En el fondo, no es necio el debate que se plantea respecto a la ‘categorización’ como terrorismo o delincuencia organizada de la explosión de un coche bomba frente a los cuarteles policiacos y militares en Coahuayana, Michoacán. El terrorismo, además de ser un acto atroz contra la integridad humana, siempre tiene un cariz propagandístico: desea comunicar un miedo específico en la población, en las autoridades o en los espectadores ajenos. Además, el problema hoy con el concepto es que ha tomado un significado más ingrato para la administración y el poder institucional retado por los ‘terroristas’.

La definición actualizada sobre la categoría del ‘terrorismo’ se la debemos en este siglo a los Estados Unidos quienes en su crisis interna mezclaron estos actos aparentemente inmotivados con propaganda del miedo, debilidad de las instituciones de seguridad, hipervigilancia y hasta la vendetta como principio de justicia. En principio, los actos terroristas se pueden dimensionar formalmente por el grado de afectación real en daños humanos, materiales o funcionales; pero lo que trasciende son las heridas narrativas y psicológicas que suelen ser mucho más profundas, de fronteras inasibles y que redefinen el espacio público y la vida cotidiana de la gente.

El terrorismo no es tanto un acto contra el poder o la autoridad como una declaración manifiesta de la vulnerabilidad de la lógica operativa y funcional de un Estado. Los actos terroristas pueden en apariencia estar inmotivados y ser inconsecuentes con las búsquedas objetivas políticas o prácticas de sus perpetradores; pero el trastocamiento de la vida social e institucional, de ahí donde han agredido, es quizá su principal éxito.

Paradójicamente, si en razón del pánico causado, los ciudadanos intercambian libertades por seguridad percibida; entonces es el Estado consolida su alcance y dominio de la vida social. Esto se traduce en una ‘naturalización del poder’, es decir, que los mecanismos de control se normalizan como necesarios o naturales en el espacio público o incluso en la vida privada de los ciudadanos oscureciendo su carácter político. En palabras duras podríamos decir que los actos terroristas no derrocan al poder, sino que terminan esclavizando a la ciudadanía bajo un poder que, en una paranoia de autopreservación, reestructura la vida social y las libertades de una ciudadanía apanicada, mientras se construyen plataformas políticas que legitiman el miedo persistente.

Lo que hay que preguntarse respecto a la categorización del coche bomba como acto terrorista no sólo implica el reconocimiento de la debilidad del Estado mexicano (y la anunciada amenaza de intervencionismo armado por una fuerza extranjera) sino en el proceso social en que se podría aceptar un poder cada vez más invisible. 

Es necesario preguntarse qué fronteras de libertad se deben ceder a las expansiones estatales con el fin de ‘combatir’ ya no al crimen (con estrategias legales y formales) sino al terrorismo (donde vale cualquier estratagema). También valdría cuestionar cómo esta violencia narrativa y simbólica del terrorismo (drones explosivos, coches bomba, masacres) hace aceptar nuevas jerarquías de poder como naturales en el espacio público (autodefensas, pax narca).

Porque el miedo consolida y expande el poder, en ocasiones de manera permanente y la sospecha del ‘mal uso’ de las ciertas libertades reproduce relaciones de dominación mediante prácticas cotidianas. Por ello, el gobierno, la oposición y los agentes externos interesados en el control de uno o varios aspectos de la vida interna del país buscarán hacer posible comunicar un miedo en particular a la ciudadanía a partir de los actos en Coahuayana; sólo habrá que distinguir el interés que les motiva.

Y es que, una de las estrategias más viejas del poder no se enfoca en mostrar a los gobernados la capacidad que se esperaría de los gobernantes para resolver los problemas, las necesidades o los conflictos, sino en demostrar que, sin su particular y generosa presencia en el trono, la sociedad se enfrentaría a un abismo total. Y, al mismo tiempo, una de las estrategias más viejas para luchar por el poder y arrancarlo de sus detentadores también se enfoca en acrecentar miedos imaginarios si se mantiene la ruta o la gestión de la autoridad en turno. Es decir, ambas estrategias se condensan en comunicar el miedo, ya sea a la ausencia de mando o a la continuidad del mismo.

El miedo es un dispositivo de poder; y no es raro que tanto autoridades como opositores utilicen las crisis reales o la percepción de problemáticas para ampliar su dominio y control. Es común que en el ascenso o la defenestración de grupos en el poder exista algún grado de temor colectivo a dramas reales o a ficciones construidas por propaganda. Los Estados y los actores poderosos movilizan el miedo para crear y mantener categorías de orden o control; y por ello, un “acto terrorista” podría redefinir dichas categorías, quizá con implicaciones aún más peligrosas que las que podríamos inicialmente suponer.

*Director VCNoticias.com   @monroyfelipe

La semana pasada se conmemoró el Día Internacional Contra la Violencia a la Mujer. Más allá de los individuos, tenemos un problema en nuestra cultura. La cual influye en todos los aspectos de la nación, incluso en las leyes, en las costumbres, en las prioridades, en el nivel de exigencia para los miembros de la Sociedad.  

Es difícil que yo, como varón, pueda tener una total comprensión de lo que significa vivir esta violencia contra una mujer. Tenemos también el problema de que lo que consideramos violencia son únicamente los casos más graves, sin considerar muchos otros modos de violentar, desde las bromas pesadas, violencia económica, acoso sexual o violaciones, llegando hasta crímenes atroces con tortura y asesinato. Es algo muy engranado en nuestra cultura, por desgracia.

La reacción de la Sociedad, incluyendo los hombres, por supuesto, pero también ciertos grupos de mujeres, es la de ignorarlas, en el mejor de los casos. En el peor, atacar a quien denuncia. Las ven como personas que estorban, que molestan a una Sociedad que se siente muy tranquila con lo que está ocurriendo. Quisieran víctimas silenciosas, usando la frase machista, tan manejada: “Calladita te ves más bonita”. Están aceptando el falso sentido de superioridad del varón, basado en la fuerza bruta, la capacidad de dañar al débil. Se sostiene el rol subordinado que se les asigna a ellas y los obstáculos legales para poder ejercer su papel cívico. Se ha vuelto una costumbre. 

Hay expertos que ven la raíz de esta violencia contra la mujer en la debilidad del hombre. Entre más débil es el hombre, más violento se vuelve para afirmarse, para poder sentir que, verdaderamente, en algo es poderoso. Porque, generalmente, en su mundo es alguien poco importante, con pocas capacidades. Eso funciona porque las culturas tienen un modo de mantenerse y de reproducirse, a través de muchos elementos: ceremonias, vestimentas, celebraciones, el sentido de lo fundamental. Así se sostiene la misma, y por eso es complicado, lento, difícil cambiar la cultura. Lo cual no quiere decir que debamos rendirnos.

De fondo, la solución más completa es el reconocimiento de que tenemos la misma dignidad. Debemos recibir el mismo respeto, independientemente de nuestro sexo. La mejor respuesta es la colaboración plena, más allá de las cuotas de género, aunque estas pueden ser consideradas útiles como un paso intermedio. Pero esa no es la solución completa. Hay que evitar radicalmente que esta causa tan importante, tan humana, se vuelva un botín político. Porque puede haber grupos y partidos que traten de lucrar con este justificado enojo de una gran cantidad de mujeres.

La solución está en la colaboración. Si no logramos encontrar una manera de que hombres y mujeres trabajemos por mejorar en este tema, el resultado será temporal.  No se trata de sustituir el patriarcado por un matriarcado; lo que importa es crecer en adultez. Tenemos que pasar del infantilismo, en los aspectos de relaciones entre los sexos, a la madurez. Entre más fuertes seamos, mejor nos podremos coordinar, colaborar, reconociendo y valorando nuestras diferencias.

Necesitamos una ciudadanía fuerte que adopte esta bandera, se la arrebate a la clase política y se dedique a desarrollar desde la raíz, desde la infancia, desde la escuela más básica, esta relación de madurez y de entendimiento entre unos y otros. Y no estar confiados en que las soluciones vendrán con el tiempo, en el muy largo plazo. Nos urge, lo necesitamos. Amigas, hay hombres que están de su lado. ¡Ánimo! Nuestra colaboración beneficiará a nuestra Sociedad.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Cada diciembre en México se enciende algo más que pólvora: se enciende la conversación eterna entre tradición y seguridad. Nadie niega que los fuegos artificiales han acompañado nuestras celebraciones por siglos; forman parte de la memoria colectiva y de la estética festiva del país. Pero también es cierto que, detrás de ese brillo, siguen existiendo riesgos que ya no podemos minimizar.

No se trata de atacar a quienes aman la tradición ni de convertir en villano a quien recuerda su infancia con un “cuetito en la mano”. Esto no va de nostalgia. Va de responsabilidad. Va de preguntarnos, como adultos, como padres y como sociedad: ¿cuánto dolor ocasiona lo que seguimos normalizando?

Hermosillo es un ejemplo claro del reto. Durante muchos años, Protección Civil decomisaba alrededor de 200 kilos de pirotecnia clandestina cada temporada. Con la regulación más estricta y la prohibición de pirotecnia sonora, el año pasado se decomisaron solo 25 kilos. Un avance enorme, sí, pero también una señal de alerta: el problema no desapareció, solo se hizo más pequeño… y más disperso. 

Basta un artefacto para causar una tragedia

Y aquí es donde debemos ser honestos sin ofender a nadie:
¿Quién compra la pirotecnia? Los adultos.
¿Quién pone el dinero? Los padres.
¿Quién la manipula la mayoría de las veces? Los hijos.

La ecuación está desequilibrada desde el origen.
No es un tema de prohibición; es un tema de decisión familiar.

Durante años me tocó ver de cerca lo que muchos prefieren no imaginar: niños con quemaduras en las manos, en la cara, en los ojos; adolescentes que pierden movilidad o audición; casas enteras consumidas por un globo de Cantoya que cayó donde no debía. 

La estadística nacional coincide:

• El 60% de los lesionados por pirotecnia son menores entre 5 y 14 años.
• Las zonas más afectadas son manos (30%), ojos (28%) y rostro (15%).

Ante esos datos, cualquier argumento romántico se queda corto.

La tradición es valiosa, pero ninguna tradición debería sostenerse sobre el sufrimiento de los más pequeños. No es coherente que como sociedad hayamos avanzado en temas de equidad, salud mental, educación y seguridad vial, pero sigamos aceptando prácticas que lesionan a quienes más deberíamos proteger, porque curiosamente, la regulación avanzó porque algunas personas se preocuparon más por los perritos que por los niños o las personas autistas.

El riesgo de la pirotecnia no es una exageración. Tampoco es una persecución. Es una realidad que cada año se cobra vidas en todo el país: explosiones en talleres clandestinos, incendios en viviendas, abarrotes con venta ilegal, menores lesionados por artefactos defectuosos. Hablar de esto no es ser aguafiestas; es ser sensato.

Y aquí la reflexión indispensable:

¿De dónde sale el dinero para comprar pirotecnia?

Del bolsillo de los padres.
Por eso la decisión es profundamente familiar.

No importa si el niño insiste, si “todos los vecinos compraron”, si “es nomás tantito”.
Lo que para un menor es un juego, para un adulto debe ser un análisis de riesgo.

Celebrar, sí.
Poner en peligro a los hijos, jamás.

La regulación actual en Hermosillo demuestra algo importante: cuando la autoridad actúa, el riesgo disminuye. Pero el cierre definitivo del círculo depende de la familia. No de la policía, no del municipio, no de los inspectores, no de las campañas: de la decisión del adulto que entrega o no el billete.

El mayor acto de amor en diciembre no es comprar luces que explotan, sino garantizar que tus hijos regresen a casa sanos, completos y sin cicatrices.

La tradición puede continuar, pero la inconsciencia no.
Hoy Hermosillo está dando pasos. Falta que cada hogar dé los suyos.

Pasemos unas felices posadas y disfrutemos el Guadalupe – Reyes que ya se aproxima.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

El debate sobre el papel de los obispos de México ante los múltiples desafíos nacionales se ha intensificado en recientes días tras la divulgación de una “Carta abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano”, firmada por el grupo denominado ‘Teología Latinoamericana: Volviendo al Evangelio’. Esta misiva, publicada en la icónica e histórica revista eclesial Christus, no es una crítica marginal, sino un espejo de las profundas tensiones que recorren el catolicismo mexicano ante una realidad nacional marcada por la violencia, la polarización política y el vertiginoso cambio cultural.

Entre varios asuntos, el documento cuestiona si el liderazgo eclesiástico ha caído en un “discurso confrontativo y politizado” que se aleja de la misión profética de analizar la realidad no sólo con rigor sino en clave evangélica o que impide la promoción de una pastoral creativa de encuentro, desprovista de sesgos nostálgicos. Este cuestionamiento toca un nervio sensible de la actitud católica contemporánea pues algunos movimientos religiosos y políticos continúan fomentando doctrinas de pretendida ‘restauración’ histórica o de supuestos estados previos idealizados; mientras se desprecian o subestiman los nuevos contextos sociales y los cambios culturales irreversibles. Es decir: lo que ya ha cambiado debido al famoso ‘cambio de época’.

La carta, por ejemplo, aborda directamente el delicado manejo de la memoria histórica en el mensaje de noviembre pasado de los obispos. Señala que, al conmemorar el centenario de la Guerra Cristera, existe el riesgo de establecer una “equivalencia indebida” entre la persecución religiosa de los años 20 y el contexto actual, donde —según los firmantes— no existe persecución por creencias.

En efecto, el mensaje episcopal mencionado parece ser intencionalmente ambiguo respecto a la “causa sagrada” de “dar la vida” contra “el Estado totalitario… opresor… del dictador en turno” que sucedió durante la persecución religiosa del siglo pasado. Aunque hay que mencionar que dicho mensaje y su jiribilla retórica sin duda estuvo motivado por los recientes abusos discursivos y legislativos de no pocos liderazgos políticos (siempre amparados por el partido en el poder) que legitiman aquella rancia alergia a la libertad religiosa que, paradójicamente, institucionalizaron los fundadores del partido hegemónico del siglo pasado al que enfrentaron hasta arrancarle el poder.

La carta, sin embargo, sostiene que los argumentos episcopales podrían incurrir en “falacias” al apelar más a la emoción que al análisis objetivo. Y por ello, la pregunta crucial que subyace es si el episcopado está construyendo un relato emocional de confrontación con la autoridad civil electa y si, involuntariamente está procurando la exaltación de las identidades religiosas sacrificando el diálogo y la precisión fáctica.

Contra lo que el episcopado afirmó en su mensaje, la carta sí reconoce los avances sociales que las autoridades federales han divulgado en los últimos años y que los obispos consideran parte de una retórica propagandística falaz: la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y algunas políticas de nivelación a través de la justicia social. Y aunque, al igual que el episcopado nacional, los firmantes advierten una crisis profunda en seguridad ciudadana, la carta pide a los obispos que las críticas a la violencia sean claras y específicas, y eviten generalizaciones sobre “discursos” o “narrativas” cuyo origen no fueron capaces de identificar.

Este llamado al rigor tiene una dimensión pastoral profunda. La realidad mexicana, con casi el 70% de la población que aún percibe sus localidades como inseguras, exige un análisis que debe ir más allá de la mera confrontación política. Por lo cual, la denuncia concreta de las “estructuras del pecado” que someten a la población al miedo y a la incertidumbre, a juicio de los firmantes, deben hacerse con nombre y apellido, y no sólo sembrar con guiños sutiles los destinatarios de una crítica velada. 

Sin duda, lo que revela esta singular y espontánea carta abierta para la comunidad católica mexicana es que hay una alta exigencia para los fieles ante la compleja realidad nacional. Urge abordar con profundidad analítica y sin simplificaciones las causas estructurales del dolor nacional; se requiere expresar con valor profético la denuncia del mal dondequiera que se encuentre; es necesario sostener un diálogo auténtico con toda la sociedad, incluyendo a quienes piensan distinto; y se debe mostrar una actitud sinodal para escuchar, respetar y valorar la reflexión que surge desde desde las comunidades religiosas, los laicos, las comunidades de base y los marginados. En concreto, se necesita una Iglesia que, lejos de encerrarse en la queja, salga a encarnar la esperanza en las fronteras y periferias existenciales. 

*Director VCNoticias.com  @monroyfelipe