Ciudad de México.- Millones de alumnos y maestros regresaron a clases en México en medio de una clara y enérgica exigencia de la sociedad, organizaciones y partidos políticos, de garantizar el acceso a una educación de calidad, pues es un derecho humano consignado en la Constitución que se debe salvaguardar.
De acuerdo con el Abogado Constitucionalista, Dr. Fredy Erazo Juárez, el artículo 3° Constitucional establece el derecho a la educación laica y gratuita en todo el país, para todos sin ninguna distinción, y es por ello que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estableció diversos mecanismos, para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
El especialista consideró que es importante destacar que tanto la economía como los medios tecnológicos no son iguales para todos, por estos motivos de acuerdo con la situación económica y zonas donde se encuentren los alumnos, se emplean según sea el caso, tecnologías de la información y/o educación, ya sea por televisión, internet y una variedad de dispositivos, o bien los maestros buscan enseñarles a distancia, pero ningún estudiante se debe quedar sin el derecho a la educación.
Lo que es un hecho irrefutable legal y moralmente, subrayó el Dr. Erazo Juárez, es que se debe garantizar este derecho porque así lo establece nuestra Máxima Ley. Estamos en medio de una situación inédita por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que se vive en todo el mundo. Algunas disposiciones legales van a tener limitaciones o adecuaciones a la realidad, porque la creación de la ley va de acuerdo a la realidad histórica que viven las personas en ese momento, por estos motivos, algunas normas tendrán más impacto que en otras.
Es el caso de la Ley Federal del Trabajo por ejemplo, que al declarar el Presidente de la República, que estamos ante una emergencia sanitaria, diferente a una contingencia sanitaria, ya que los efectos legales y laborales son diferentes, por el COVID-19, a muchos trabajadores les redujeron el sueldo o perdieron su empleo, lo que afectó la economía de nuestro país.
Si bien ante esta situación extraordinaria se podría justificar interrumpir el ciclo escolar, no es el caso, porque no estamos en los supuestos que la Constitución determina para la suspensión de garantías o derechos humanos, ya que la educación es un derecho humano.
En este sentido, el Dr. Erazo Juárez dijo que regresar a clases a distancia, de forma no presencial, es sin duda un gran reto para alumnos, maestros y padres de familia, sin embargo, es una medida acertada con la que el Gobierno está garantizando este derecho, ya que la Secretaría de Educación Pública ha implementado diferentes mecanismos para que ningún estudiante se quede sin educación.
A pregunta expresa sobre las familias que no tienen televisión o dispositivos tecnológicos para dar continuidad a las clases de los alumnos, el jurista indicó que dentro de los mecanismos establecidos por la SEP se encuentra una planeación académica de acuerdo a cada caso y en este tipo de circunstancias específicas se les cita a los padres de familia de la comunidad para darles una guía de estudios y que los alumnos las realicen en casa, supervisados en determinados períodos de tiempo y con otras estrategias didácticas, por lo que legalmente no hay ninguna afectación ni violación.
Se debe tomar en cuenta que estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria para la que nadie estábamos reparados, las instituciones están respondiendo con creatividad buscando dar solución a los situaciones que se están presentando, con todo esto legalmente no habría motivo para llegar a la conclusión de que hay una intencionalidad de incumplir con la Constitución, explicó el Dr. Feedy Erazo Juárez.
Lo que deben hacer personal docente, alumnado, las familias mexicanas y todos en general, es adecuarnos a esta nueva realidad, donde toda la sociedad debe cooperar, siempre prevaleciendo el interés superior de la niñez y demás derechos que marca la Convención de los Derechos de los Niños, firmada y ratificada por nuestro país.
El Dr. Erazo Juárez señaló que mientras otros países decidieron regresar a clases presenciales y después tuvieron que cerrar nuevamente a causa de los rebrotes, otras naciones anunciaron la cancelación del ciclo escolar, de ahí que aún con todas las críticas de corte político sobre la estrategia del gobierno federal de usar la televisión para llegar a más niños y lugares, se puede asegurar que esta decisión ha sido acertada porque busca preservar los Derechos Humanos que en jerarquía son más importantes, el derecho a la vida y a la salud, sin dejar de lado la educación.
En este sentido, el Abogado Constitucionalista consideró que las medidas extraordinarias tomadas para que un total de 30.5 millones de alumnos de educación inicial, preescolar, básica y media superior, continuaran sus estudios y su formación, son correctas toda vez que van encaminadas a garantizar el derecho a la vida y a la salud como prioridad a través de la educación a distancia.
A pesar de las críticas de grupos de padres de familia y organizaciones ligadas a partidos políticos y grupos magisteriales, y ante cualquier situación, aseveró Erazo Juarez, se deben garantizar los principales derechos humanos.
Siempre habrá voces que pensarán distinto, esto es parte de vivir en un país democrático. En una democracia depositamos el poder en nuestros representantes y estos deben de vigilar y tomar decisiones de lo que sea mejor para el país y sus habitantes en el marco de la ley y de la justicia, principalmente velando por garantizar los derechos humanos y proteger a los grupos vulnerables, en estos casos nuestras autoridades tienen que actuar por el bien de las mayorías, afirmó el especialista en Derecho Constitucional egresado de la BUAP, Dr. Fredy Erazo Juárez.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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