Ciudad de México.— La reforma judicial que entrará en vigor en 2025 ha generado gran expectativa en torno al futuro laboral de magistrados y jueces de distrito. Con la implementación de una elección popular para elegir a nuevos representantes, el destino de muchos profesionales en el sistema judicial está en juego.
Este proceso, es motivo de intenso debate, especialmente en cuanto a su impacto sobre los derechos laborales de quienes ocupan actualmente estos puestos.
Un aspecto relevante de este proceso es la forma en que se ha abordado el respeto a la maternidad y a la vida familiar de las juezas. En la primera tómbola de selección ha reconocido la importancia de proteger los derechos laborales de las mujeres que desempeñan funciones en el sistema judicial, permitiendo que aquellas que se encuentran en proceso de maternidad no sean afectadas por este cambio.
Esta medida resalta la importancia de su rol en el ámbito familiar y profesional. La vida en familia, en especial en el contexto de la maternidad, fue reconocida y respetada en la primera tómbola de elección de jueces, magistrados y ministros del país. El respeto hacia los derechos laborales de las juezas es un paso al fortalecimiento del sistema judicial.
Tras la realización de la primera insaculación para definir los cargos de jueces, magistrados y ministros que serán renovados en las elecciones de junio de 2025, juezas y jueces de distrito, junto con magistradas y magistrados de circuito, que han dedicado su carrera al servicio judicial, verán sus posiciones puestas a votación.
Este proceso es parte de la reforma al Poder Judicial que tiene como objetivo, de acuerdo a el gobierno federal y la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, democratizar la elección de funcionarios judiciales.
Uno de los puntos destacados de este proceso fue el respeto a los derechos laborales de las juezas en condición de maternidad. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) remitió un listado de juezas en estado de embarazo o lactancia, lo que motivó la exclusión temporal de ocho juezas de la tómbola para que sus plazas sean renovadas en la elección ordinaria de 2027.
Esta decisión fue aplaudida por los legisladores, quienes destacaron la importancia de proteger los derechos laborales de mujeres en maternidad.
El respeto a los derechos de la maternidad en este contexto preserva también sus derechos laborales y asegura que puedan continuar con su labor y su vida familiar.
Este enfoque confirma que un equilibrio entre la vida profesional y familiar genera beneficios importantes en materia laboral. La estabilidad emocional y la seguridad que brindan los derechos laborales, especialmente en situaciones como la maternidad, son elementos clave para el desempeño eficiente y productivo de los trabajadores.
En total, se renovarán 1,600 cargos judiciales, de los cuales más de 850 serán votados en la elección de 2025, mientras que el resto, incluidos los de las juezas en situación de maternidad, se decidirán en 2027.
La preservación de los derechos laborales de las juezas en situación de maternidad marca un precedente positivo, reflejan un compromiso por parte de las autoridades legislativas y judiciales para garantizar un entorno laboral que respete y valore la vida familiar, con un enfoque en la protección de los derechos de las trabajadoras.
El respeto hacia los derechos laborales de las juezas fortalece el sistema judicial y debe ser ejemplo positivo para otros sectores laborales en el país.
Protección a derechos laborales
La Cámara de Diputados aprobó una reforma crucial que reconoce como violencia laboral cualquier trato desigual hacia mujeres y personas gestantes debido a su embarazo o maternidad. Este tipo de conductas serán equiparadas a la discriminación y se tratarán como un delito, representando un avance en la protección de los derechos laborales de las madres trabajadoras.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), a más de 2% de las mujeres mayores de 15 años que han trabajado alguna vez, se les ha exigido una prueba de embarazo como requisito para ser contratadas, lo que equivale a casi 2.5 millones de mujeres. Más de 740,800 mujeres han enfrentado la misma exigencia para continuar en su empleo o renovar su contrato. Además, casi 272,000 fueron despedidas por embarazarse, y cerca de 144,947 vieron reducido su salario por ejercer su derecho a la maternidad.
El dictamen aprobado también modifica el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), estableciendo que la afectación de los derechos relacionados con la maternidad, el embarazo y la lactancia constituye violencia laboral. El artículo 11 amplía esta protección, destacando que cualquier discriminación, distinción, exclusión o restricción por estos motivos es ilegal.
Asimismo, la reforma incluye medidas para garantizar la atención a las víctimas. Los tres niveles de gobierno deberán proporcionar atención legal y de salud integral, incluyendo servicios de salud mental, a quienes sufran discriminación o acoso sexual relacionado con su embarazo o maternidad. Se establece que las víctimas pueden recurrir a órdenes de protección emitidas por las autoridades competentes.
En el ámbito legislativo, el Senado también aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para extender el periodo de lactancia de seis meses a dos años, garantizando el derecho a la maternidad en el entorno laboral. Esta medida busca prevenir despidos de madres trabajadoras y fomentar la lactancia materna, reconociendo sus beneficios tanto para la madre como para el bebé. Las empresas estarán obligadas a proporcionar espacios adecuados para la lactancia, y se permitirá una mayor flexibilidad laboral para las trabajadoras en este periodo.
Derechos de la maternidad
Desde 1917, la Constitución Mexicana reconoció los derechos de las mujeres embarazadas, integrando en su artículo 123 el derecho a un descanso obligatorio de seis semanas antes del parto y seis semanas después. Esta disposición marcó un hito en la protección de la maternidad en el ámbito laboral, prohibiendo trabajos que pudieran poner en riesgo la salud de la madre y el bebé.
A lo largo del tiempo, el marco legal ha evolucionado para fortalecer los derechos laborales de las mujeres. La creciente participación femenina en el mercado laboral, que representa el 40.9% de la fuerza de trabajo del país según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ha impulsado nuevas discusiones sobre los derechos laborales durante el embarazo y la maternidad.
Entre los derechos más relevantes, las trabajadoras tienen garantizado el pago de su salario íntegro durante el periodo de descanso, así como la conservación de su empleo y los derechos adquiridos en su contrato. Además, la ley contempla el derecho a dos descansos diarios para la lactancia, aplicable también a mujeres autónomas o que trabajen desde casa.
Asimismo, las empresas están obligadas a proporcionar asistencia médica y obstétrica a las trabajadoras embarazadas que lo soliciten, así como a garantizar medidas de higiene y seguridad en las instalaciones para proteger la salud de la madre y su hijo. También se prohíbe la asignación de jornadas nocturnas o extraordinarias a mujeres en estado de gestación.
El informe “Discriminación laboral por embarazo” del Early Institute revela que las trabajadoras del hogar, empleadas de fábricas y mujeres con contratos temporales son las más vulnerables a la discriminación laboral. Estas mujeres, muchas de ellas en la economía informal, enfrentan situaciones de precarización laboral, como la imposición de jornadas largas sin seguridad social o prestaciones.
El Early Institute advierte que la discriminación laboral por embarazo es consecuencia de la falta de una política de Estado integral que proteja la maternidad y la primera infancia. Hostigamiento laboral, reducción de salario, permisos restringidos para necesidades básicas y la imposición de labores peligrosas para la salud de la mujer embarazada son solo algunos de los ejemplos de las violencias que aún enfrentan estas trabajadoras.
Madres trabajadoras en México: derechos vulnerados y barreras laborales
En México, la maternidad y la lactancia se presentan como derechos humanos fundamentales que deberían estar garantizados en el ámbito laboral. Sin embargo, miles de madres trabajadoras enfrentan barreras estructurales que dificultan su plena integración en el mercado laboral, afectando tanto su capacidad para ejercer una maternidad digna como para avanzar en su desarrollo profesional.
Un estudio reciente elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Kiik Consultores revela que la maternidad sigue siendo un freno significativo para la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo dentro de las empresas. De acuerdo con la encuesta, mientras el 38% de las madres trabajadoras alcanzan puestos de mandos medios, solo el 16% logra llegar a puestos de alta dirección, en contraste con los hombres, cuya participación se mantiene estable entre el 24% y 29% en diferentes niveles jerárquicos.
Valeria Moy, directora del IMCO, destaca que uno de los factores que perpetúan estas brechas es el trato diferenciado que reciben las mujeres en el trabajo. El mismo estudio revela que el 52% de los trabajadores percibe un trato desigual hacia las mujeres. Si bien se les ofrece flexibilidad para conciliar su vida personal y profesional, esto se traduce en desventajas salariales y limitaciones para acceder a promociones o asumir nuevos proyectos. En palabras de Moy, “te damos flexibilidad, pero te castigamos con el sueldo, o no te promovemos igual que a alguien que cumple con todos los horarios”.
El estudio también pone en evidencia un problema estructural: en México hay 38 millones de madres, y, a pesar de que las mujeres jóvenes entre 20 y 29 años han alcanzado niveles educativos superiores a los de los hombres, siguen enfrentando un mercado laboral que no les ofrece empleos de calidad. Por cada 100 hombres con un empleo formal registrado ante el IMSS, solo 66 mujeres logran acceder a uno. Además, las madres de dos o más hijos ven reducidos sus ingresos en promedio, algo que no ocurre con los hombres.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
Negocioshace 2 días
