Ciudad de México.— Junto a los 26 homicidios contra sacerdotes y los dos presbíteros desaparecidos a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Centro Católico Multimedial (CCM) considera que las innumerables agresiones contra ministros religiosos o agentes de las iglesias introdujeron en el país “un elemento de desestabilización social”; y, con ello, un crecimiento del temor, de la impunidad y la violencia.
El Centro Católico Multimedial es una de las pocas fuentes de referencia con las que el gobierno de los Estados Unidos, la Santa Sede y organismos internacionales se aproximan a conocer el fenómeno de violencia contra ministros católicos en el país. Su director, el sacerdote paulino Omar Sotelo Aguilar, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Guillermo Gazanini Espinoza (colaborador también en Siete24.mx), presentaron el informe “Evaluación del Sexenio 2012-2018” donde dan cuenta de los casos de 26 sacerdotes asesinados, los dos ministros desaparecidos, los secuestros frustrados y ataques violentos que se registraron contra religiosos.
Los investigadores coinciden en que la violencia existente en el país “se incrementó de una manera inédita… los términos crimen organizado, narcotráfico, violación de los derechos humanos, políticas públicas inefectivas, militarización, politización de la procuración de justicia, corrupción e impunidad son comunes en la opinión pública y en los análisis contemporáneos”.
Para el CCM, hay “enemigos invisibles” que se hicieron del control de las comunidades y municipios enteros en el país: “Originando la narcopolítica; economía y actividades estratégicas pasaban por la fiscalización del crimen organizado”.
En ese panorama, sin las estrategias de seguridad correctas y con costos sociales altísimos (100 mil homicidios dolosos y más de 30 mil desaparecidos), el CCM asegura que los ministros religiosos y las instituciones comunitarias de fe fueron un blanco relativamente sencillo para el crimen:
“Buscaron limitar las actividades del trabajo pastoral de la Iglesia en México, que tiene su acción en campos donde difícilmente llegan otras entidades civiles, políticas o gubernamentales; la de dar refugio y consuelo, de trabajar por los derechos humanos y de ser portadores de la verdad a favor de valores universales que parecen relativizarse”.
Los especialistas descartan que exista “una persecución religiosa por odio a la fe” en el país; pero advierten que sí hay una nueva forma de hostigar violentamente la acción de sus agentes: “Cuando se agrede, desaparece o ejecuta a un sacerdote se introduce un elemento de desestabilización social”.
El CCM también asegura que, el cambio de administración federal no implica en automático un cambio de este contexto: “los agentes de iglesia, en especial los sacerdotes, son más vulnerables a diversos ataques”. Sotelo y Gazanini explican que las causas de las agresiones contra los ministros (basados en sus investigaciones) reflejan que es una reacción del crimen contra la acción social de los religiosos en medio de los pobres, los afectados por el crimen o las víctimas de sus actos delictivos, incluso por choques contra los poderes políticos en turno. Además, por el propio trabajo solitario de los ministros.
Las primeras entidades de la República con el mayor número de homicidios y agresiones cometidos contra sacerdotes católicos y agentes de evangelización son: Ciudad de México (10 casos), Guerrero (10), Veracruz (8), Chihuahua (7) y Michoacán (7).
RECOMENDACIONES
Finalmente, el CCM recomienda que se implementen mecanismos para dar seguimiento a estos casos desde el inicio de las investigaciones hasta las sentencias de los responsables; que se propician acercamientos con organismos defensores de derechos humanos, fortalecer protocolos de seguridad eclesial, crear un plan estratégico para reunir la información sobre ataques y agresiones cometidos en contra del patrimonio nacional y eclesiástico, procurar la atención pastoral a los familiares de sacerdotes asesinados y tejer lazos de colaboración con otras iglesias que han sufrido la misma situación con sus pastores y ministros.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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