México.— México registra unos altos índices de violencia contra la mujer, pero las “herramientas” para atacar este fenómeno existen, por lo que ahora es necesario “acelerar el paso” y buscar soluciones para que este problema no quede normalizado, afirma la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz.
“Existen las políticas, las instituciones, y es el momento de acelerar el paso y garantizar que se lleven a cabo con la eficacia que se requiere”, asegura a Efe con motivo del Día Internacional de la Mujer.
En México, una media de siete mujeres son asesinadas al día, y el 66,1 % de las mexicanas de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia de género a lo largo de su vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, en trece estados del país existen municipios en los que se ha decretado la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), una medida encaminada a redoblar esfuerzos en la lucha contra este problema.
Para Sanz, las cifras de violencia denotan que la implementación de las políticas puestas en marcha en el país -entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene más de diez años- “no están teniendo la eficacia que debiera”.
“Se debe a distintos factores. Uno de ellos es todavía la permisibilidad que hay ante la violencia; por eso hacemos un llamado a la prevención, romper con estos estereotipos que hacen que las propias instituciones, en ocasiones, reproduzcan esta forma de normalizar la violencia”, reflexiona.
Todavía queda la necesidad de “entender el fenómeno, cuantificarlo mucho mejor, (y ver) qué es lo que está pasando, dónde está pasando”.
En un país que guarda un alto nivel de impunidad, el sistema judicial guarda retos como mejorar el acceso de las mujeres, así como una aplicación más efectiva en los protocolos que indican cómo desarrollar las investigaciones sobre feminicidios.
Se requiere una “mayor armonización entre los tipos penales de feminicidio a nivel nacional y en las 32 entidades federativas”, asevera la representante de ONU Mujeres.
El delito de feminicidio está tipificado en el código penal federal de México, lo que es “un paso muy importante, porque son pocos los países que han ido avanzando” en este sentido. Además, todos los estados lo han tipificado en su legislación estatal (el último fue Chihuahua el pasado septiembre).
“Esto hace que en el momento en que ocurre una muerte violenta de una mujer, se tiene la obligación de investigar como feminicidio”, con un enfoque de género y siguiendo los protocolos establecidos a nivel regional y nacional, subraya.
Sanz recuerda que este aspecto ha sido reforzado por sentencias específicas como aquella con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrir la investigación del asesinato de Mariana Lima, cerrado tras la declaración de su marido de que se había suicidado.
La representante enfatiza que este tipo de violencia “no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad”, por lo que hay que involucrar a todos los sectores, incluyendo aquellos que no trabajan en estos temas de manera habitual, como el privado.
También menciona otras vías como “vincular más a los hombres y los niños para erradicar este problema” y cuestionar la forma en la que los medios de comunicación ofrecen información sobre la violencia machista.
En general, en México hay una “movilización social importante”, gracias a una sociedad civil activa que denuncia la problemática y genera visibilidad, pero todavía “tenemos que avanzar mucho más”, apunta.
La violencia contra la mujer “es posible erradicarla, no tenemos que aceptar que sea parte de nuestra sociedad”, defiende Sanz, quien concluye que el momento para acabar con esta lacra es “ahora”. Efe
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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