Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está trabajando en una propuesta destinada a mitigar los riesgos para la inversión privada que podrían surgir a raíz de la reforma judicial impulsada por el oficialismo en el Congreso.
La reforma propone la elección de jueces y ministros por voto popular, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad jurídica y el Estado de derecho en el país.
Con el objetivo de recoger diversas opiniones y propuestas, Coparmex ha comenzado una serie de foros en todo el territorio nacional.
Foto: Cuartoscuro.
En estos eventos, reconocidos expertos y abogados expresan sus puntos de vista sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta reforma es parte del último paquete de cambios constitucionales antes de la transición a la nueva administración el 1 de octubre.
José Medina Mora, presidente de Coparmex, destacó en el primer foro la importancia de proporcionar seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones.
“Tenemos un gran potencial de inversión fresca y necesitamos asegurar un entorno jurídico estable”, afirmó.
Medina Mora, quien lidera una entidad que agrupa a más de 36 mil empresarios responsables del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Por ello, expresó su preocupación por los efectos económicos de la reforma judicial.
Foto: Cuartoscuro.
Según él, varios proyectos de inversión autorizados y financiados están actualmente detenidos debido a la incertidumbre jurídica que ha generado la propuesta de reforma.
“Las empresas interesadas en invertir en México nos han informado que detendrán sus inversiones si se implementa la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.Esta es nuestra principal preocupación”, explicó Medina Mora.
Además, criticó que gran parte de la inversión extranjera directa en México consiste en reinversión de utilidades y no en nueva inversión. Medina Mora señaló que la situación podría empeorar debido al enorme potencial de inversión derivado del fenómeno del ‘nearshoring’.
El presidente de Coparmex subrayó que los cargos de jueces, magistrados y ministros no deberían ser sometidos a elección popular, ya que no representan áreas territoriales específicas, sino que su función es aplicar la ley.
También lamentó la posible eliminación de la carrera judicial en el PJF, la cual requiere concursos de conocimientos y experiencia para ascender a estos cargos.
En su opinión, este sistema debería ampliarse a nivel estatal y local en lugar de ser eliminado.
Elecciones Judiciales: Una propuesta inviable.
Juan Pablo Campos González, gerente de proyecto en la fundación alemana Konrad-Adenauer-Siftiung México, calificó de inviable la propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular.
Argumentó que esta medida atenta contra la independencia y autonomía de los jueces y supondría un esfuerzo organizativo monumental, dado que se tendrían que elegir 4,698 candidatos a jueces y magistrados federales y 39,978 locales.
Campos González también insistió en la necesidad de un proceso de preselección para garantizar la idoneidad, los conocimientos teóricos y la experiencia necesaria para estos cargos.
Propuso entrevistas públicas y la creación de un comité técnico de evaluación de los perfiles, así como la realización de exámenes.
Peligro de Concentración de Poder.
Javier Coello, abogado y exsubprocurador General de la República, advirtió que la reforma judicial promovida por López Obrador tiene como objetivo otorgar al oficialismo el control absoluto de los tres poderes del Estado.
“Quieren tener los tres poderes; en conclusión, un poder de Estado absoluto. Tienen el Ejecutivo, el Legislativo y ahora buscan controlar el Judicial”, afirmó.
Coello consideró que esta reforma representa una “auténtica venganza del Ejecutivo contra el Poder Judicial”.
Ciudad de México.— La Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su preocupación ante la posible aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial en México.
Esta reforma, dijo la Iglesia católica, impulsada por el Ejecutivo y recientemente aprobada por la Cámara de Diputados que está a punto de ser discutida en el Senado de la República, no aborda de manera integral el sistema judicial.
Los obispos recordaron que desde 2022 han promovido diálogos con diversos sectores de la sociedad. Estos encuentros culminaron en la Agenda Nacional por la Paz, la cual fue presentada a los aspirantes a la Presidencia en el pasado proceso electoral.
En dicha agenda, se subraya la urgente necesidad de una reconstrucción integral del sistema de justicia en el país. Este reclamo ha sido constante por parte de las víctimas de la violencia y la impunidad derivada de las limitaciones y corrupción en algunas instancias judiciales.
Sin embargo, los representantes de la Iglesia consideran que la reforma propuesta por el Ejecutivo no aborda de manera integral el sistema judicial, ni garantiza una mejora significativa en la impartición de justicia.
Además, advierten que dicha reforma podría vulnerar la autonomía del Poder Judicial y poner en riesgo la división de poderes establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante esta situación, la Iglesia hace un llamado a escuchar las opiniones de jueces, magistrados, ministros y otros integrantes del Poder Judicial.
También exhortan a que colegios de abogados, estudiantes y profesionistas continúen reflexionando sobre el tema, coincidiendo con organismos internacionales en que la elección de jueces y magistrados podría politizar la justicia en lugar de fortalecerla, y no ofrece garantías contra la corrupción e impunidad que tanto afecta al país.
Finalmente, los obispos instan al Senado a tomar el tiempo necesario para reflexionar y dialogar con todos los sectores de la sociedad, más allá de los intereses partidistas, para avanzar hacia una reforma judicial integral.
Esta debería incluir a las fiscalías, tribunales locales y el respeto a la carrera judicial, aspectos esenciales para garantizar una justicia más equitativa y eficiente en México.
Ciudad de México.— El senador Daniel Barreda, integrante de Movimiento Ciudadano (MC), anunció que votará en contra de la reforma judicial, marcando así su postura tras días de incertidumbre.
Barreda expresó su interés en una reforma, pero insistió en la necesidad de analizarla detenidamente antes de tomar una decisión.
“Soy el más interesado en que exista una reforma judicial. Sin embargo, hay que leerla, entenderla y no simplemente votar a favor o en contra por presiones de grupos”, afirmó. Tras su análisis, concluyó que su voto será en contra la reforma judicial.
El senador de Movimiento Ciudadano @DanielBarredaP reapareció para dar a conocer que votará en contra de la reforma al Poder Judicial; denunció persecución política por parte del gobierno de #Campeche y dijo que teme por su vida pic.twitter.com/AR8yNJLTgA
Por otro lado, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también confirmó que su bancada votará en bloque contra la reforma.
En conferencia de prensa, acompañado por senadores priistas, Moreno acusó al oficialismo de presionar y amenazar brutalmente a los legisladores de oposición.
Que se escuche fuerte y claro: las y los Senadores del PRI votarán EN CONTRA de la reforma al Poder Judicial.
No permitiremos que se concrete esta venganza contra un poder que ha cumplido con su deber de velar por el cumplimiento de la Constitución.… pic.twitter.com/KtMdwctPu7
“Ofrecieron millones de pesos para que algunos se ausenten o cambien de bando”, señaló el también senador. A pesar de estas presiones, aseguró que el PRI resistirá y defenderá las instituciones del país.
Moreno adelantó que la bancada priista combatirá la reforma por la vía legal, señalando que el proceso legislativo en la Cámara de Diputados estuvo plagado de irregularidades.
Además, comentó que el senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien se recupera de una intervención médica, también votará en contra de la reforma, ya sea personalmente o a través de su suplente.
Ciudad de México.— La minuta relativa a la Reforma Judicial aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados plantea que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.
Entre otros puntos, propone que la remuneración que perciban por sus servicios ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces y demás personal del Poder Judicial, no pueda ser mayor a la establecida para la persona titular de la presidencia de la República en el presupuesto correspondiente.
Sugiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se componga de nueve integrantes, ministras y ministros, que su presidencia se renueve cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Además, las ministras y ministros de la SCJN duren en su encargo 12 años, que sólo puedan ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política; además, precisa que ninguna persona que haya sido Ministro pueda ser electa para un nuevo periodo.
La reforma también establece que la administración del Poder Judicial de la Federación esté a cargo de un órgano de administración judicial, y que la disciplina de su personal esté a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
Incluye, además, una disposición para que en temas relacionados con la delincuencia organizada, el órgano de administración judicial disponga las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.
También propone que las leyes prevean las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los Tribunales Administrativos como las juezas y jueces de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente.
Ciudad de México.— El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, Mons. Carlos Enrique Samaniego López, fue invitado por el Arzobispo de Tlalnepantla, Mons. José Antonio Fernández, para predicar en la Fiesta de la Virgen de los Remedios.
Esta celebración honra a la patrona de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y a la primera imagen de la Virgen María que llegó a América.
La imagen de la Virgen de los Remedios fue traída por el soldado español Juan Rodríguez de Villafuerte durante el primer viaje de Hernán Cortés.
En la “Noche Triste”, el soldado la escondió junto a un maguey. Años después, fue descubierta por Juan Ce Cuahutli, quien la presentó ante las autoridades eclesiásticas.
A partir de ese momento, se erigió un templo en su honor, que con el tiempo se convirtió en Santuario y, más tarde, en Basílica Menor.
Este lugar es conocido como la Casa de la Virgen, donde la devoción a la Virgen de los Remedios sigue viva, pues se le considera protectora y remedio de quienes buscan su intercesión maternal.
Méxicohace 2 días
