Ciudad de México.— Los Obispos de México fijaron su postura respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al aborto y advirtió que “toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es digna independientemente de sus condiciones y eventualidades”.
A través de un extenso comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano aclararon que los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron otorgar el amparo y protección a la asociación civil denominada Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), a fin de que pueda ejercer de forma plena su objeto social, el cual, implica entre otras cosas, la promoción y defensa del aborto, así como el acompañamiento legal a las personas que quieran realizarlo de manera consentida.
Con fundamento en el principio de relatividad de las sentencias de amparo, la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las autoridades no le deben aplicar a GIRE la totalidad de los artículos 331 y 332, así como ciertos fragmentos de los artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, en materia de aborto. Que imponen sanciones penales a quien practique el aborto y a la madre gestante que consienta a ello.
OBISPOS PIDEN ACLARAR SENTENCIA
Además, llama la atención de la Conferencia del Episcopado Mexicano que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que, por tratarse de un caso sui generis y de derechos de naturaleza colectiva, deba entenderse que la inaplicación de los citados artículos en favor de GIRE, sea extensiva a todas las mujeres que GIRE acompañe en sus solicitudes de aborto consentido.
Al respecto, los obispos consideran importante aclarar a la opinión pública que la citada sentencia de amparo no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población.
Tampoco representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus respectivos Códigos Penales; pero si vuelve evidente una realidad social que deben entender como pastores y atender con la debida diligencia.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES DEPLORABLE
Junto al esfuerzo por velar en bien de la dignidad amenazada de la persona, los obispos afirman que la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres es deplorable y debe ser excluida de nuestra cultura, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas.
“La concepción y el nacimiento de una nueva vida humana representan un bien cuyo valor es infinito. Su cuidado y protección no es una responsabilidad que concierne solamente a mujer gestante sino a la sociedad en su conjunto que no puede lavarse las manos suprimiendo al más débil, la persona naciente, sino que está llamada a generar las condiciones mejores para acoger la vida y no a descartarla”, explicó la CEM en un comunicado.
Por ello, reiteran su oposición a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia; y las más vulnerables, aquellas que se encuentran junto con los niños inocentes aún dentro del vientre de sus madres.
“Hay que ser firmes con la verdad, pero comprensivos con las personas y sus circunstancias”.
El aborto provocado al ser despenalizado normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana.
Asimismo, la legalización del aborto desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común.
Toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es digna independientemente de sus condiciones y eventualidades. Las diferentes circunstancias de la vida no aumentan ni disminuyen la dignidad de la persona humana. En cambio, cuanto más débil, indefensa y vulnerable es una persona, más requiere de los esfuerzos solidarios y subsidiarios para su cuidado por parte de la sociedad y del estado.
Tal es la condición particular de las personas humanas nacientes y de las mujeres gestantes, en particular aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad a causa de diversas violencias y desventajas sociales.
Desde una mentalidad legalista y el positivismo jurídico se suele considerar la privación de la libertad como la única forma de sancionar el delito; por ello se desconocen o menosprecian la capacidad de la sociedad y del estado para lograr la reinserción, el acompañamiento y la integración de los que inciden en alguna falta penal.
“Consideramos que existen atenuantes para la exención de pena corpórea (privación de la libertad), sin que esto implique la legalización del aborto, ni la negación de su gravedad, ni, menos aún, la reivindicación de su licitud. El aborto provocado nunca será una opción moral, ni legítima”.
DERECHOS HUMANOS
En temas tan relevantes como este, dijeron los obispos, es preciso proceder con cuidado a la reflexión, al discernimiento y discusión social sin los cuales se minan los fundamentos de un Estado democrático de Derecho.
La interpretación forzada de los derechos humanos sin tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida como un derecho universal, es un retroceso jurídico y democrático.
Por ello, lamentaron que, en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia Suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social.
Puntualizaron que la violencia y la discriminación no se combaten con más violencia y discriminación. Las soluciones que hoy tenemos que construir entre todos requieren ser máximamente inclusivas, solidarias y democráticas sin hacer prevalecer a una persona sobre otra. Sería lamentable institucionalizar la violencia contra el débil con la permisión de la ley.
LEGALIZACIÓN DEL ABORTO PROVOCADO SIGNIFICA EL RECONOCIMIENTO DE LA IMPOTENCIA ESTATAL
Una sociedad que acoge la vida debe cuidar todas las vidas, la de la mujer y la de la persona humana naciente, su protección debe ser procurada por el estado y por las instituciones de la sociedad civil. Comenzando por los menos favorecidos.
Esto requiere un auxilio solidario y subsidiario a las familias, madres solteras, niños y niñas huérfanas y/o en abandono; de una educación afectiva sexual integral y la búsqueda de ejercicios de paternidad responsables.
Con esto también se reconoce la necesidad de políticas positivas que deben de ser promovidas pluralmente para procurar que siempre se disponga de alternativas concretas, posibles y honrosas al aborto provocado.
De otra manera la legalización del aborto provocado significa el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución sin atender aquello es el verdadero problema.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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