Ciudad de México.— El diputado del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México Juan Estuardo Rubio Gualito exhortó al Sistema de Transporte Colectivo Metro a fortalecer e implementar en sus estaciones en forma permanente acciones informativas enfocadas a la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, y a priorizar estas medidas en aquellas estaciones identificadas con alta incidencia de eventos relacionados.

Rubio Gualito dijo que el suicidio es un problema de salud pública que, de acuerdo con la OMS, cada año cobra la vida de 726 mil personas, cifra que refleja la problemática y la falta de atención integral a la salud mental y los profundos estigmas que le rodean.

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El legislador afirmó que la atención y cuidado de la salud mental deben cobrar mayor relevancia dentro de las políticas públicas ofertadas para la población, ya que sólo a través de la inversión en programas de prevención, educación y atención temprana, así como con la capacitación de profesionales de la salud, docentes, líderes comunitarios y de la sociedad en general, se podrán identificar señales de alerta y actuar de manera oportuna.

Detalló que de enero a abril de 2023, el STC Metro registró un incremento en incidentes de personas presuntamente arrolladas por el tren, con 13 casos reportados frente a los cinco ocurridos en el mismo periodo de 2022. Este aumento subraya la necesidad de reforzar medidas de seguridad, implementar campañas de prevención y atender factores subyacentes, como la salud mental y el comportamiento en las estaciones, para reducir estos eventos trágicos.

En ese sentido, reconoció que el STC Metro haya implementado el programa Salvemos Vidas, mismo que ha evitado 641 suicidios desde 2016, sin embargo, dijo, que se requiere intensificar la difusión de información sobre este tema y sensibilizar a la población respecto a la relevancia de buscar apoyo emocional.

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Ciudad de México, 27 de diciembre de 2024. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes un plan integral para proteger a las familias mexicanas frente a las políticas migratorias que implementará el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre las medidas destacadas está el regreso de la detención de familias migrantes, bajo la dirección de Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”.

“Todo el apoyo que tenemos que dar en caso de deportaciones a las familias mexicanas será legal y humano. Queremos que quienes regresen a México sean recibidos con una bienvenida digna y con los brazos abiertos”, declaró Sheinbaum.

 La mandataria reafirmó el compromiso de su administración con la protección de los mexicanos en Estados Unidos, respaldados por la red consular “más grande del mundo”, conformada por 53 consulados.

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Por su parte y en este mismo marco, el canciller Juan Ramón de la Fuente presentó un panorama detallado de las medidas que se implementarán para garantizar el bienestar de los mexicanos en Estados Unidos.

Entre las acciones clave destacan:

Defensa legal a través del programa PALE (Asesorías Legales Externas).

Un call center disponible las 24 horas, los 365 días del año, con atención especial para casos de detención o deportación.

Colaboración con autoridades estadounidenses para recibir información oportuna sobre procesos migratorios.

Asistencia a familias que opten por regresar al país, asegurando su reintegración.

Adicionalmente, se lanzará una aplicación desarrollada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que permitirá a los migrantes y sus familias monitorear detenciones en tiempo real. Su funcionamiento iniciará el próximo 6 de enero de 2025.

También en la conferencia se dio a conocer que de acuerdo con cifras oficiales presentadas por De la Fuente, en Estados Unidos viven 38.4 millones de mexicanos, de los cuales 11.5 millones son de primera generación, y 4.8 millones se encuentran en situación migratoria irregular.

Además, las remesas enviadas por esta comunidad representan el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense, un dato que Sheinbaum planea enfatizar al equipo de transición de Trump.

“Los mexicanos en Estados Unidos son parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra economía, tanto aquí como allá. Vamos a asegurar que nadie enfrente esta situación solo”, concluyó Sheinbaum.

ARH

Ciudad de México.— El Congreso de la Ciudad de México busca fortalecer el bienestar de los niños mediante acciones que garanticen su acceso a programas sociales y cuidado integral, principalmente en contextos de vulnerabilidad.

En este sentido, se pide impulsar jornadas permanentes de atención emocional dirigidas a los menores, principalmente dentro de las escuelas, y contribuir a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y, en su caso, canalizarlos a las instituciones correspondientes.

Al respecto, la diputada del PAN, Laura Alejandra Álvarez Soto, dijo que se busca que las infancias tengan un mejor futuro, pues su salud emocional debe ser atendida por todas las instituciones de la capital.

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Por su parte, la legisladora de Morena Adriana Espinosa de los Monteros García comentó que es vital que las escuelas sean espacios donde se promueva el diálogo sobre las emociones, enseñando a identificar y gestionar sentimientos de manera saludable para así proteger y garantizar el bienestar de este sector.

Asimismo, se aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar los artículos 6, fracción VI, y 13, fracción I, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de integrar el derecho a la vida, paz, supervivencia, desarrollo, salud emocional y sano desarrollo en el ordenamiento, fortaleciendo el cuidado integral de la niñez.

También el Congreso capitalino solicitó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) que analicen la viabilidad de incorporar a algún programa social implementado por el gobierno local, a los menores cuyas madres o cuidadores se encuentren en reclusión y carecen de una red familiar de apoyo.

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Ciudad de México.— A nivel mundial las tecnologías digitales se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana, en México el Senado de la República aprobó un dictamen que busca garantizar un acceso seguro y libre de violencia a internet en los menores de edad.

El dictamen propone reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas modificaciones establecen que el Estado implementará políticas para prevenir, atender y sancionar el ciberacoso, así como cualquier forma de violencia que afecte la intimidad, privacidad, seguridad y dignidad de este sector.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 2.9 millones de menores entre 12 y 17 años han enfrentado ciberacoso, lo que equivale al 22.6% de los usuarios de internet en este grupo etario. Ante esta realidad, los legisladores resaltaron la necesidad de un marco normativo que permita aplicar políticas públicas que garanticen un acceso seguro al entorno digital.

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Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales, señaló que, aunque la tecnología ofrece beneficios, también implica riesgos significativos como el ciberacoso y otras formas de violencia digital. La reforma responde a la urgencia de crear un entorno donde los derechos de niñas, niños y adolescentes cuenten con protección adecuada.

Laura Esquivel Torres, del PAN, indicó que las redes sociales se han convertido en un espacio donde la violencia encuentra cabida, lo que exige atención inmediata. Recordó que jóvenes han sido afectados por acoso extremo y mujeres expuestas sin consentimiento.

Por su parte, Paloma Sánchez Ramos, del PRI, mencionó que el acceso de menores a las redes sociales aumentó 30% en los últimos años, pero no existía un derecho que garantizara su protección en el entorno digital. Explicó que la reforma incluye la enseñanza en escuelas sobre los riesgos de la violencia digital, lo cual prepara a los menores para interactuar de manera segura en el ciberespacio.

Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la violencia en internet incluye conductas como el acoso sexual infantil, la exposición no consentida y el espionaje. Insistió en que el Estado debe garantizar que los menores accedan a las tecnologías sin riesgo para su integridad.

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