Muerte de sacerdotes simboliza desestabilización en México: CCM

Los especialistas descartan que exista “una persecución religiosa por odio a la fe”

Felipe Monroy

Felipe Monroy

Ciudad de México.— Junto a los 26 homicidios contra sacerdotes y los dos presbíteros desaparecidos a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Centro Católico Multimedial (CCM) considera que las innumerables agresiones contra ministros religiosos o agentes de las iglesias introdujeron en el país “un elemento de desestabilización social”; y, con ello, un crecimiento del temor, de la impunidad y la violencia.

El Centro Católico Multimedial es una de las pocas fuentes de referencia con las que el gobierno de los Estados Unidos, la Santa Sede y organismos internacionales se aproximan a conocer el fenómeno de violencia contra ministros católicos en el país. Su director, el sacerdote paulino Omar Sotelo Aguilar, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Guillermo Gazanini Espinoza (colaborador también en Siete24.mx), presentaron el informe “Evaluación del Sexenio 2012-2018” donde dan cuenta de los casos de 26 sacerdotes asesinados, los dos ministros desaparecidos, los secuestros frustrados y ataques violentos que se registraron contra religiosos.

Te puede interesar ‘No tenemos ningún prejuicio con AMLO’: obispos

Los investigadores coinciden en que la violencia existente en el país “se incrementó de una manera inédita… los términos crimen organizado, narcotráfico, violación de los derechos humanos, políticas públicas inefectivas, militarización, politización de la procuración de justicia, corrupción e impunidad son comunes en la opinión pública y en los análisis contemporáneos”.

Para el CCM, hay “enemigos invisibles” que se hicieron del control de las comunidades y municipios enteros en el país: “Originando la narcopolítica; economía y actividades estratégicas pasaban por la fiscalización del crimen organizado”.

Te puede interesar Llama cardenal a formar una Iglesia solidaria

En ese panorama, sin las estrategias de seguridad correctas y con costos sociales altísimos (100 mil homicidios dolosos y más de 30 mil desaparecidos), el CCM asegura que los ministros religiosos y las instituciones comunitarias de fe fueron un blanco relativamente sencillo para el crimen:
“Buscaron limitar las actividades del trabajo pastoral de la Iglesia en México, que tiene su acción en campos donde difícilmente llegan otras entidades civiles, políticas o gubernamentales; la de dar refugio y consuelo, de trabajar por los derechos humanos y de ser portadores de la verdad a favor de valores universales que parecen relativizarse”.

Los especialistas descartan que exista “una persecución religiosa por odio a la fe” en el país; pero advierten que sí hay una nueva forma de hostigar violentamente la acción de sus agentes: “Cuando se agrede, desaparece o ejecuta a un sacerdote se introduce un elemento de desestabilización social”.

Te puede interesar Lamenta la CEM asesinatos de sacerdotes

El CCM también asegura que, el cambio de administración federal no implica en automático un cambio de este contexto: “los agentes de iglesia, en especial los sacerdotes, son más vulnerables a diversos ataques”. Sotelo y Gazanini explican que las causas de las agresiones contra los ministros (basados en sus investigaciones) reflejan que es una reacción del crimen contra la acción social de los religiosos en medio de los pobres, los afectados por el crimen o las víctimas de sus actos delictivos, incluso por choques contra los poderes políticos en turno. Además, por el propio trabajo solitario de los ministros.

Las primeras entidades de la República con el mayor número de homicidios y agresiones cometidos contra sacerdotes católicos y agentes de evangelización son: Ciudad de México (10 casos), Guerrero (10), Veracruz (8), Chihuahua (7) y Michoacán (7).

RECOMENDACIONES

Finalmente, el CCM recomienda que se implementen mecanismos para dar seguimiento a estos casos desde el inicio de las investigaciones hasta las sentencias de los responsables; que se propician acercamientos con organismos defensores de derechos humanos, fortalecer protocolos de seguridad eclesial, crear un plan estratégico para reunir la información sobre ataques y agresiones cometidos en contra del patrimonio nacional y eclesiástico, procurar la atención pastoral a los familiares de sacerdotes asesinados y tejer lazos de colaboración con otras iglesias que han sufrido la misma situación con sus pastores y ministros.

ebv