El próximo 11 de noviembre, los obispos católicos de México comenzarán una muy relevante Asamblea Plenaria en la que, además de tratar asuntos de largo aliento (el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033 y la Novena Continental Guadalupana hacia los 500 años de las Apariciones Marianas en el Tepeyac), están por renovar el Consejo de Presidencia del organismo colegial y, con él, definir el estilo de gobierno y representación de la Iglesia católica ante el Estado mexicano y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Luego de dos trienios bajo la presidencia del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, los obispos del país llegan al encuentro para ponderar los perfiles episcopales con los que deberán ofrecer y sostener un diálogo urgente y necesario tanto con las autoridades civiles como con las organizaciones sociales que se encuentran en tensiones máximas en una infinidad de temas diversos, aunque en el fondo sólo se trate de una misma clase de conflicto: el juego de la legitimidades que representan.

Este asunto es muy importante porque las figuras de autoridad que hoy están en disputa en el concierto nacional cuestionan la participación del resto de liderazgos sociales según sus adhesiones populares, cualidades jurídicas, capacidades técnicas o de recursos económicos; sin embargo, el papa Francisco ha recordado que, el papel de la Iglesia católica es recordar y promover “que todas las acciones se pongan bajo el ‘dominio político’ del corazón: que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tiene contra los males; que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio sintiendo y gustando las verdades más que queriendo dominarlas como suelen hacer algunas ciencias; que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce, y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón”.

Como se ve, el centro de las reflexiones episcopales sin duda estará la nueva encíclica del papa Francisco Dilexit nos, en particular el numeral anterior y el 88, el cual invita a los pastores a no agobiarse por dividirse entre su misión y las actividades externas recurrentes como “reformas estructurales vacías de Evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos o reflexiones secularizadas”. El Papa pide a los creyentes y en especial a los pastores a no caer en un “engañoso trascendentalismo desencarnado”.

Es decir, será imperante que la próxima directiva de la CEM concilie el sentido evangelizador y misionero en cada una de sus declaraciones y comunicados políticos; puesto que, incluso desde la precisión técnica en su interpretación jurídica o sociológica de la realidad del país, hasta ahora no suelen ofrecer sino su posición jerárquica como único argumento legitimador de su opinión. Francisco ya se los había insistido directamente a los obispos mexicanos y ahora lo universaliza en su encíclica: a la Iglesia no le compete dar soluciones técnicas a la sociedad, tampoco puede quedarse en meras reflexiones secularizadas; en el fondo, el Papa exhorta a los cristianos salir de ese ‘engranaje perverso’ porque “el mayor riesgo en esa misión es que se digan y se hagan muchas cosas pero no se logre provocar el feliz encuentro con ese amor de Cristo que abraza y que salva”.

Frente al contexto nacional, donde hay un hartazgo frente a la improvisación, la pérdida de equilibrios y el irrespeto a la ley, los obispos tienen oportunidad de no sucumbir ante la tentación de considerar al próximo Consejo de Presidencia como un instrumento de colisión o confrontación política sino de abrirse a una mayor colegialidad y participación transparente de las comunidades que integran los servicios de la CEM; que sus instancias de cohesión y vinculación vuelvan a ofrecer un servicio permanente, de tiempo completo; que integre sin ambages los talentos y trabajos que se hacen hacia adentro y hacia afuera del episcopado. Y para ello, será imprescindible elegir sin prisas esa nueva mesa del Consejo de Presidencia.

Recientemente, el presidente saliente de la CEM confesó que, aunque los estatutos internos le permiten proponer una terna de candidatos, no ponderará a ningún hermano obispo a tomar el testigo. Esta actitud de Cabrera quizá atempere los ánimos internos después de que, en algunas instancias episcopales, causaron molestia ciertos casos en que no se respetaron ni los estatutos ni las formas respecto a las ternas y las propuestas directivas.

Con todo, los obispos que suenan para presidir el colegio episcopal en los próximos tres años son: el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong (66 años), quien ha demostrado tener un buen control de su provincia y además tiene una importante experiencia de siete años junto al papa Francisco en la sección de Seminarios de la Congregación para el Clero (dos temas urgentes en el seno del catolicismo son las vocaciones y su formación sacerdotal); el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez (69 años), biblista con larga experiencia episcopal en Matamoros y Querétaro, y quien recién vivió un intenso mes en el Sínodo de la Sinodalidad, el proyecto más audaz del papa Francisco para revitalizar la actitud misionera y evangelizadora de la Iglesia.

Otros obispos que también reciben comentarios positivos en los círculos eclesiásticos son aquellos que ya participan en el actual Consejo de Presidencia: el recién promovido al importante arzobispado de León, Jaime Calderón (58), por su conocimiento del drama migratorio en el sureste mexicano; el hoy vicepresidente del organismo, Gustavo Rodríguez Vega (69), quien podría mantener el estilo dialogante y atemperado de Cabrera, además de que su experiencia en la pastoral de construcción de paz se torna indispensable en un momento como el que vive el país; y el tesorero, Jorge Alberto Cavazos (62), actual arzobispo de San Luis Potosí.

Entre las voces eclesiásticas también se ha hablado de optar por perfiles con todavía más experiencia y que puedan ofrecer vías de diálogo directo con articuladores del gobierno de Sheinbaum; sin embargo, también se estila que no se elija a un presidente de la CEM que cumpla la edad de retiro en el trienio porque, de lo contrario, se daría una señal de ‘presión’ al Papa para no disponer de su separación del cargo y el nombramiento de su sucesor. En las elecciones episcopales serán evidentemente relevantes los nombramientos del nuevo vicepresidente y del secretario general.

Por si fuera poca tarea, los obispos mexicanos están por renovar varias de las sedes arquidiocesanas. Los arzobispos de Guadalajara, México, Acapulco, Tlalnepantla, Morelia, Monterrey, Chihuahua, Puebla y Oaxaca han presentado o están por presentar su renuncia al Papa en el próximo trienio; aún no se concreta el nombramiento del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez; y antes de que termine el 2026, por alcanzar la edad de retiro canónica, los obispos de Xochimilco, Cancún-Chetumal, Mazatlán, Tepic, Zamora, Puerto Escondido, Querétaro, Texcoco, Valle de Chalco, La Paz, Tula, Coatzacoalcos, Zacatecas, Tlaxcala, San Cristóbal de las Casas, Irapuato, Lázaro Cárdenas y Tehuantepec, quizá puedan ya tener sus respectivos sucesores.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

Dentro de las primeras semanas del nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum, nos encontramos que la percepción de la paz no mejora. Han crecido los crímenes de alto impacto: asesinatos de alcaldes, intento de asesinato de una diputada federal, los hechos en Sinaloa, que aparentemente no tienen fin y carros bomba además del asesinato de un sacerdote.

Parecería que la paz se aleja, a pesar de anuncios de nuevos esfuerzos por lograrla. Es de esperarse, por otro lado, que cuando empieza una nueva administración, ciertos grupos de poder o que pretenden influir en el poder, tienen la idea de que “hay que tomarles la medida a los nuevos gobernantes”. Y para ello, desarrollan actos para probar la resolución de la presidenta, su fortaleza, qué tanto puede lograr, qué se puede esperar de esta nueva gobernante. Y no tendría nada de raro que esto se repita. La cuestión es: ¿cómo reaccionará esta nueva administración, ante estos embates?

¿Cómo podemos construir una paz aceptable para nuestra Sociedad? Por supuesto, esto requiere de varias cosas. Se ha anunciado un proceso estratégico para el desarrollo de la paz. Pero se ha centrado, sobre todo, en el aspecto de la seguridad, que no necesariamente es lo mismo. Aquí la pregunta sería: ¿a qué le estamos llamando paz?

Más allá de los discursos, de las definiciones, hemos tratado de medir la seguridad con la ausencia de homicidios dolosos, lo cual no es lo único a lograr, porque hay otros tipos de ataques a la seguridad de la población que no tienen que ver necesariamente con los homicidios. Por ejemplo: los asaltos, las violaciones, las extorsiones y otros ataques que tienen un alto impacto sobre la población. Por ahí tendríamos que partir. ¿Cuál es el concepto de paz? ¿Y de qué manera podemos asegurarnos de que efectivamente se está mejorando?

Habría que tener claridad en otro aspecto: diseñar objetivos estratégicos. Pero, desgraciadamente, en todos los campos, no solamente en el de lo político, sino también en el de las organizaciones, en el de lo empresarial o de lo económico, se confunde el concepto de objetivo estratégico.

Los objetivos estratégicos son aquellos que son sistémicos y de largo plazo. Al hablar de los objetivos para la paz, lo sistémico es lo que abarca todos los aspectos que conciernen a la Sociedad. Tendríamos que hablar, no de hechos aislados de paz, sino de un sistema de paz. Y que esto, además, sea sostenible a largo plazo.

No quiere decir esto que no pueda haber en el sistema otro tipo de objetivos. De hecho, además de los objetivos estratégicos, es importante que existan también objetivos tácticos. Es muy necesario tener buenos objetivos tácticos, porque lo estratégico se lleva a cabo a través de una variedad de tácticas. La diferencia es que, esos objetivos tácticos, suelen ser de corto plazo y no necesariamente sistémicos, sino parciales. Necesitamos resultados, buenos resultados de largo plazo. La suma de logros de corto plazo, va construyendo el largo plazo y, muy importantemente, genera impulso y entusiasmo para sostener el esfuerzo.

Pensando en este diseño de una paz, alcanzable y suficiente para que sea aceptable para la población, tenemos que pensar en tener indicadores precisos de que tanto nos estamos acercando a tener una paz como la que deseamos. ¿Qué tan cerca estamos de ella? ¿Qué tanto hemos avanzado? Esto no es nada simple. Es algo importante, algo que tiene que diseñarse con sumo cuidado.

Vamos a pensar en algunos de ellos y estoy seguro de que debería haber otros más. Hay que empezar por decir, como ya se comentó anteriormente, ¿a qué le llamamos paz? Porque la paz va más allá de la reducción de la criminalidad. Ya se ha comentado en estas páginas que a veces se puede tener reducción del crimen a cambio de una falta de libertad, de participación ciudadana. Tener sometida a una minoría a quien se le impide manifestarse, podría parecer cierta clase de paz. Pero no, la paz no es únicamente la ausencia de crimen. Algún clásico decía que la paz es la tranquilidad en el orden. Tranquilidad, ciertamente, pero dentro de un orden como el que la Sociedad requiere, lo que necesitamos para realizarnos como seres humanos.

Tal vez uno de los indicadores más importantes sería cuál es el nivel de confianza que se tiene en el Gobierno, en particular en el manejo de la seguridad y el combate al crimen. ¿Realmente podemos hablar de que, en este país, la población tiene confianza en que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que el crimen no crezca? ¿Verdaderamente, se avanza para que la paz esté cada día más cerca?

Otros indicadores parciales: podría medirse cuál es el número de crímenes o de ataques a la paz que ocurren y que producen una acción judicial. Hay quien dice que en México se denuncian menos de la décima parte de los crímenes cometidos, lo cual es muy dudoso. Por definición, si no hay denuncias, es muy difícil decir cuántos delitos ocurren. Pero supongamos que sea cierto. Es una cantidad extraordinariamente pequeña. Luego, de estas que verdaderamente se denuncian, ¿cuántas generan investigaciones que puedan ser llevadas ante un tribunal? Y de estas, ¿cuántas se convierten en una sentencia?

También se dice, y otra vez, es muy dudoso que, por cada diez denuncias, solamente una produce un dictamen, absolutorio o condenatorio. Algo bien importante, que deberíamos poder medir. Otro indicador significativo: ¿cuánto tiempo pasa desde que se da una denuncia hasta que exista una sentencia? No es raro que haya personas que están en la cárcel por un tiempo extraordinariamente largo, en espera de que reciban una absolución o condena. Esa rapidez de los procesos, lo que se llama una justicia pronta y expedita, es algo que se puede medir con bastante facilidad.

Por otro lado, ¿qué tan importante es la participación ciudadana en la construcción de la paz? No solamente que tantas denuncias se hacen sino, también, en qué se participa, qué mejoras propone la población. Realmente, deberíamos estar esperando que la ciudadanía haga su parte. Que recomiende soluciones creativas. Que las innovaciones no vengan únicamente de los partidos políticos, de la clase política, sino de la ciudadanía en pleno. Que todos sugieran ideas para mejorar nuestra situación.

¿Qué tanta libertad siente la ciudadanía para poder recomendar ideas en este aspecto? Parece que el ciudadano no se siente en la libertad de participar, sea por comodidad o por temor. ¿Comunicamos a nuestros gobernantes si estamos aceptando la paz que estamos recibiendo? ¿Estamos contentos con sus resultados?

Tendríamos que considerar de quienes deben venir las propuestas para esta construcción de la paz. No únicamente de los partidos, no solamente de la prensa, no nada más de los medios de comunicación sociales. Hay que lograr que diferentes grupos de la sociedad, sociedades intermedias e individuos, participen en este asunto. Algo, tan importante, que no podemos dejar únicamente al Gobierno y a sus funcionarios.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Agradecemos a la Dip. Rebeca Irene Silva Gallardo, Presidente De La Comisión De Presupuestos Y Asuntos Municipales Congreso del Estado, que nos hizo llegar y analizamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL y como Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo, INCIDE, A.C. y hoy ya Colegio de Profesionistas, agradecemos la invitación a los Foros de Consulta y apoyamos que la ley impulse mayores estándares de eficiencia en la gestión de asuntos públicos.

La propuesta de profesionalizar a los funcionarios municipales mediante una ley que promueva la capacitación, certificación y actualización continua es una estrategia para elevar la calidad de la administración pública. Este enfoque considera que los cambios sociales, económicos, tecnológicos y legales exigen una actualización continua, permitiendo a los servidores desarrollar habilidades más allá de lo técnico, incorporando componentes éticos, emocionales y competencias transversales.

Un punto clave es la certificación “por competencia laboral y/o profesional”, que asegura que los funcionarios no solo tengan conocimientos, sino que sepan aplicarlos en situaciones complejas y tomar decisiones éticas. Este tipo de certificación fomenta el aprendizaje constante y la adaptación en un contexto de cambio continuo.

Los colegios de profesionistas pueden ser aliados fundamentales en esta propuesta, participando como organismos de capacitación y certificación, y aportando una visión actualizada del mercado laboral, con estándares de calidad reconocidos.

La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, por su pluralidad y autonomía, es la entidad idónea para liderar esta iniciativa. Su intervención evita duplicidades y garantiza una gestión eficiente, sin requerir recursos adicionales ni reorganización institucional.

En conclusión, esta propuesta profesionaliza a los funcionarios y mejora la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía, con una implementación transparente y un compromiso hacia el desarrollo profesional continuo.

Y ya lo decía la diputada Rebeca Silva “todos los ciudadanos tienen derechos a ser propuestos a ocupar un cargo de función pública y los alcaldes su derecho a proponerlo, pero todo ciudadano tiene derecho a ser tratado con calidad, respeto, profesionalismo y capacidad que el cargo les exige” y yo agrego, “que los cargos públicos dejen de ser universidades de la vida”.

Propuestas Específicas de modificación al Decreto:

En cuanto al artículo 87 BIS:

“Para ocupar la titularidad de algún cargo dentro de la administración municipal, se deberán cumplir los requisitos del Artículo 132 de la Constitución Local con excepción de las fracciones segunda y sexta, más los siguientes:

I. No estar inhabilitada o inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública;

II. Contar con certificación por competencia laboral y/o profesional en la materia del cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento de validez oficial validado por la Secretaría de Educación y Cultura o CONOCER. Este requisito deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones;

III. Que la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales sea la receptora de las propuestas y observando los criterios definidos, determinen a los entes o instituciones que pueden certificar.

Vencido el plazo a que se refiere la fracción segunda, la o el Presidente Municipal informará a la propia Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales sobre el cumplimiento de dicha certificación laboral y/o profesional para que se le notifique, en su caso se tomen las medidas correspondientes respecto de aquellos servidores públicos que no hubiesen cumplido….¨”

Y, en el caso del artículo 87 TER: “Los puestos sujetos a las disposiciones señaladas en el artículo anterior se especifican conforme a lo siguiente:

a) Municipios con menos de diez mil habitantes, las titularidades de la Secretaría, la Tesorería y del Órgano de Control, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Evaluación Gubernamental

b) Municipios de entre diez mil y cien mil habitantes, lo requerido en el inciso anterior y se añade la Dirección de Obras Públicas y Coordinación Municipal de Protección Civil.

c) Municipios con más de cien mil habitantes, lo requerido en el inciso a) y b) de este artículo, y se añaden, las Direcciones de Desarrollo Económico, de Turismo, de Ecología, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de las Mujeres, de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria y de los organismos descentralizados de la administración paramunicipal.

Ah y recuerda 14 de noviembre nuestro XXV Aniversario

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión integral de riesgos, resiliencia empresarial, seguros y derechos humanos.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

A días de la elección presidencial en Estados Unidos, ha saltado a la opinión pública una información proveniente de las decisiones editoriales en uno de los titanes de la industria periodística norteamericana: El propietario de The Washington Post, Jeff Bezos, exigió al equipo editorial del diario de abstenerse de respaldar, a través de las páginas del medio, a cualquiera de los candidatos a la presidencia. En el pasado reciente, directivos y editores del periódico han mostrado cierta afinidad y apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris; y por ello, la nueva instrucción de neutralidad editorial fue interpretada como un velado y sutil apoyo a Donald Trump, candidato republicano; o, cuando menos, en una señal de bandera blanca.

Es un hecho que, en medio de contiendas políticas importantes, los medios de comunicación suelen tomar partido por algún liderazgo: en ocasiones por intereses comunes (es decir, por identidad ideológica) y en otras, por concesiones o acuerdos de mutuo usufructo (por mero pragmatismo económico o político). Pero, lo ocurrido en el Post obliga a reflexionar sobre este viejo dilema: ¿Cuál es el márgen de independencia editorial que tienen los trabajadores de un medio de comunicación? ¿Todo su trabajo debe estar condicionado a las voluntades y deseos de los dueños de los medios? ¿Cómo garantizar que los medios de información sean auténticos espacios de construcción narrada para una sociedad informada y no sólo un instrumento de deseos e intereses de sus propietarios o financiadores?

Esta reflexión en México tiene por lo menos dos dimensiones: el acceso a la información es un derecho social; y la libertad de prensa y expresión, son todavía derechos intrínsecos a la persona que el Estado está obligado a reconocer y no sólo beneficios ‘garantizados’ por el Estado. Esto tiene dos implicaciones en los trabajadores de los medios de comunicación en México: que ni el Estado ni el medio pueden limitar el derecho de las audiencias a recibir los mejores esfuerzos informativos de los periodistas; y que los derechos de los periodistas no están limitados por las voluntades del Estado ni de los dueños de los medios.

Dicho así, suena sencillo pero, como nos demuestra la historia, es más fácil enunciarlo que ponerlo en práctica. En principio es muy positiva la decisión de que el medio no tome particular orientación política pero ¿hasta dónde debe llegar la influencia del propietario en esta toma de decisión? Los profesionales de la información: directores, editores, columnistas, reporteros, ¿deberían tener una voz también en esa resolución puesto que una determinación de ese estilo podría afectar la gestión y la relación del medio con sus lectores o audiencias?

Nuevamente, parece una verdad de perogrullo que un medio de comunicación no tenga inclinaciones o favoritismos políticos (que intente la objetividad informativa) pero las largas dinámicas históricas en el medio podrían provocar colisiones por el cambio abrupto de políticas editoriales en la redacción. Obviamente, la primera consecuencia visible serían renuncias o inconformidades abiertas por parte de los periodistas; y ello, no sólo va en detrimento de la gestión del dueño del medio sino del medio en sí y del trabajo de sus colegas.

Ahora bien, también es prudente que la gestión y dirección de un medio de comunicación mantenga una moderada independencia de los intereses políticos de terceros; y eso se logra a través de un lenguaje directo pero no agresivo, de una dirección editorial contundente pero no pendenciera. Los conflictos públicos entre el poder político y los medios de comunicación son inevitables; sin embargo, la maledicencia agresiva contra los distantes o la zalamería irracional con los cercanos siempre serán un problema para mostrar profesionalismo y trascendencia de la misión informativa.

Finalmente, hay una cuestión importante respecto a la toma de decisión de un medio de comunicación respecto a su línea editorial: hay circunstancias en las que la neutralidad es imposible. Frente al crimen, la violencia, la guerra, la agresión, la discriminación, el odio, la corrupción y demás fenómenos indeseables y remediables en la sociedad, no puede permitirse una ambigüedad ética o moral. Las agresiones contra los inocentes, la discriminación de los disidentes y la corrupción social (el máximo egoísmo) no pueden ser relativizadas por los medios o los periodistas. Los valores democráticos como la participación, la equidad, la justicia y la libre asociación parten o requieren de libertad de conciencia, expresión y prensa. Si la prensa decide no apoyar dichos principios democráticos, en el fondo renuncia a su libertad y a su misión central, que no es congraciarse con ciertos grupos de poder, sino construir credibilidad en el servicio de informar a la sociedad.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe