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Opinión

¿Por qué incomoda tanto la objeción de conciencia?

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Siete24

La objeción de conciencia siempre incomoda al poder. No hay forma más simple de decirlo. Pero las implicaciones que tiene el libre ejercicio de este derecho en el mundo contemporáneo son mucho más complejas. Por una parte, porque vivimos en un mundo que privilegia la eficiencia sobre la ética, y también porque los protocolos de uniformidad siempre serán predilectos por las estructuras de orden más que las convicciones personales. Visto de este modo, la objeción de conciencia puede ser tomada como una “opción personal o egoísta” y no como un acto total de responsabilidad cívica, política, ética y moral.

Para entender a la objeción de conciencia hay que desmarcarla de cualquier caricatura de sí misma: no se trata de un simple capricho o una resistencia pasiva; es la expresión profunda de un derecho humano fundamental que revela la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En esencia, se trata del derecho fundante que tiene cada ser humano a decir “no” cuando la ley o una instrucción choca frontalmente con los principios morales más íntimos y arraigados de una persona.

La objeción de conciencia ha sido un tema de debate en varios ámbitos de la vida social. Por ejemplo, la negativa a la participación del servicio militar obligatorio, fundada en el pacifismo y en convicciones éticas o religiosas de los objetores, ha motivado a las naciones a proporcionar opciones de servicio civil sustitutorio. 

En el espectro jurídico, una persona puede objetar ante una autoridad si una ley le exige algo que su conciencia considera incorrecto o no ético (siempre que se respeten los derechos fundamentales de otras personas y la ley lo permita). En el periodismo, los profesionales pueden convocar a una cláusula de conciencia para evitar ser obligados a participar en informaciones o enfoques que violen sus principios éticos. Incluso en el ámbito de la recaudación fiscal, hay posibilidades de negarse a pagar impuestos que se destinan a financiar actividades consideradas inmorales por la persona.

Con todo, es en el tema de la salud donde más se ha buscado limitar el derecho a la objeción de conciencia tanto de los pacientes como del personal sanitario y autoridades médicas. Es cierto que la objeción de conciencia no es absoluta y sus límites están fundados en otros bienes jurídicos tutelados como los derechos de terceros, la salubridad pública y la no discriminación; sin embargo, estos otros bienes jurídicos deben estar satisfactoriamente explicitados y fundamentados como superiores a la ética y la moral personal individual del objetor.

Por ejemplo, recientes debates bioéticos muestran la complejidad de este derecho: algunos investigadores y filósofos analizan ahora los márgenes de libertad en temas del trastorno de la conciencia derivado de alguna condición médica difícil. ¿Cómo lidiar familiar y socialmente con el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para no proporcionar un tratamiento que prolongue la vida de un paciente en estado de vigilia sin respuesta o a través de prácticas descarnadas de obstinación terapéutica? ¿O cómo garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal médico ante la solicitud unilateral de un aborto procurado? ¿Dónde reside ese desacuerdo razonable que debe poner claridad entre decisiones bien intencionadas o cómo evitar la deshumanización de la vida humana al limitar la objeción de conciencia a discusiones en ocasiones aberrantes sobre los márgenes del derecho humano y de los marcos legales alcanzados por acuerdos políticos?

Por tanto, es claro que no toda objeción es válida; de hecho, el límite parece encontrase en donde el consenso moral es absoluto: como la injusticia de la esclavitud, la deshumanización del ser humano o la discriminación por cualquier condición de vida (etapa de desarrollo o crecimiento, cualidades genéticas y de fenotipo, condiciones económicas o culturales, etcétera). La objeción de conciencia debe estar siempre basada en convicciones que apelan a la dignidad humana fundamental y, por lo tanto, no es permisible el limitarlas por determinaciones legislativas, políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza contingente.

De hecho, según un estudio en clínicas y hospitales del Reino Unido, el personal sanitario que en razón de conciencia ha objetado en participar de la realización de abortos procurados e innecesarios expone razones sustentadas en evidencia; a menudo se forjan en la experiencia directa, en reflexiones morales profundas y en la lucha por conciliar el deber profesional con la conciencia personal. Sin embargo, quienes buscan limitar el derecho a la objeción de conciencia de ese personal buscan deslegitimarlos por condición religiosa.

La objeción de conciencia no es un cheque en blanco que pueda utilizarse para la discriminación, el descarte del ser humano o su invisibilización, sino un paraguas de protección justamente para la integridad moral del individuo en medio de dilemas colectivos.

En lo político, la objeción de conciencia motiva a la persona a exculparse de participar de la implementación de políticas injustas incluso si estas fueran legales o legítimamente alcanzadas en consenso; de hecho, hay innumerables testimonios de funcionarios públicos que, siguiendo su conciencia, salvaron vidas o frustraron designios autoritarios. 

Por ello, proteger la objeción de conciencia es, en última instancia, reconocer que la humanidad no es un recurso o un algoritmo. Que detrás de cada ley, cada protocolo y cada uniforme, hay una persona con una brújula moral interna. Desoír o desconocer esa brújula de forma sistemática no nos hará más eficientes; sólo nos hará más pobres de espíritu. En un mundo que a menudo pide obediencia, el valor de una conciencia incómoda es, quizás, uno de los últimos bastiones de nuestra humanidad compartida.

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Columna Invitada

Pirotecnia: una tradición que exige conciencia, no indiferencia

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Cada diciembre en México se enciende algo más que pólvora: se enciende la conversación eterna entre tradición y seguridad. Nadie niega que los fuegos artificiales han acompañado nuestras celebraciones por siglos; forman parte de la memoria colectiva y de la estética festiva del país. Pero también es cierto que, detrás de ese brillo, siguen existiendo riesgos que ya no podemos minimizar.

No se trata de atacar a quienes aman la tradición ni de convertir en villano a quien recuerda su infancia con un “cuetito en la mano”. Esto no va de nostalgia. Va de responsabilidad. Va de preguntarnos, como adultos, como padres y como sociedad: ¿cuánto dolor ocasiona lo que seguimos normalizando?

Hermosillo es un ejemplo claro del reto. Durante muchos años, Protección Civil decomisaba alrededor de 200 kilos de pirotecnia clandestina cada temporada. Con la regulación más estricta y la prohibición de pirotecnia sonora, el año pasado se decomisaron solo 25 kilos. Un avance enorme, sí, pero también una señal de alerta: el problema no desapareció, solo se hizo más pequeño… y más disperso. 

Basta un artefacto para causar una tragedia

Y aquí es donde debemos ser honestos sin ofender a nadie:
¿Quién compra la pirotecnia? Los adultos.
¿Quién pone el dinero? Los padres.
¿Quién la manipula la mayoría de las veces? Los hijos.

La ecuación está desequilibrada desde el origen.
No es un tema de prohibición; es un tema de decisión familiar.

Durante años me tocó ver de cerca lo que muchos prefieren no imaginar: niños con quemaduras en las manos, en la cara, en los ojos; adolescentes que pierden movilidad o audición; casas enteras consumidas por un globo de Cantoya que cayó donde no debía. 

La estadística nacional coincide:

  • El 60% de los lesionados por pirotecnia son menores entre 5 y 14 años.
  • Las zonas más afectadas son manos (30%), ojos (28%) y rostro (15%).

Ante esos datos, cualquier argumento romántico se queda corto.

La tradición es valiosa, pero ninguna tradición debería sostenerse sobre el sufrimiento de los más pequeños. No es coherente que como sociedad hayamos avanzado en temas de equidad, salud mental, educación y seguridad vial, pero sigamos aceptando prácticas que lesionan a quienes más deberíamos proteger, porque curiosamente, la regulación avanzó porque algunas personas se preocuparon más por los perritos que por los niños o las personas autistas.

El riesgo de la pirotecnia no es una exageración. Tampoco es una persecución. Es una realidad que cada año se cobra vidas en todo el país: explosiones en talleres clandestinos, incendios en viviendas, abarrotes con venta ilegal, menores lesionados por artefactos defectuosos. Hablar de esto no es ser aguafiestas; es ser sensato.

Y aquí la reflexión indispensable:

¿De dónde sale el dinero para comprar pirotecnia?

Del bolsillo de los padres.
Por eso la decisión es profundamente familiar.

No importa si el niño insiste, si “todos los vecinos compraron”, si “es nomás tantito”.
Lo que para un menor es un juego, para un adulto debe ser un análisis de riesgo.

Celebrar, sí.
Poner en peligro a los hijos, jamás.

La regulación actual en Hermosillo demuestra algo importante: cuando la autoridad actúa, el riesgo disminuye. Pero el cierre definitivo del círculo depende de la familia. No de la policía, no del municipio, no de los inspectores, no de las campañas: de la decisión del adulto que entrega o no el billete.

El mayor acto de amor en diciembre no es comprar luces que explotan, sino garantizar que tus hijos regresen a casa sanos, completos y sin cicatrices.

La tradición puede continuar, pero la inconsciencia no.
Hoy Hermosillo está dando pasos. Falta que cada hogar dé los suyos.

Pasemos unas felices posadas y disfrutemos el Guadalupe – Reyes que ya se aproxima.


Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Felipe Monroy

Claridad, ante la complejidad

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El debate sobre el papel de los obispos de México ante los múltiples desafíos nacionales se ha intensificado en recientes días tras la divulgación de una “Carta abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano”, firmada por el grupo denominado ‘Teología Latinoamericana: Volviendo al Evangelio’. Esta misiva, publicada en la icónica e histórica revista eclesial Christus, no es una crítica marginal, sino un espejo de las profundas tensiones que recorren el catolicismo mexicano ante una realidad nacional marcada por la violencia, la polarización política y el vertiginoso cambio cultural.

Entre varios asuntos, el documento cuestiona si el liderazgo eclesiástico ha caído en un “discurso confrontativo y politizado” que se aleja de la misión profética de analizar la realidad no sólo con rigor sino en clave evangélica o que impide la promoción de una pastoral creativa de encuentro, desprovista de sesgos nostálgicos. Este cuestionamiento toca un nervio sensible de la actitud católica contemporánea pues algunos movimientos religiosos y políticos continúan fomentando doctrinas de pretendida ‘restauración’ histórica o de supuestos estados previos idealizados; mientras se desprecian o subestiman los nuevos contextos sociales y los cambios culturales irreversibles. Es decir: lo que ya ha cambiado debido al famoso ‘cambio de época’.

La carta, por ejemplo, aborda directamente el delicado manejo de la memoria histórica en el mensaje de noviembre pasado de los obispos. Señala que, al conmemorar el centenario de la Guerra Cristera, existe el riesgo de establecer una “equivalencia indebida” entre la persecución religiosa de los años 20 y el contexto actual, donde —según los firmantes— no existe persecución por creencias.

En efecto, el mensaje episcopal mencionado parece ser intencionalmente ambiguo respecto a la “causa sagrada” de “dar la vida” contra “el Estado totalitario… opresor… del dictador en turno” que sucedió durante la persecución religiosa del siglo pasado. Aunque hay que mencionar que dicho mensaje y su jiribilla retórica sin duda estuvo motivado por los recientes abusos discursivos y legislativos de no pocos liderazgos políticos (siempre amparados por el partido en el poder) que legitiman aquella rancia alergia a la libertad religiosa que, paradójicamente, institucionalizaron los fundadores del partido hegemónico del siglo pasado al que enfrentaron hasta arrancarle el poder.

La carta, sin embargo, sostiene que los argumentos episcopales podrían incurrir en “falacias” al apelar más a la emoción que al análisis objetivo. Y por ello, la pregunta crucial que subyace es si el episcopado está construyendo un relato emocional de confrontación con la autoridad civil electa y si, involuntariamente está procurando la exaltación de las identidades religiosas sacrificando el diálogo y la precisión fáctica.

Contra lo que el episcopado afirmó en su mensaje, la carta sí reconoce los avances sociales que las autoridades federales han divulgado en los últimos años y que los obispos consideran parte de una retórica propagandística falaz: la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y algunas políticas de nivelación a través de la justicia social. Y aunque, al igual que el episcopado nacional, los firmantes advierten una crisis profunda en seguridad ciudadana, la carta pide a los obispos que las críticas a la violencia sean claras y específicas, y eviten generalizaciones sobre “discursos” o “narrativas” cuyo origen no fueron capaces de identificar.

Este llamado al rigor tiene una dimensión pastoral profunda. La realidad mexicana, con casi el 70% de la población que aún percibe sus localidades como inseguras, exige un análisis que debe ir más allá de la mera confrontación política. Por lo cual, la denuncia concreta de las “estructuras del pecado” que someten a la población al miedo y a la incertidumbre, a juicio de los firmantes, deben hacerse con nombre y apellido, y no sólo sembrar con guiños sutiles los destinatarios de una crítica velada. 

Sin duda, lo que revela esta singular y espontánea carta abierta para la comunidad católica mexicana es que hay una alta exigencia para los fieles ante la compleja realidad nacional. Urge abordar con profundidad analítica y sin simplificaciones las causas estructurales del dolor nacional; se requiere expresar con valor profético la denuncia del mal dondequiera que se encuentre; es necesario sostener un diálogo auténtico con toda la sociedad, incluyendo a quienes piensan distinto; y se debe mostrar una actitud sinodal para escuchar, respetar y valorar la reflexión que surge desde desde las comunidades religiosas, los laicos, las comunidades de base y los marginados. En concreto, se necesita una Iglesia que, lejos de encerrarse en la queja, salga a encarnar la esperanza en las fronteras y periferias existenciales. 

*Director VCNoticias.com  @monroyfelipe 

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Columna Invitada

Un México que pierde su humanidad… y cómo recuperarla

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Por Alessandra García Villela

En medio de los avances tecnológicos, la hiperconexión y el ritmo acelerado con el que vivimos, pareciera que México –y el mundo– ha comenzado a perder algo esencial: su humanidad. Cada vez es más común ver cómo decisiones públicas, conversaciones sociales e incluso debates cotidianos olvidan un principio fundamental: la dignidad de la persona humana. Cuando ese valor se desplaza del centro, todo lo demás se distorsiona. Y entonces, cualquier cosa parece negociable.

La historia reciente nos lo demuestra. Cuando olvidamos la dignidad humana, dejamos de proteger a quienes más lo necesitan: a las mujeres que enfrentan violencia todos los días, a los niños que crecen sin oportunidades, a los adultos mayores sin acompañamiento, a quienes viven en pobreza extrema, a los enfermos sin acceso a atención digna, a los migrantes que arriesgan todo por sobrevivir y, también, a quienes aún no nacen. Lo mismo ocurre con el medio ambiente: cuando dejamos de reconocer que el ser humano tiene un valor intrínseco, se vuelve más fácil destruir aquello que sostiene su vida.

No es casualidad que los países con mayores niveles de desarrollo sean justamente aquellos donde la dignidad humana es la base de sus políticas públicas. México no será la excepción. Para aspirar a un país más justo, más seguro, más próspero y más unido, necesitamos regresar a ese principio elemental.

Duele profundamente ver un país dividido, enfrentado, roto en bandos que parecen imposibles de reconciliar. Duele porque cuando dejamos de reconocer la dignidad del otro, lo convertimos en enemigo, en alguien “cancelado”, en alguien que —según algunos— ya no tiene derecho a opinar, a cuestionar, a participar. Pero un México así no puede avanzar. La dignidad humana nos recuerda que cada persona, incluso quien piensa distinto, merece ser escuchada y respetada. México nos necesita unidos, no idénticos; unidos en reconocer el valor irrenunciable de cada uno. Solo así podremos construir un país donde la diferencia sume, no divida, y donde la esperanza tenga más fuerza que el miedo.

Desde la Red de Jóvenes Activadores en Actívate, una plataforma que impulsa la participación ciudadana para transformar nuestro entorno, el mensaje es claro: si queremos un México mejor, no basta con quejarse, hay que actuar. Y actuar desde convicciones firmes.

Los primeros pasos en el activismo a veces provocan miedo, pero debe prevalecer la determinación. Un país más humano solo es posible si reconocemos, defendemos y promovemos el valor de cada persona, sin excepciones. Esa certeza me llevó a alzar la voz, a comprometerme con causas sociales y a trabajar con jóvenes de todo el país que comparten el mismo anhelo: construir un México más digno.

Cuando la dignidad humana está en el centro, todo cambia. Luchamos por una educación de calidad, porque sabemos que transforma vidas. Impulsamos el emprendimiento y el empleo digno, porque reconocemos la capacidad creadora de las personas. Defendemos los derechos humanos, porque no hay progreso posible sin justicia. Protegemos a los niños y a los no nacidos, porque su valor no depende de circunstancias externas. Cuidamos del medio ambiente, porque entendemos que el bienestar humano está ligado al equilibrio ecológico. Y acompañamos a los más vulnerables, porque su dignidad es tan grande como la de cualquiera.

Esta visión no es teórica; es práctica y transformadora. En Actívate lo hemos comprobado. Un ejemplo es la campaña del Cangrejo Azul, un proyecto que logró movilizar a miles de ciudadanos para proteger una especie en peligro de extinción y su ecosistema. ¿Por qué funcionó? Porque lo hicimos con convicción, con creatividad y partiendo de un principio sencillo: si cuidamos la vida –toda vida–, cuidamos nuestro futuro.

Hoy México necesita recuperar esa mirada humanista. Necesita líderes, ciudadanos y autoridades que recuerden que cada decisión pública tiene rostro, historia y consecuencias reales en vidas concretas. Necesita jóvenes que no se cansen de participar, de cuestionar y de proponer.

La pregunta que nos queda es simple pero urgente: ¿qué pasaría si, como país, decidiéramos colocar nuevamente la dignidad humana en el centro de todo? Tal vez descubriríamos que las respuestas que buscamos –seguridad, justicia, desarrollo, unidad– comienzan justamente ahí.

Porque un México más humano no es un ideal lejano: es un proyecto posible, y empieza con cada uno de nosotros.

El objetivo es que cada mexicano se reconozca responsable del otro, que entendamos que nuestro país no se sostiene solo con instituciones, sino con personas que deciden involucrarse, acompañarse y construir juntas. Si asumimos que todos somos corresponsables de un mejor México —desde lo que hacemos en casa hasta lo que impulsamos en lo público— entonces podremos transformar realidades. Un país verdaderamente humano nace cuando cada uno de nosotros reconoce que su vida está ligada a la dignidad y la esperanza del que tiene a lado.

Alessandra García Villela
Coordinadora Jr. de la Red de jóvenes activadores

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Columna Invitada

¿Está lejos nuestra Paz?

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Tras las consecuencias de los asesinatos de alto impacto en Michoacán en las semanas pasadas, han ocurrido algunas secuelas que tienen que ver con esa situación. Como el desarrollo de grupos cívicos locales en esa y otras entidades, así como las manifestaciones de la generación Z que ocurrieron hace días en varios Estados.

Manifestaciones relativamente pequeñas, aunque significativas en impacto simbólico. El éxito de estas manifestaciones se puede medir por números. Sin embargo, la medida del éxito más importante es la preocupación que ha mostrado el gobierno federal frente a las mismas. No las ha ignorado: las ha tomado en cuenta y trata de desacreditarlas en declaraciones públicas. Estos eventos son un síntoma de un malestar más profundo: la desconexión entre la gobernanza y la participación social.

La solución al problema de la Paz difícilmente puede venir del gobierno, no importa su signo, sin que haya una participación decidida y relevante de la sociedad civil, sobre todo de la mayoría que somos los ciudadanos sin partido. Eso es lo más importante en este asunto. ¿Será que la ciudadanía no se está haciendo cargo de su papel político? Como estamos, no se logra el mandato democrático que obliga a los gobiernos a gobernar para todos. Tenemos que lograr romper con el ciclo de la polarización cada vez más creciente, buscar una reconciliación nacional entre todas las personas de buena voluntad, que se encuentran en todos los partidos políticos y en los ciudadanos sin partido. 

¿Qué debería estar haciendo la ciudadanía? Primero, saber qué está ocurriendo, estar informada. Una vez teniendo esto, interpretar, entender bien qué significan estas cosas y además reflexionar sobre las causas y las posibles soluciones que pudiera haber. Esta es una labor totalmente personal. Además, a través de grupos pequeños, se comunica, se comenta, se discute la situación. En algunos casos, esos grupos se pelean y generalmente se vuelven a reconciliar. Pero se expone la situación. Buscan que se comparta el conocimiento y la gama de soluciones que estas situaciones pudieran tener.

De diversas maneras: desde las comunicaciones personales, grupos pequeños de vecinos o de amigos y conocidos, a través de las redes sociales. Hasta las manifestaciones, para dar a conocer las inquietudes de los ciudadanos. Más allá de manifestar su oposición, dar a conocer cuál es su propuesta.  Y no importa si estas propuestas están listas y acabadas. En todo caso, se tendrían que someter a debate. De hecho, actualmente no se está debatiendo: se está insultando. Hay que exponer sus razones, convencer a través de un debate cuáles son sus méritos.

Proponer es el centro de toda solución al problema de la Paz. Es necesario que la solución no venga meramente del enojo, del ataque, de la manifestación. Se requiere una propuesta. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Le hace falta a la oposición. Le hace falta a la ciudadanía sin partido. Nos hace falta a todos. Tenemos que dejar de agredir a las personas, evitar rigurosamente el ataque personal. Enfrentar las situaciones. Entenderlas, debatirlas y proponer soluciones. Y esto está en nuestras manos. En manos de la ciudadanía.

Algunos, en los partidos políticos, están tan embebidos en conservar su cuota de poder, que no pueden ver más allá. Mientras la ciudadanía, ustedes y yo, no les mostremos nuestro descontento, difícilmente llegaremos a una solución de la Paz, que sea satisfactoria para la gran mayoría.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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