generalmente, en su mundo es alguien poco importante, con pocas capacidades. Eso funciona porque las culturas tienen un modo de mantenerse y de reproducirse, a través de muchos elementos: ceremonias, vestimentas, celebraciones, el sentido de lo fundamental. Así se sostiene la misma, y por eso es complicado, lento, difícil cambiar la cultura. Lo cual no quiere decir que debamos rendirnos.

De fondo, la solución más completa es el reconocimiento de que tenemos la misma dignidad. Debemos recibir el mismo respeto, independientemente de nuestro sexo. La mejor respuesta es la colaboración plena, más allá de las cuotas de género, aunque estas pueden ser consideradas útiles como un paso intermedio. Pero esa no es la solución completa. Hay que evitar radicalmente que esta causa tan importante, tan humana, se vuelva un botín político. Porque puede haber grupos y partidos que traten de lucrar con este justificado enojo de una gran cantidad de mujeres.

La solución está en la colaboración. Si no logramos encontrar una manera de que hombres y mujeres trabajemos por mejorar en este tema, el resultado será temporal.  No se trata de sustituir el patriarcado por un matriarcado; lo que importa es crecer en adultez. Tenemos que pasar del infantilismo, en los aspectos de relaciones entre los sexos, a la madurez. Entre más fuertes seamos, mejor nos podremos coordinar, colaborar, reconociendo y valorando nuestras diferencias.

Necesitamos una ciudadanía fuerte que adopte esta bandera, se la arrebate a la clase política y se dedique a desarrollar desde la raíz, desde la infancia, desde la escuela más básica, esta relación de madurez y de entendimiento entre unos y otros. Y no estar confiados en que las soluciones vendrán con el tiempo, en el muy largo plazo. Nos urge, lo necesitamos. Amigas, hay hombres que están de su lado. ¡Ánimo! Nuestra colaboración beneficiará a nuestra Sociedad.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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