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Venezuela sufre dramática crisis sanitaria
Caracas.— Venezuela sufre una dramática crisis sanitaria y un completo colapso del sistema de atención sanitaria, que ha resultado en violaciones masivas al derecho a la salud, denunció una agente especializada de Naciones Unidas, mientras el gobierno de Caracas rechazó esta versión.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) Zeid Ra’ad Al Hussein, relató que para preparar su informe, presentado el pasado día 22, entrevistó a médicos, académicos, otros profesionales de la salud, y defensores de las garantías.
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Según el funcionario todos coincidieron en señalar que el país sudamericano sufre de una dramática crisis sanitaria y de un completo colapso del sistema de atención sanitaria, que ha resultado en violaciones masivas al derecho a la salud, de acuerdo con un reporte del diario Efecto Cocuyo.
Esta situación, indica la Acnudh, fue causada por “múltiples factores”. Entre ellos menciona la reducción del porcentaje del gasto en salud con respecto al PIB de Venezuela, que pasó de cinco por ciento en 2007 a tres en 2015, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las cifras contrastan fuertemente con los datos de hace una década. Para 2006, el gasto en salud era de 4.9 por ciento. En el año 2000, representaba seis por ciento del total del PIB.
El Alto Comisionado apuntó también que la hiperinflación han menguado las asignaciones presupuestarias al Ministerio de Salud, hoy día bajo la gestión de Luis López, y de programas clave para mantener las enfermedades vectoriales a raya, como la malaria.
“El presupuesto asignado por el gobierno para prevenir y controlar el paludismo fue recortado en 70 por ciento para el período 2015-2016″, señala el informe citando a la OMS. Esto trajo como consecuencia la diseminación de la enfermedad por todo el país y con una estimación de más de 300 mil casos y 280 muertes.
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En abril de este año, director del programa contra la malaria de la OMS, Pedro Alonso, indicó que Venezuela registra el mayor incremento de casos de la enfermedad pese a haber sido el primer país en el mundo en controlar el paludismo.
El gobierno venezolano rechazó el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, tras afirmar que se trata de un acto politizado.
La cancillería de esta nación sudamericana señaló en un comunicado que el gobierno rechaza el informe por considerar que se realizó con una “metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”.
El informe también se refirió a las epidemias de difteria y sarampión, dos enfermedades que tenían más de una década de haber sido erradicadas en el país.
En 2017 se notificaron casos de difteria en 22 estados del país, “lo que puso de manifiesto la existencia de graves deficiencias en el programa de inmunización del Gobierno“.
La OMS confirmó que entre julio de 2016 y febrero de 2018 se declararon 726 casos de la enfermedad y un saldo de 113 muertes.
“El 6 de abril de 2018, la OMS también dio cuenta de la incidencia del sarampión, con mil seis casos registrados en ocho estados”, indica el informe. El organismo alertó que para junio de 2018 se confirmaron 35 muertes por esta infección respiratoria.
“El nivel de degradación de las instalaciones hospitalarias públicas y la grave escasez de medicamentos y suministros médicos son las manifestaciones más claras del colapso del sistema de atención de la salud“, apuntó el Alto Comisionado.
Además señaló que las fallas en el servicio eléctrico y en el suministro de agua dificultan el trabajo de los galenos y propician la contaminación en la red pública.
La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte que el gobierno venezolano no ha reconocido la existencia de la actual crisis de salud y no ha solicitado de la cooperación internacional en los niveles que la situación lo exige, y en la que se ven afectados 300 mil pacientes aquejados de enfermedades crónicas.
El Alto Comisionado concluye su evaluación recomendándole al gobierno venezolano buscar la cooperación y asistencia técnica de las Naciones Unidas y sus agencias para atender la situación de las poblaciones más vulnerables.
También le insta a proporcionar cifras oficiales para determinar la magnitud de la crisis; y establecer un comité multidisciplinario conformado por distintos actores para asesorar las reformas económicas y sociales necesarias que permitan el abordaje de las causas principales de las crisis alimentaria y sanitaria. (Con información de Notimex9
AGP
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Reino Unido.— Resultados de un estudio liderado por el consultor de salud independiente Kevin Duffy arrojaron una tendencia preocupante en el sistema de salud del Reino Unido.
El estudio revela que en los últimos cinco años, al menos 39 mil mujeres en Inglaterra y Gales han sido tratadas en hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) debido a complicaciones derivadas de abortos caseros con medicamentos fallidos o incompletos.
En diciembre de 2018, el Secretario de Estado de Salud y Asistencia Social permitió a las mujeres autoadministrarse la segunda parte de un aborto con medicamentos en casa, y esta medida se amplió a ambas partes del proceso en marzo de 2020 como respuesta a los confinamientos por la pandemia de Covid-19.
El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) advierte que 1% de todos los casos de aborto con medicamentos fracasan, mientras que hasta el 6% pueden ser incompletos, lo que requiere atención médica adicional. Sin embargo, los proveedores de servicios de aborto y el Departamento de Salud y Asistencia Social han subestimado estas complicaciones, según el informe reciente.
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El análisis de datos revela que el 2.8% de las mujeres que autogestionaron sus abortos con medicamentos en casa fueron admitidas posteriormente en hospitales para recibir tratamiento quirúrgico, lo que sugiere una tasa total de complicaciones del 6%. Estas cifras, consistentes con investigaciones independientes, plantean serias preocupaciones sobre la seguridad y el apoyo a las mujeres que optan por el aborto con medicamentos en el hogar.
El aumento de abortos registrados en el primer semestre de 2022, con un incremento del 17% en comparación con el mismo período de 2021, es un indicador adicional de la magnitud del problema. Organizaciones independientes han expresado su preocupación por el impacto emocional y físico en las mujeres, así como por la falta de apoyo adecuado en este proceso.
Este debate arroja luz sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de salud relacionadas con el aborto, con un enfoque en la seguridad, el apoyo integral a las mujeres y la transparencia en la presentación de informes sobre complicaciones.
La protección del bienestar de las mujeres debe ser una prioridad en cualquier enfoque de atención médica relacionado con el aborto.
Reporte completo aquí
ebv
Madrid.— En un gesto de acercamiento y diálogo institucional, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, y el secretario general, Mons. Francisco César García Magán, se reunieron con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.
El encuentro adquiere un significado especial al tratarse del primer acercamiento oficial tras la elección de Mons. Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal el pasado 5 de marzo. Félix Bolaños, responsable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, lideró la reunión en la que se abordaron diversos aspectos relacionados con esta dinámica.
La reunión estuvo marcada por la cordialidad y el respeto mutuo, evidenciando la disposición de ambas partes a fortalecer los lazos entre la Iglesia católica y las instituciones públicas.
Además de los obispos católicos, también estuvieron presentes Alberto Herrera, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa.
El encuentro en la Moncloa representa un paso importante en la consolidación del diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Gobierno español, reafirmando el compromiso de ambas partes con el entendimiento mutuo y el bien común.
ebv
Madrid.— La Fundación Española de Abogados Cristianos solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria evitar la inauguración de la exposición “Poéticas del deseo”, la cual consideran que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.
La petición de medidas cautelares se enmarca en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización. La exposición del artista José Luis Luzardo comenzó este jueves en el Centro de Artes Plásticas de la ciudad española, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno Canario.
En las obras expuestas se representan Vírgenes, Santos e incluso al Papa dentro de preservativos realizados en cristal, una temática que la Fundación de Abogados Cristianos considera una afrenta a los sentimientos religiosos de los cristianos.
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La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó su preocupación al respecto, calificando de “intolerable” que se financie con dinero público una actividad que ataca los sentimientos de una gran parte de la sociedad.
Además, señaló que estas acciones parecen ser permitidas únicamente cuando afectan a los cristianos; por lo que criticó la falta de neutralidad por parte de las instituciones públicas, especialmente aquellas dirigidas por gobiernos de izquierda.
“VIRGENCITA”
Por otro lado, el propio José Luis Luzardo, artista responsable de la exposición, justificó que la representación de la virgen no es un elemento aislado, sino que forma parte de una obra más amplia que incluye una caja con más de 60 dildos.
“Una de las piezas en la sala de exposición incluye a esa virgencita”, dijo.
ebv
Ciudad de México.— La Corte Internacional de Justicia (CIJ) programó las audiencias públicas para el caso de la incursión de la embajada de México en Quito por parte de Ecuador.
Según lo establecido, las audiencias tendrán lugar en La Haya, Países Bajos, para el próximo 30 de abril y 1 de mayo.
Ahí, se discutirá la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por México.
Primero se escucharán los alegatos de México y en el segundo día de actividades será turno de Ecuador.
Aunque la CIJ podría tardar años en tratar el fondo de la cuestión, el organismo dijo que el caso sería tratado a la brevedad.
El pasado 11 de abril, México pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que suspenda a Ecuador de la ONU.
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La sanción debería entrar en vigor “en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.
La cancillería mexicana acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena, que defiende la soberanía de las cancillerías, embajadas y consulados.
Por este motivo, el gobierno mexicano exige una disculpa de su contraparte y la garantía de que un agravio de esta naturaleza no volverá a repetirse.
JAHA
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