Ciudad de México.- Millones de alumnos y maestros regresaron a clases en México en medio de una clara y enérgica exigencia de la sociedad, organizaciones y partidos políticos, de garantizar el acceso a una educación de calidad, pues es un derecho humano consignado en la Constitución que se debe salvaguardar.
De acuerdo con el Abogado Constitucionalista, Dr. Fredy Erazo Juárez, el artículo 3° Constitucional establece el derecho a la educación laica y gratuita en todo el país, para todos sin ninguna distinción, y es por ello que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estableció diversos mecanismos, para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
El especialista consideró que es importante destacar que tanto la economía como los medios tecnológicos no son iguales para todos, por estos motivos de acuerdo con la situación económica y zonas donde se encuentren los alumnos, se emplean según sea el caso, tecnologías de la información y/o educación, ya sea por televisión, internet y una variedad de dispositivos, o bien los maestros buscan enseñarles a distancia, pero ningún estudiante se debe quedar sin el derecho a la educación.
Lo que es un hecho irrefutable legal y moralmente, subrayó el Dr. Erazo Juárez, es que se debe garantizar este derecho porque así lo establece nuestra Máxima Ley. Estamos en medio de una situación inédita por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que se vive en todo el mundo. Algunas disposiciones legales van a tener limitaciones o adecuaciones a la realidad, porque la creación de la ley va de acuerdo a la realidad histórica que viven las personas en ese momento, por estos motivos, algunas normas tendrán más impacto que en otras.
Es el caso de la Ley Federal del Trabajo por ejemplo, que al declarar el Presidente de la República, que estamos ante una emergencia sanitaria, diferente a una contingencia sanitaria, ya que los efectos legales y laborales son diferentes, por el COVID-19, a muchos trabajadores les redujeron el sueldo o perdieron su empleo, lo que afectó la economía de nuestro país.
Si bien ante esta situación extraordinaria se podría justificar interrumpir el ciclo escolar, no es el caso, porque no estamos en los supuestos que la Constitución determina para la suspensión de garantías o derechos humanos, ya que la educación es un derecho humano.
En este sentido, el Dr. Erazo Juárez dijo que regresar a clases a distancia, de forma no presencial, es sin duda un gran reto para alumnos, maestros y padres de familia, sin embargo, es una medida acertada con la que el Gobierno está garantizando este derecho, ya que la Secretaría de Educación Pública ha implementado diferentes mecanismos para que ningún estudiante se quede sin educación.
A pregunta expresa sobre las familias que no tienen televisión o dispositivos tecnológicos para dar continuidad a las clases de los alumnos, el jurista indicó que dentro de los mecanismos establecidos por la SEP se encuentra una planeación académica de acuerdo a cada caso y en este tipo de circunstancias específicas se les cita a los padres de familia de la comunidad para darles una guía de estudios y que los alumnos las realicen en casa, supervisados en determinados períodos de tiempo y con otras estrategias didácticas, por lo que legalmente no hay ninguna afectación ni violación.
Se debe tomar en cuenta que estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria para la que nadie estábamos reparados, las instituciones están respondiendo con creatividad buscando dar solución a los situaciones que se están presentando, con todo esto legalmente no habría motivo para llegar a la conclusión de que hay una intencionalidad de incumplir con la Constitución, explicó el Dr. Feedy Erazo Juárez.
Lo que deben hacer personal docente, alumnado, las familias mexicanas y todos en general, es adecuarnos a esta nueva realidad, donde toda la sociedad debe cooperar, siempre prevaleciendo el interés superior de la niñez y demás derechos que marca la Convención de los Derechos de los Niños, firmada y ratificada por nuestro país.
El Dr. Erazo Juárez señaló que mientras otros países decidieron regresar a clases presenciales y después tuvieron que cerrar nuevamente a causa de los rebrotes, otras naciones anunciaron la cancelación del ciclo escolar, de ahí que aún con todas las críticas de corte político sobre la estrategia del gobierno federal de usar la televisión para llegar a más niños y lugares, se puede asegurar que esta decisión ha sido acertada porque busca preservar los Derechos Humanos que en jerarquía son más importantes, el derecho a la vida y a la salud, sin dejar de lado la educación.
En este sentido, el Abogado Constitucionalista consideró que las medidas extraordinarias tomadas para que un total de 30.5 millones de alumnos de educación inicial, preescolar, básica y media superior, continuaran sus estudios y su formación, son correctas toda vez que van encaminadas a garantizar el derecho a la vida y a la salud como prioridad a través de la educación a distancia.
A pesar de las críticas de grupos de padres de familia y organizaciones ligadas a partidos políticos y grupos magisteriales, y ante cualquier situación, aseveró Erazo Juarez, se deben garantizar los principales derechos humanos.
Siempre habrá voces que pensarán distinto, esto es parte de vivir en un país democrático. En una democracia depositamos el poder en nuestros representantes y estos deben de vigilar y tomar decisiones de lo que sea mejor para el país y sus habitantes en el marco de la ley y de la justicia, principalmente velando por garantizar los derechos humanos y proteger a los grupos vulnerables, en estos casos nuestras autoridades tienen que actuar por el bien de las mayorías, afirmó el especialista en Derecho Constitucional egresado de la BUAP, Dr. Fredy Erazo Juárez.
Ciudad de México.— La Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su preocupación ante la posible aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial en México.
Esta reforma, dijo la Iglesia católica, impulsada por el Ejecutivo y recientemente aprobada por la Cámara de Diputados que está a punto de ser discutida en el Senado de la República, no aborda de manera integral el sistema judicial.
Los obispos recordaron que desde 2022 han promovido diálogos con diversos sectores de la sociedad. Estos encuentros culminaron en la Agenda Nacional por la Paz, la cual fue presentada a los aspirantes a la Presidencia en el pasado proceso electoral.
En dicha agenda, se subraya la urgente necesidad de una reconstrucción integral del sistema de justicia en el país. Este reclamo ha sido constante por parte de las víctimas de la violencia y la impunidad derivada de las limitaciones y corrupción en algunas instancias judiciales.
Sin embargo, los representantes de la Iglesia consideran que la reforma propuesta por el Ejecutivo no aborda de manera integral el sistema judicial, ni garantiza una mejora significativa en la impartición de justicia.
Además, advierten que dicha reforma podría vulnerar la autonomía del Poder Judicial y poner en riesgo la división de poderes establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante esta situación, la Iglesia hace un llamado a escuchar las opiniones de jueces, magistrados, ministros y otros integrantes del Poder Judicial.
También exhortan a que colegios de abogados, estudiantes y profesionistas continúen reflexionando sobre el tema, coincidiendo con organismos internacionales en que la elección de jueces y magistrados podría politizar la justicia en lugar de fortalecerla, y no ofrece garantías contra la corrupción e impunidad que tanto afecta al país.
Finalmente, los obispos instan al Senado a tomar el tiempo necesario para reflexionar y dialogar con todos los sectores de la sociedad, más allá de los intereses partidistas, para avanzar hacia una reforma judicial integral.
Esta debería incluir a las fiscalías, tribunales locales y el respeto a la carrera judicial, aspectos esenciales para garantizar una justicia más equitativa y eficiente en México.
Ciudad de México.— El senador Daniel Barreda, integrante de Movimiento Ciudadano (MC), anunció que votará en contra de la reforma judicial, marcando así su postura tras días de incertidumbre.
Barreda expresó su interés en una reforma, pero insistió en la necesidad de analizarla detenidamente antes de tomar una decisión.
“Soy el más interesado en que exista una reforma judicial. Sin embargo, hay que leerla, entenderla y no simplemente votar a favor o en contra por presiones de grupos”, afirmó. Tras su análisis, concluyó que su voto será en contra la reforma judicial.
El senador de Movimiento Ciudadano @DanielBarredaP reapareció para dar a conocer que votará en contra de la reforma al Poder Judicial; denunció persecución política por parte del gobierno de #Campeche y dijo que teme por su vida pic.twitter.com/AR8yNJLTgA
Por otro lado, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también confirmó que su bancada votará en bloque contra la reforma.
En conferencia de prensa, acompañado por senadores priistas, Moreno acusó al oficialismo de presionar y amenazar brutalmente a los legisladores de oposición.
Que se escuche fuerte y claro: las y los Senadores del PRI votarán EN CONTRA de la reforma al Poder Judicial.
No permitiremos que se concrete esta venganza contra un poder que ha cumplido con su deber de velar por el cumplimiento de la Constitución.… pic.twitter.com/KtMdwctPu7
“Ofrecieron millones de pesos para que algunos se ausenten o cambien de bando”, señaló el también senador. A pesar de estas presiones, aseguró que el PRI resistirá y defenderá las instituciones del país.
Moreno adelantó que la bancada priista combatirá la reforma por la vía legal, señalando que el proceso legislativo en la Cámara de Diputados estuvo plagado de irregularidades.
Además, comentó que el senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien se recupera de una intervención médica, también votará en contra de la reforma, ya sea personalmente o a través de su suplente.
Ciudad de México.— La minuta relativa a la Reforma Judicial aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados plantea que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.
Entre otros puntos, propone que la remuneración que perciban por sus servicios ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces y demás personal del Poder Judicial, no pueda ser mayor a la establecida para la persona titular de la presidencia de la República en el presupuesto correspondiente.
Sugiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se componga de nueve integrantes, ministras y ministros, que su presidencia se renueve cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Además, las ministras y ministros de la SCJN duren en su encargo 12 años, que sólo puedan ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política; además, precisa que ninguna persona que haya sido Ministro pueda ser electa para un nuevo periodo.
La reforma también establece que la administración del Poder Judicial de la Federación esté a cargo de un órgano de administración judicial, y que la disciplina de su personal esté a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
Incluye, además, una disposición para que en temas relacionados con la delincuencia organizada, el órgano de administración judicial disponga las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.
También propone que las leyes prevean las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los Tribunales Administrativos como las juezas y jueces de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente.
Ciudad de México.— El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, Mons. Carlos Enrique Samaniego López, fue invitado por el Arzobispo de Tlalnepantla, Mons. José Antonio Fernández, para predicar en la Fiesta de la Virgen de los Remedios.
Esta celebración honra a la patrona de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y a la primera imagen de la Virgen María que llegó a América.
La imagen de la Virgen de los Remedios fue traída por el soldado español Juan Rodríguez de Villafuerte durante el primer viaje de Hernán Cortés.
En la “Noche Triste”, el soldado la escondió junto a un maguey. Años después, fue descubierta por Juan Ce Cuahutli, quien la presentó ante las autoridades eclesiásticas.
A partir de ese momento, se erigió un templo en su honor, que con el tiempo se convirtió en Santuario y, más tarde, en Basílica Menor.
Este lugar es conocido como la Casa de la Virgen, donde la devoción a la Virgen de los Remedios sigue viva, pues se le considera protectora y remedio de quienes buscan su intercesión maternal.
Méxicohace 2 días
