Ciudad de México.- Red Familia denunció a través de un comunicado que un grupo de senadoras de Morena y Movimiento Ciudadano encabezadas por Malú Micher, Olga Sánchez Cordero y Patricia Mercado respectivamente, pretenden con trampas legislativas y en lo oscurito dictaminar en comisiones más de 70 artículos de 5 leyes federales que abrirían la puerta al aborto hasta los 9 meses.
Esta iniciativa de Ley promueve la muerte de millones de niñas y niños que hoy están en el vientre de su mamá, además de provocar graves afectaciones psicológicas a las mujeres que cometerían este acto.
Por ello, Red Familia insistió que esto no abona a las verdaderas necesidades de nuestro país como: mejorar el sistema de salud y eliminar la inseguridad.
“Nos queda muy claro que a estas legisladoras no les interesan las verdaderas necesidades de nuestro país, mucho menos de las mujeres, en tanto se dicen feministas”, afirmó el líder nacional de Red Familia Mario Romo.
Romo Gutiérrez, expresó que en lugar de ayudar a frenar tantos asesinatos en el país que, según diarios de circulación nacional, ya son más de 154 mil personas en lo que va de este sexenio además de mejorar las condiciones de salud, sólo el año pasado se duplicó la población carente de estos servicios de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022, de acuerdo con cifras del Coneval.
“Estas legisladoras envueltas en compromisos personales e ideológicos sólo ofrecen desde hace años políticas donde las Madres atentan en contra de la vida de sus hijas e hijos”, Afirmó el líder nacional de Red Familia.
Red Familia reiteró que es importante resaltar que esta iniciativa de ley, que pretenden discutir esta semana, agregaría el “aborto seguro” dentro de los servicios de salud, lo que se convertiría en un tema de salubridad general. Es decir, un servicio básico que estarán obligadas a prestar todas las instituciones públicas de salud y que será parte de la atención materno-infantil.
“Esta reforma tiene especial interés en que las adolescentes accedan al “aborto seguro” por lo que va de la mano con una reforma educativa y la eliminación de los derechos parentales”, se lee en el comunicado.
Este “megalodón legislativo” Propone reformar 5 leyes federales: Ley General de Salud (LGS), Ley General de Educación (LGE), Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y el Código Penal Federal (CPF).
También Red Familia aseveró que en total se pretenden reformar 73, adicionar y derogar 6 artículos.
Por si fuera poco, se anula en la práctica el derecho a la objeción de conciencia del personal médico.
En materia de salud sexual y reproductiva (aborto y anticoncepción) los adolescentes quedan fuera del cuidado y protección de sus padres.
“Se deberá proteger en todo momento la confidencialidad y privacidad de las personas usuarias de los servicios. En el caso de las personas adolescentes menores de edad, la información sólo será revelada con su consentimiento, o en las mismas situaciones en que se permite la excepción a laconfidencialidad para las personas adultas”. (LGS art. 60-bis)
“Hacemos un llamado a los legisladores sensatos para que esta iniciativa sea eliminada en su totalidad, no podemos permitir que se promueva la muerte en nuestro país, no podemos permitir que nos quiten el derecho de educar y conocer la salud integral de nuestros hijos, no podemos permitir que al personal médico se le impida ejercer su libertad de conciencia. Esta iniciativa de Ley es un MEGALODÓN que fomenta la muerte y se olvida en su totalidad de las verdaderas necesidades de nuestro país”. Puntualizó Mario Romo.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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