Ciudad de México.- Desde hace tiempo, algunas organizaciones trataron la violencia laboral como un conflicto menor. Hoy, ese enfoque cambia.

En México, decisiones judiciales y reformas en curso reconfiguran la responsabilidad empresarial. Recursos Humanos ocupa el centro de ese giro.

La violencia en el trabajo ya no se observa sólo como un problema interno. Las autoridades ponen en el terreno de los derechos humanos, la prevención y la sanción.

El mensaje es claro: omitir también genera responsabilidad.

Las autoridades mexicanas definen la violencia laboral como cualquier acción u omisión que implique abuso de poder. Esa conducta daña la integridad, salud, libertad o derechos de las personas trabajadoras.

Esta definición supera la agresión física evidente. Incluye hostigamiento, acoso, discriminación y prácticas que erosionan la dignidad. Muchas de ellas operan de forma cotidiana y silenciosa.

La Norma Oficial Mexicana NOM-035, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incorpora esta visión. La norma reconoce la violencia laboral como un factor de riesgo psicosocial que los centros de trabajo deben identificar y prevenir.

Entre las expresiones más frecuentes aparecen conductas reiteradas de acoso laboral. También surgen prácticas de violencia de género y discriminación estructural. Se suman los malos tratos y el abuso deliberado de poder.

Estas acciones no sólo afectan a una persona.

Además, dañan la cultura organizacional, el clima laboral y la confianza colectiva. El costo humano suele anticipar el costo legal.

El Estado mexicano avanza hacia un enfoque más estricto. Pasa de la corrección administrativa a esquemas sancionatorios y corresponsables. Incluso abre la puerta a responsabilidades penales para organizaciones y liderazgos.

Este tránsito se alinea con estándares internacionales, como los promovidos por la Organización Internacional del Trabajo. La violencia y el acoso se entienden como prácticas que deben erradicarse, no tolerarse.

En este escenario, Recursos Humanos deja de ser un área reactiva. Se convierte en un actor estratégico de prevención. Su actuación puede marcar la diferencia entre una organización responsable y una expuesta.

Las reformas aún evolucionan, pero la tendencia ya resulta clara. Las organizaciones necesitan actuar con anticipación y coherencia.

Entre las acciones inmediatas destacan protocolos internos robustos, con confidencialidad y protección contra represalias. También resulta clave capacitar de forma constante a todo el personal, especialmente a los liderazgos.

El diagnóstico periódico de riesgos psicosociales permite identificar patrones de violencia estructural. Integrar la prevención en la evaluación del desempeño directivo refuerza la coherencia institucional.

Canales de denuncia accesibles y seguros fortalecen la confianza. Las políticas de trabajo remoto deben cubrir también la violencia digital. La alineación con estándares internacionales eleva el marco ético.

El acompañamiento psicosocial profesional a personas afectadas demuestra compromiso real. La auditoría y transparencia de resultados consolidan la credibilidad interna.

Estas acciones reducen riesgos legales. Además, transforman la experiencia laboral en un activo para atraer y retener talento.

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Liderazgo corresponsable: el siguiente paso

De acuerdo con los expertos la nueva etapa exige coordinación real entre Recursos Humanos y el área jurídica. Ambas funciones operan como un sistema de alerta temprana.

Además, el área legal anticipa escenarios, traduce criterios judiciales y acompaña el diseño de protocolos. Recursos Humanos ejecuta, comunica y sostiene la cultura preventiva.

Así mismo, la violencia laboral deja de ser un tema incómodo. Se convierte en una oportunidad para construir entornos más justos, seguros y humanos. Ese cambio ya está en marcha.

ARH

Ciudad de México.- La asistencia voluntaria al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Coruña cayó 59 por ciento en cinco años, según datos oficiales. Detrás de la cifra aparecen desconfianza, denuncias y una discusión pública pendiente sobre dignidad y derechos.

El CAIS Coruña, también llamado Plaza del Estudiante, se ubica en la alcaldía Iztacalco y atiende a población en condición de calle. En 2020 registró mil 150 usuarios diarios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México (Sebien).

Además, en 2021 la cifra bajó a mil 100 personas. En 2022 descendió a mil 50. En 2023 la asistencia continuó a la baja con 980 usuarios diarios.

Para 2024, el registro marcó 850 asistentes. En 2025 la reducción fue mayor y llegó a 680 personas por día. La tendencia mostró una disminución constante, año con año.

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el albergue reportó hasta dos mil usuarios diarios ante organizaciones civiles. Desde entonces, la asistencia no volvió a esos niveles.

Activistas y organizaciones civiles alertaron que la baja asistencia reflejó una pérdida de confianza en estos espacios. Señalaron que muchas personas evitaron acudir por experiencias negativas compartidas entre la población callejera.

“Hay una percepción mala de estos lugares, por las experiencias que otros han vivido”, explicó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol.

La organización trabaja por los derechos de las poblaciones callejeras en la capital.

Hernández indicó que usuarios reportaron comida en mal estado, baños sucios y malos tratos por parte del personal. Estas versiones circularon desde hace años entre mujeres y hombres sin techo.

Entre 2021 y 2022, personas en condición de calle acudieron al Congreso de la Ciudad de México. Ahí denunciaron públicamente las condiciones en albergues como el CAIS Coruña, ubicado en Viaducto Piedad.

Sebien informó que también cayó el registro anual de usuarios frecuentes. En 2020 el padrón incluía dos mil 800 personas. Para 2025 cerró en mil 948 beneficiarios, una reducción cercana al 30 por ciento.

Además, El Caracol cuestionó la forma en que las autoridades presentaron las cifras oficiales sobre población en situación de calle. Hernández habló de una posible intención política en la medición del fenómeno.

“Desde 2020 nos presentan un censo de 954 personas y ahora dicen que hay mil 300”, afirmó. La organización sostuvo que sus propios conteos arrojaron números mayores.

Pese a la menor asistencia, las muertes dentro del CAIS continuaron. Sebien reportó, vía transparencia, 528 defunciones en los últimos cinco años dentro de las instalaciones.

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Asimismo, las causas incluyeron cardiopatías, anemia, deshidratación, covid, trombosis, diabetes, desnutrición y alcoholismo severo. Los datos oficiales no vincularon directamente las muertes con fallas operativas.

Además, el caso del CAIS Coruña colocó en la agenda pública la necesidad de revisar la calidad de los servicios. También abrió un debate sobre confianza, trato humano y políticas sociales sostenidas.

ARH

Ciudad de México.-  La capital inició con el 2026 una de las transformaciones ambientales más ambiciosas de los últimos años con el programa “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”. Pero a medida que la gestión de residuos se vuelve obligatoria para todos los hogares, es evidente que la buena voluntad de la ciudadanía no es suficiente si no viene acompañada de una estrategia de comunicación masiva y clara.

Especialistas señalan que, a pesar de las buenas intenciones, el éxito de esta iniciativa depende directamente de una campaña informativa que alcance a todos los sectores de la población.

“Para que la Ciudad de México avance en este tema es fundamental que se ejecute una campaña de difusión diseñada para que gente de todas las edades, sectores, niveles socioeconómicos, y niveles educativos conozca a detalle la ley y la clasificación de residuos”.

Así lo señala Arturo Aguilar Díaz, responsable de Asuntos Ambientales de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad Iberoamericana, donde llevan una década separando correctamente la basura.

El reto de entender la clasificación de basura en la CDMX

La complejidad de las normas actuales puede ser una barrera para el ciudadano común, considera el especialista, y señala que la reglamentación es detallada y extensa, lo que puede generar confusión al momento de decidir en qué contenedor depositar cada desecho.

En este caso es muy importante la educación preventiva, “si no tenemos suficiente información, por más buena intención que la ciudadanía tenga, es probable que se falle”.

Los chilangos necesitan más conciencia sobre el tema

El experto comparó la necesidad de difusión con la intensidad de las campañas políticas, sugiriendo que el beneficio para la calidad de vida debería tener la misma prioridad en la agenda pública. 

“Es mucha información, es cierto, pero, así como nos inundan de comerciales en época electoral, es necesario difundir los datos que ayudarán a alcanzar una mejor calidad de vida en la Ciudad”.

Es importante recordar que, aunque por ahora no existen multas económicas, la sanción operativa es inmediata: los trabajadores de limpia tienen la instrucción de no recoger las bolsas que no estén correctamente separadas. Esto coloca a las familias en una situación complicada pues sin educación pueden desecharlas en cualquier lado, algo que agrava los problemas de contaminación.

Guía rápida para la separación de residuos

Para evitar que el camión recolector rechace tus desechos, es vital tener presente la clasificación básica que rige en la capital:

• Verde (Orgánicos): Restos de comida, frutas, verduras y flores. (Recolección: Martes, jueves y sábado).
• Gris (Inorgánicos reciclables): Papel, cartón, vidrio, metales y plásticos limpios. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).
• Naranja (Inorgánicos no reciclables): Colillas de cigarro, pañales, toallas sanitarias, servilletas y papel higiénico usado. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).

Este programa no solo busca reducir la saturación de los rellenos sanitarios, sino fomentar un uso eficiente del agua y la energía, pilares de una ciudad que busca ser sostenible para las futuras generaciones. La clave, según el especialista, está en que el Gobierno logre transformar la norma en un hábito cotidiano a través del conocimiento.

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Ciudad de México.- El acceso temprano a un celular ya forma parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes en México. Frente a ese escenario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) impulsa una visión clara: acompañar, no prohibir, para proteger mejor.

Desde la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia federal emite recomendaciones para un uso responsable de dispositivos móviles.

El objetivo es reducir riesgos y fortalecer el bienestar integral de la niñez y adolescencia.

La SSPC advierte que internet expone a menores a violencia, discursos de odio, desinformación y material sexual inapropiado. Al mismo tiempo, reconoce el valor de la tecnología como herramienta educativa y de convivencia.

La SSPC presenta una serie de sugerencias dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras. El enfoque prioriza la corresponsabilidad, la protección integral y el acompañamiento activo.

La dependencia explica que el uso excesivo de pantallas se asocia con afectaciones emocionales, problemas de sueño y aislamiento social.

Por ello, propone medidas prácticas y cotidianas para equilibrar la vida digital y presencial.

Entre las recomendaciones centrales destaca el acompañamiento constante, sobre todo en edades tempranas. La SSPC subraya que la supervisión cercana reduce riesgos y fortalece la confianza familiar.

También sugiere establecer horarios claros para el uso de pantallas. El equilibrio entre estudio, descanso, juego físico y convivencia familiar resulta clave para un desarrollo saludable.

El mensaje institucional coloca a la familia como primer entorno de protección digital. La SSPC promueve el diálogo abierto sobre los riesgos en internet, sin recurrir al miedo ni a la censura.

Hablar con niñas, niños y adolescentes sobre lo que ven en línea fortalece su capacidad crítica.

La educación digital permite identificar contenidos falsos, mensajes dañinos o situaciones incómodas.

La SSPC impulsa el uso de controles parentales, filtros de contenido y ajustes de privacidad acordes con la edad. Estas herramientas funcionan mejor cuando se combinan con comunicación y confianza.

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Otro punto clave es la protección de la privacidad y la huella digital. Explicar de forma clara qué información no debe compartirse ayuda a prevenir fraudes, acoso y extorsiones.

La dependencia también invita a privilegiar contenidos educativos, culturales y recreativos. La tecnología, bien utilizada, amplía horizontes y fortalece habilidades para la vida actual.

Acompañar hoy para cuidar el mañana

La SSPC recuerda que la Unidad de Policía Cibernética ofrece orientación segura y confidencial para denuncias. La Ciberguía concentra los directorios estatales y facilita el acceso a apoyo especializado.

ARH