México.- Al menos 16 senadores de la bancada del PAN presentaron un exhorto donde piden a la Suprema Corte reconsiderar el proyecto del ministro Juan Luis González que permitiría el amparo para eliminar sanciones al aborto en Veracruz.
González Alcántara propuso a la Primera Sala de la Corte confirmar el amparo de un juez en Xalapa donde se pide al Congreso de Veracruz una reforma para permitir eleminar las sanciones por aborto.
“La prohibición total de la interrupción del embarazo –vía tipificación penal– es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”, según el documento que piensan discutir el 29 de julio.
El punto de acuerdo será presentado este miércoles en la Comisión Permanente donde se pedirá que no sea votada dicha ley porque “es ilegal al ser violatorio del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII de la Constitución Federal, ya que no es voluntad del poder constituyente reformador de la Constitución que los gobernados reclamen omisiones legislativas a través del juicio de amparo”.
“De aceptarse el criterio de que el juicio de amparo se convierta en un mecanismo de control constitucional que repare la omisión legislativa de un congreso local se vería modificado el fundamento formal y material de las normas constitucionales y de la propia Ley de Amparo, lo cual además de romper con el principio de división de poderes, daría como resultado que el Poder Judicial de la Federación se atribuyera una superioridad formal de las leyes mediante la cual podría adicionar o reformar el contenido formal del marco jurídico que regula la Constitución Federal y la Ley de Amparo”.
Los legisladores del PAN aseguran que “es ilegal por ser violatorio del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 49 de la Constitución Federal, en virtud de que las consideraciones y fundamentos del ministro se apartan del principio constitucional de división de poderes. La Constitución Federal no le ha otorgado expresamente al Poder Judicial de la Federación la facultad de conocer y resolver omisiones legislativas atribuibles a un congreso local”.
Resaltan que “el criterio que se intenta establecer por medio de este proyecto de sentencia es sumamente problemático en el orden práctico porque México ha ratificado hasta la fecha 62 instrumentos de derechos humanos, que abarcan temáticas muy variadas”.
“Los derechos humanos, de acuerdo con la Constitución Federal, son interdependientes e indivisibles, es decir, no existe una jerarquía entre ellos, todos son igualmente importantes y urgentes, el trabajo legislativo de adecuación de nuestra legislación local y federal a estos instrumentos es inmensa e insoslayable”.
“Por lo tanto, con independencia del fondo del asunto en materia del proyecto, como legisladores vemos con gran preocupación el proyecto de sentencia, cuya aprobación representaría, en primer lugar, un acto ilegal, una flagrante violación a los mecanismos de control constitucional existentes en el orden jurídico mexicano, constituiría un gravísimo e inaceptable caso de intromisión del Poder Judicial de la Federación en las funciones del Poder Legislativo de una entidad federativa y con ello la ruptura del principio de división de poderes establecido en el máximo ordenamiento de nuestro país”.
Este exhorto fue firmado entre otros por Jesús San Román, Alejandra Noemí Reynoso, Marco Antonio Gama, Martha Cecilia Márquez, Josefina Vázquez Mota, Víctor Fuentes, Guadalupe Murguía y Mauricio Kuri, el coordinador del grupo.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
