Ciudad de México.— En el marco del Día Nacional de la Adopción, Newman Institute reconoce los avances de los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección para garantizar el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Asistencia Social públicos y privados del país. Asimismo, el Instituto ha emitido un exhorto destacando la necesidad apremiante de generar acciones concretas para garantizar este derecho fundamental de la niñez y la adolescencia mexicana, frente a la institucionalización.
“Tomando en consideración las cifras de niñas, niños y adolescentes institucionalizados, se exhorta a las autoridades de las entidades federativas a conocer y aplicar modelos de actuación que, en el menor tiempo posible, permitan resolver la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes y garanticen su acceso a un proceso de adopción ágil y expedito que les permita restituir de manera definitiva su derecho a vivir en familia”, apunta el informe.
El Instituto hace hincapié en que, en México es responsabilidad de las autoridades garantizar que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar reciban cuidados alternativos, incluida la adopción; siempre que esta medida sea acorde con su interés superior, ya que -contrario a lo que manifiestan medios de comunicación- no todas las niñas, niños y adolescentes requieren formar parte de un proceso de adopción para la restitución de su derecho a vivir en familia.
En su Informe de Adopción en México: Mediación y Desafíos, el Instituto compendia y pone en contexto las cifras de niñas, niños y adolescentes institucionalizados, así como de aquellos a quienes les fue restituido su derecho a vivir en familia, proporcionadas por los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección de 24 estados de la República, durante el periodo del 09 de abril del 2022 al 09 de abril de 2023.
En primer lugar, el informe de Newman Institute, presidido por Oscar Rivas, integra los datos de diversos Centros de Asistencia Social públicos y privados que operan en México y los evalúa en rubros como capacidad y ocupación de cada centro, así como en los ingresos y egresos de niñas, niños y adolescentes a la institución en dicho periodo. El análisis revela que en el país operan 401 centros de asistencia social privados (en 19 de 32 estados) donde, en el periodo analizado, se ha dado atención a más de 7 mil niñas, niños y adolescentes, alcanzando un 57.93% de su capacidad de acogimiento residencial. Por otra parte, se identificaron instituciones públicas de asistencia social que se encuentran en 23 de 32 estados de la República donde se atiende a 3 mil 985 niñas, niños y adolescentes, pero al 71.29% de la capacidad de las instalaciones.
A partir de esas cifras, el Instituto advierte que, si bien el esfuerzo de los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección ha traído consigo avances trascendentales para la restitución del derecho a vivir en familia de personas menores de edad institucionalizadas, una cantidad considerable continúa siendo colocada bajo acogimiento residencial, a pesar de que esta medida es de última instancia. En ese sentido, el informe hace hincapié en la necesidad de que se continúen los diagnósticos de vulneración de derechos y los planes de restitución, así como en los correctos procesos administrativos y judiciales para garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a un medio de cuidado alternativo compatible con su interés superior, como lo son la integración con la familia de origen o extensa, el acogimiento familiar o la adopción, en los casos en que así resulte necesario.
El Instituto destaca que en ese periodo de análisis más de 8 mil 600 niños, niñas y adolescentes fueron reintegrados con su familia de origen y extensa; y que, en ese lapso de tiempo, también se iniciaron mil 37 procedimientos administrativos de adopción ante las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de las cuales 753 familias recibieron opiniones favorables para que les fuera otorgado su certificado de idoneidad; es decir, que sí contaban con las herramientas para asumir la crianza positiva y el sano desarrollo de una persona menor de edad. Por el contrario, la autoridad no emitió opiniones favorables para otorgar a 174 familias su certificado de idoneidad para continuar con el proceso de adopción, lo cual puede deberse a que las familias no resultaron idóneas para asumir el cuidado de una niña, niño o adolescente por medio de la adopción.
Newman Institute destaca que la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes institucionalizados depende, en gran medida, del procesamiento de los juicios de pérdida de patria potestad y de diligencias de adopción por parte de las autoridades judiciales en los plazos establecidos por la legislación vigente, así como dentro del marco de los requisitos previstos por la misma.
Necesidades apremiantes
El Instituto revela que un número significativo de Sistemas DIF en entidades federativas carece de información sistematizada, lo que obstaculiza una comprensión precisa de la situación a nivel nacional. Por ello, plantea la urgencia de contar con registros o bases de datos actualizadas y efectivas para identificar con precisión la situación de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo su integración a una familia por medio de la adopción. Además, considera que se deben ofrecer medios de cuidado alternativos al acogimiento residencial, evitar la prolongación innecesaria de la separación de las niñas, niños y adolescentes de sus familias y, en particular se deben implementar procedimientos previstos por la ley en materia de niñez, con apoyo de lineamientos especializados, para asegurar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso de adopción.
Newman Institute exhorta a las autoridades a atender cuatro necesidades apremiantes para atender los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados:
●Mantener registros actualizados para una intervención efectiva; ● Priorizar medios de cuidado alternativos distintos al acogimiento residencial; ● Mejorar modelos de actuación en las Procuradurías de Protección para la resolución ágil de la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes que requieren de una adopción; y ● Proveer medios y mecanismos de capacitación y formación especializada en los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas.
“La restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes institucionalizados depende en gran medida del procesamiento adecuado de las diligencias de adopción por parte de las autoridades judiciales. Por ello, se subraya la importancia de que los Poderes Judiciales brinden capacitación y formación especializada de manera constante y permanente a su personal”, apunta el Instituto.
Ante esta urgente llamada, Newman Institute insta a las autoridades pertinentes a tomar medidas inmediatas para garantizar que cada niña, niño y adolescente en México tenga la oportunidad de crecer en un entorno familiar amoroso y seguro.
Asimismo, Newman alienta a las Procuradurías de Protección de las 32 entidades federativas a ser parte de este informe anual, aportando los datos que permitan documentar, a nivel nacional, sus avances con respecto a la situación de las niñas, niños y adolescentes que fueron privados de su medio familiar.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
Negocioshace 2 días
