Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instó a la Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría General de la República (PGR), a dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno en las que instruye, por interés público, la apertura de información relacionada con la investigación del caso Odebrecht.
El INAI ya hizo su trabajo, ahora está en manos de la FGR entregar información sobre Odebrecht. En octubre de 2018, mediante la resolución RRA 4436/18, el Pleno ordenó a la entonces PGR dar a conocer versión pública de la averiguación previa del caso y las actuaciones de los agentes del Ministerio Público en la indagatoria.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, a través de la resolución RRA 6994/18, el Pleno instruyó a la PGR revelar los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados por el caso Odebrecht, así como el de aquellos que han sido citados a declarar.
En contra de la primera resolución del INAI se promovieron dos juicios de amparo que dejaron temporalmente sin efecto las instrucciones del Pleno, uno promovido por un particular, y otro, por el servidor público responsable de la investigación.
Sin embargo, en ambos casos, los juicios fueron resueltos a favor del INAI y se declararon “total y definitivamente concluidos”, por lo que, a la fecha, no existe obstáculo para acatar la resolución del Pleno.
Por lo que hace a la segunda resolución, el servidor público responsable de la investigación promovió un juicio de amparo, el cual se encuentra en la parte final del litigio, pues fue sobreseído en primera instancia y confirmado en sentencia por un Tribunal Colegiado; el Instituto está a la espera de que le sea notificada la sentencia.
Cabe destacar que, entre las medidas adoptadas por el Pleno para que la PGR acatara la resolución RRA 4436/18, en la que se le instruyó abrir la averiguación previa del caso Odebrecht, en noviembre de 2018, impuso una medida de apremio al servidor público responsable de la investigación y, posteriormente, presentó una denuncia en su contra ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Procuraduría.
El expediente de la denuncia interpuesta ante el OIC, con número 2018/PGR/DE147, fue atraído para su resolución por la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, a la fecha, se encuentra “en análisis”, de acuerdo con el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas.
El INAI considera que transparentar la información relacionada con el caso Odebrecht es un primer paso para constatar los avances de la investigación en uno de los casos de corrupción más graves en el país y a nivel internacional.
Cabe reconocer que, de los 17, casos sobre Odebrecht que ha resuelto el INAI, primero tuvo que reservar por ministerio de ley, porque al tratarse de una averiguación previa (ahora carpeta de investigación), por ley, es materia reservada. Sin embargo, a partir de las revelaciones del titular de la FEPADE, en octubre de 2017, sobre evidencias de dinero de Odebrecht en la campaña del después Presidente, Enrique Peña Nieto, se dio base a una interpretación jurídica del caso y se adoptó la histórica resolución de ordenar a la entonces PGR abrir en versión pública las actuaciones ministeriales de la investigación que se encontraba estancada y cerrada por el entonces encargado de despacho de la Procuraduría.
En estos momentos, en que se ha anunciado la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, urge que la FGR cumpla las resoluciones del INAI. En febrero pasado, cuando fue detenido el exfuncionario, también lo exigimos.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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